Una vez más, la promesa de justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa se ve empañada por la opacidad y el autoritarismo del gobierno. Los padres y madres de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se vieron obligados a cancelar un mitin que tenían programado en el Antimonumento +43, en Paseo de la Reforma, debido a un bloqueo orquestado en la caseta México-Cuernavaca, en Tlalpan.
Los autobuses que transportaban a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y de otras escuelas similares, quienes acudían para apoyar a los padres en su legítima protesta, fueron impedidos de continuar su camino. Este acto, que se repite con una frecuencia alarmante, evidencia la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para silenciar y deslegitimar cualquier manifestación que incomode a la administración.
La cancelación del mitin no es un hecho aislado, sino la culminación de una serie de acciones que buscan criminalizar la protesta social y diluir la exigencia de verdad y justicia. Los padres de los 43 han sido objeto de presiones, intimidaciones y, ahora, de bloqueos físicos que les impiden alzar la voz en la capital del país.
Este tipo de acciones son una clara señal de que la administración actual no está interesada en resolver el caso Ayotzinapa, sino en enterrarlo y, de paso, enviar un mensaje contundente a todos aquellos que se atrevan a cuestionar su narrativa oficial. La "verdad histórica" promovida por el gobierno anterior fue desmantelada, pero la "verdad de la impunidad" parece estar ganando terreno bajo la 4T.
Los padres de los 43 han sido un ejemplo de perseverancia y dignidad ante la adversidad. Han enfrentado la indiferencia, la burocracia y la hostilidad de diversos gobiernos, pero nunca han claudicado en su búsqueda de sus hijos. Ahora, se enfrentan a un gobierno que, en lugar de ofrecerles respuestas y garantías, les cierra el paso y les niega el derecho a la manifestación.
La comunidad de normales rurales, que ha sido históricamente un semillero de activismo social y político, se ha solidarizado con los padres de Ayotzinapa. Sin embargo, el gobierno parece decidido a aislar y reprimir a estos jóvenes, viéndolos como una amenaza a su proyecto de "transformación".
Es imperativo que la sociedad mexicana no permanezca indiferente ante estos atropellos. La lucha de los padres de Ayotzinapa es la lucha de todos aquellos que creen en la justicia, en los derechos humanos y en la democracia. Permitir que se criminalice su protesta es abrir la puerta a un autoritarismo cada vez mayor.
Las autoridades deben explicar de inmediato quién dio la orden de bloquear la caseta y por qué se está impidiendo el derecho a la libre manifestación. No se trata solo de un mitin cancelado, sino de un ataque directo a las libertades fundamentales y a la memoria de las víctimas.
La exigencia de los padres es clara: no quieren que se criminalice su protesta. Quieren verdad, justicia y que los responsables de la desaparición de sus hijos sean llevados ante la justicia. El gobierno de la 4T, en lugar de facilitarles el camino, se lo está obstruyendo, demostrando una vez más su falta de compromiso real con los derechos humanos.
Este incidente pone en entredicho las supuestas "avances" en la investigación del caso Ayotzinapa y subraya la persistencia de las prácticas autoritarias que se creían superadas. La "cuarta transformación" parece estar replicando, e incluso superando, los vicios de los regímenes anteriores.
La comunidad internacional, que ha seguido de cerca el caso Ayotzinapa, debe ser informada de estas nuevas violaciones a los derechos humanos. La presión internacional ha sido un factor importante en la búsqueda de justicia, y es fundamental que no se debilite.
Los padres de los 43 no son criminales, son víctimas que buscan justicia. El gobierno debe dejar de tratarlos como enemigos y empezar a actuar como un Estado de derecho que protege a sus ciudadanos y garantiza sus derechos.
La cancelación del mitin es una derrota para la justicia, pero no debe ser el final de la lucha. Los padres de Ayotzinapa, con el apoyo de la sociedad civil y las normales rurales, seguirán exigiendo respuestas hasta que se esclarezca la verdad y se haga justicia.
Este acto de represión es una mancha más en el historial de un gobierno que prometió un cambio radical, pero que en la práctica ha demostrado ser capaz de las mismas triquiñuelas y autoritarismo que tanto criticó.