La Iglesia Católica en México ha lanzado una severa advertencia sobre la escalada de la violencia en el país, señalando que las cifras de homicidios, aunque alarmantes, no reflejan la totalidad de la crisis de seguridad que azota a la nación. El sacerdote Jorge Atilano, vocero de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), ha puesto el foco en el desplazamiento forzado, una manifestación de la violencia criminal que, según sus palabras, es una de las expresiones más graves y que evidencia las deficiencias en las estrategias de seguridad del gobierno actual.
La postura de la Iglesia, históricamente un actor social relevante en México, cobra especial fuerza ante la percepción generalizada de que la administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, se enfoca excesivamente en métricas como los homicidios dolosos para medir el éxito de sus políticas de seguridad. Esta visión reduccionista, según los críticos, deja en la sombra a otras formas de violencia que afectan profundamente a las comunidades, como las desapariciones, las extorsiones y, de manera crucial, el desplazamiento forzado.
El desplazamiento forzado, entendido como la salida de personas de sus hogares y comunidades debido a amenazas, violencia o temor fundado, representa una herida profunda en el tejido social. Las familias que se ven obligadas a abandonar sus tierras, sus negocios y sus redes de apoyo sufren no solo la pérdida material, sino también un trauma psicológico y social devastador. La Iglesia, a través de sus parroquias y organizaciones caritativas, es a menudo la primera en atender a estas poblaciones vulnerables, lo que le otorga una perspectiva de primera mano sobre la magnitud del problema.
Según las declaraciones del padre Atilano, la omisión de estas otras formas de violencia por parte de las autoridades es preocupante. "La violencia no se mide solo en homicidios", ha enfatizado, subrayando que el desplazamiento forzado es un indicador claro de que el crimen organizado y la inseguridad continúan avanzando, minando la paz y la estabilidad en diversas regiones del país. Esta crítica se alinea con las preocupaciones de organizaciones de derechos humanos y académicos que han documentado miles de casos de desplazamiento interno en los últimos años, muchos de ellos vinculados a la disputa territorial entre cárteles y a la inacción o complicidad de algunas autoridades.
La estrategia de "abrazos, no balazos" promovida por el presidente López Obrador ha sido objeto de constantes cuestionamientos por parte de la oposición y de sectores de la sociedad civil. Si bien el gobierno defiende que busca atender las causas profundas de la violencia, los resultados en términos de pacificación del país son, para muchos, insuficientes. La persistencia de altos índices de criminalidad, la presencia amenazante de grupos delictivos y ahora la advertencia sobre el desplazamiento forzado, pintan un panorama sombrío que contradice los discursos oficiales de mejora en la seguridad.
El desplazamiento forzado no es un fenómeno nuevo en México, pero su recrudecimiento en los últimos años, especialmente en estados como Michoacán, Guerrero, Zacatecas y algunas zonas del norte del país, ha generado alarma. Las comunidades indígenas y rurales suelen ser las más afectadas, al ser territorios codiciados por grupos criminales para actividades ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico o la tala clandestina. La falta de protección estatal efectiva deja a estas poblaciones a merced de la violencia y la intimidación.
La Iglesia, a través de su red de capellanías y centros de atención, ha documentado casos desgarradores de familias enteras que huyen con lo puesto, dejando atrás sus cosechas, sus hogares y, en muchos casos, a familiares que no pudieron o no quisieron abandonar. Estos "migrantes internos" a menudo enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos como salud, educación y empleo en los lugares a los que llegan, perpetuando un ciclo de vulnerabilidad.
La advertencia del padre Atilano no es un ataque político directo, sino un llamado a la conciencia y a la acción. Sin embargo, en el contexto político mexicano, cualquier crítica a la estrategia de seguridad del gobierno es interpretada por la oposición como una oportunidad para cuestionar la efectividad de la administración. El PAN y otros partidos opositores han utilizado consistentemente las cifras de violencia y los problemas de seguridad como uno de sus principales argumentos para desacreditar a Morena y a sus figuras clave, como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, o el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quienes aspiran a suceder a López Obrador.
La CEM ha mantenido una postura de diálogo con el gobierno, pero también de crítica constructiva. Sus pronunciamientos suelen ser cuidadosamente medidos, buscando no polarizar aún más el debate, pero sí señalar las fallas y omisiones. La mención explícita del desplazamiento forzado como un problema grave y subestimado es una señal de que la Iglesia considera que la situación ha llegado a un punto crítico que requiere atención urgente y un cambio de enfoque en las políticas públicas.
El gobierno, por su parte, suele responder a estas críticas defendiendo sus programas sociales y argumentando que la violencia es un fenómeno heredado de administraciones anteriores. Sin embargo, la persistencia de la inseguridad y la aparición de nuevas aristas del problema, como la que ahora señala la Iglesia, ponen en entredicho la efectividad de las estrategias implementadas. La falta de resultados tangibles en la pacificación del país, sumada a la percepción de que se minimizan ciertos aspectos de la crisis, alimenta el descontento ciudadano y fortalece los argumentos de la oposición.
El llamado de la Iglesia a considerar la violencia más allá de los homicidios es, en esencia, un llamado a una visión más integral y humana de la seguridad. Implica reconocer el sufrimiento de miles de personas que viven bajo amenaza constante, que han perdido sus hogares y que enfrentan un futuro incierto. Es también un recordatorio de que la paz social no se construye únicamente con estrategias de contención militar o policial, sino también con justicia, desarrollo y protección efectiva de los derechos humanos.
La pregunta que queda en el aire es si esta advertencia de la Iglesia será escuchada por los tomadores de decisiones. Históricamente, los pronunciamientos del Episcopado han tenido un peso moral considerable en México. Sin embargo, en un clima político cada vez más polarizado, es posible que las críticas sean desestimadas o interpretadas como ataques partidistas, en lugar de ser vistas como un llamado genuino a atender una crisis que afecta a millones de mexicanos. La respuesta del gobierno y la reacción de la sociedad civil ante este señalamiento serán cruciales para determinar si se produce un cambio de rumbo en la política de seguridad del país.
La situación exige una reflexión profunda sobre los indicadores que utilizamos para medir el éxito en la lucha contra la delincuencia. Si el desplazamiento forzado, la extorsión, las desapariciones y la violencia contra grupos vulnerables no son considerados en su justa dimensión, corremos el riesgo de seguir aplicando políticas ineficaces que perpetúan el sufrimiento y la inseguridad. La Iglesia ha puesto el dedo en la llaga, y ahora la pelota está en la cancha de las autoridades y de la sociedad en su conjunto para responder a este urgente llamado.