En un nuevo capítulo de su cruzada contra las grandes corporaciones, la ministra Lenia Batres ha vuelto a chocar contra la mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta ocasión, el litigio involucraba a la poderosa empresa FEMSA y al Servicio de Administración Tributaria (SAT), un caso donde la compañía regiomontana contaba con una resolución previa favorable.
El asunto llegó al máximo tribunal por insistencia de Batres, quien, según reportes, buscó pasar por encima de la figura jurídica de la cosa juzgada. Esta maniobra no solo generó críticas dentro de la comunidad jurídica, sino que también encendió las alarmas entre inversionistas y expertos en economía, quienes vieron en esta acción un mensaje preocupante sobre la seguridad jurídica en México.
Sin embargo, la mayoría de sus colegas en el pleno de la Corte no compartieron su visión. Ocho de los nueve ministros presentes votaron en contra del recurso de revisión fiscal interpuesto por el SAT, considerándolo notablemente improcedente. La postura de la mayoría fue clara: no existía materia de impugnación válida y, además, las reformas legales recientes en materia de recursos fiscales no podían aplicarse de forma retroactiva, pues irían en contra de los gobernados.
La única voz disidente fue, predeciblemente, la de Lenia Batres. Su voto en contra subraya una postura que ha mantenido de manera consistente: su resistencia a favorecer a las empresas mexicanas en litigios fiscales, argumentando la necesidad de salvaguardar los recursos del erario público. Este caso de FEMSA, lejos de ser un hecho aislado, se suma a una serie de acciones donde la ministra ha buscado que la Corte conozca y resuelva disputas fiscales promovidas por el SAT, aun cuando los requisitos legales no se cumplan a cabalidad.
El Contexto de la Seguridad Jurídica
La insistencia de Lenia Batres en estos litigios fiscales, a pesar de las resoluciones mayoritarias en contra, plantea serias interrogantes sobre el rumbo que está tomando la impartición de justicia en México, especialmente en lo que respecta a la inversión y la confianza empresarial. La seguridad jurídica es un pilar fundamental para atraer y retener capital, y las acciones que parecen ignorar principios legales establecidos, como la cosa juzgada o la irretroactividad de la ley, envían señales de incertidumbre.
Analistas señalan que este tipo de posturas, si bien pueden tener la intención declarada de proteger las finanzas públicas, corren el riesgo de erosionar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. La percepción de un entorno legal impredecible puede disuadir la inversión, afectar la creación de empleos y, en última instancia, perjudicar el crecimiento económico del país.
Históricamente, la Suprema Corte ha sido vista como un contrapeso y garante de la legalidad. Sin embargo, las divisiones internas y las posturas radicales de algunos de sus miembros pueden generar dudas sobre su imparcialidad y su capacidad para mantener un equilibrio entre la protección del erario y el respeto a los derechos de los contribuyentes y las empresas.
Repercusiones Económicas y Políticas
La comunidad empresarial y los economistas han expresado su preocupación ante la postura de Batres. Argumentan que un sistema judicial que no respeta las resoluciones previas o que aplica leyes de manera retroactiva crea un ambiente de inestabilidad que dificulta la planificación a largo plazo para las compañías.
La decisión de la mayoría de la Corte, al desechar el recurso del SAT, reafirma la importancia de los principios legales establecidos. Sin embargo, la persistencia de Batres en impulsar estos litigios sugiere una batalla interna en el tribunal sobre cómo interpretar y aplicar las leyes fiscales en un contexto de creciente presión por aumentar la recaudación.
En el ámbito político, estas disputas dentro de la Suprema Corte pueden ser interpretadas de diversas maneras. Algunos ven en la postura de Batres un intento por alinearse con una agenda de mayor intervención estatal en la economía, mientras que otros la critican por poner en riesgo la estabilidad económica del país en aras de una visión particular de justicia fiscal.
La estrategia de la ministra de buscar la intervención de la Corte en casos donde las empresas ya cuentan con resoluciones favorables podría interpretarse como un intento por redefinir los límites de la autoridad fiscal y judicial en México. Sin embargo, la fuerte oposición de la mayoría de los ministros sugiere que esta visión no cuenta con un amplio respaldo dentro del propio tribunal.
El caso FEMSA, por lo tanto, no es solo una disputa fiscal, sino un reflejo de las tensiones existentes en la Suprema Corte sobre cómo equilibrar la recaudación fiscal con la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los contribuyentes. La postura de Lenia Batres, aunque minoritaria, sigue marcando un debate crucial para el futuro económico y legal de México.
Otros Frentes Políticos y Sociales
En otros ámbitos, la política mexicana sigue agitada. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa celebró en redes sociales el vigésimo aniversario de su victoria electoral, un evento que fue rápidamente respondido por la dirigente de Morena, Ariadna Montiel. Montiel acusó a Calderón de fraude electoral y de haber desatado una guerra irresponsable que sumió al país en su etapa más sangrienta.
La confrontación entre figuras políticas del pasado y del presente es una constante. La ausencia de una respuesta pública del líder panista Jorge Romero ante las declaraciones de Calderón, con quien se sabe mantiene diferencias, añade un matiz de intriga a las dinámicas internas de la oposición.
Por otro lado, la noticia del lamentable fallecimiento de Kenzo, un tigre de bengala blanco escapado de un refugio en el Estado de México, ha generado controversia. A pesar de los esfuerzos por sedarlo, el animal tuvo que ser sacrificado tras intentar atacar al personal de Profepa. La Asociación de Zoológicos y Criaderos de México ha señalado la inexperiencia del personal involucrado en el operativo.
Finalmente, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal general, Ernestina Godoy, se reunieron con madres buscadoras en Tabasco. En una mesa de trabajo en una de las zonas más violentas del país, las funcionarias federales ofrecieron paz, justicia y atención a las familias de las víctimas, en un esfuerzo por abordar la crisis de desapariciones.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su parte, ha destacado la diversificación de mercados como estrategia para reducir la dependencia comercial de Estados Unidos. La mandataria anunció próximas visitas de homólogos de Suiza y Corea del Sur, buscando atraer inversiones y fortalecer lazos comerciales con otras economías, ante la decisión estadounidense de no prorrogar el T-MEC por un plazo adicional de 16 años.