El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, ha enfatizado que las resoluciones emitidas por el renovado Poder Judicial de la Federación están generando un ambiente de certidumbre crucial para la inversión económica en el país.

En un informe que marca un año desde la implementación de la elección popular de los juzgadores, Aguilar Ortiz afirmó categóricamente la independencia y autonomía del Poder Judicial, asegurando que este no responde a intereses particulares ni se deja influenciar por coyunturas políticas.

"Debemos obediencia a la Constitución y nuestro compromiso es con el pueblo de México", declaró el ministro ante la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, así como los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, y la cúpula del Poder Judicial.

"Por eso, queremos decirlo con claridad a los sectores políticos, económicos y sociales de México: pueden contar con este nuevo Poder Judicial, un poder que resuelve con rigor y ofrece certidumbre, justo cuando el país se transforma", añadió, subrayando la importancia de la confianza para el desarrollo nacional.

Aguilar Ortiz destacó que la certidumbre es el motor que impulsa la inversión, la innovación y la consolidación de un Estado de derecho robusto, capaz de responder a las demandas de la época. La confianza, por su parte, se fortalece al garantizar que todos los ciudadanos tienen un lugar en la vida pública del país.

En un discurso pronunciado en el área de murales de la SCJN, ante numerosos invitados, el ministro realizó una crítica retrospectiva a la anterior conformación del Poder Judicial. La describió como una institución lenta, anquilosada, ensimismada y desconectada de la ciudadanía, alejada de los mecanismos de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia.

El ministro señaló que, en un ejercicio pleno de su soberanía, México decidió romper con la inercia que había convertido la justicia en un privilegio exclusivo de unos cuantos. Se optó por abandonar los métodos que hacían del Poder Judicial un espacio accesible solo para los sectores más acomodados, un reducto donde el derecho se convertía en un obstáculo para el progreso y desde donde, con un lenguaje elitista, se daba la espalda al pueblo.

El balance del primer año del Poder Judicial, según Aguilar Ortiz, refleja una nueva concepción de la función constitucional, marcada por un compromiso renovado con la autonomía, la imparcialidad y la defensa irrestricta de la Constitución.

"Hoy podemos afirmar que es independiente de los otros poderes, sin que esto implique ser distantes… que es autónomo y firme en la defensa de la Constitución, sin dejar de tender puentes de diálogo con todos los sectores", aseveró.

No obstante, reconoció que aún persisten resistencias al cambio y vestigios de prácticas pasadas en la impartición de justicia. Por ello, hizo un llamado a todo el personal del Poder Judicial a sumarse activamente a esta nueva visión y forma de entender la justicia.

En cuanto al desempeño operativo de la SCJN, el ministro detalló que la actual integración manejó un total de 15 mil 51 expedientes durante su primer año, incluyendo el rezago heredado de la administración anterior. De estos, se resolvieron 13 mil 231, desglosados en dos mil 640 por el pleno y 10 mil 591 mediante acuerdos.

"Esto significa que resolvimos 88% de todo lo ingresado", puntualizó, evidenciando una eficiencia notable en la gestión de casos.

Finalmente, Aguilar Ortiz sentenció el fin de las prácticas dilatorias y el uso de la SCJN para favorecer intereses personales. "Se acabaron las prácticas en donde se admitían los asuntos para guardarse en los cajones del escritorio, se acabaron las decisiones donde se usaba a la SCJN para retrasar los asuntos en favor de intereses personales. Los asuntos que hoy admitimos es porque tienen relevancia y trascendencia", concluyó, reafirmando el compromiso con una justicia ágil y pertinente.

En el contexto económico, la declaración del ministro Aguilar Ortiz resuena con fuerza. La certidumbre jurídica es un pilar fundamental para atraer y retener capital, tanto nacional como extranjero. Las decisiones de la Suprema Corte, al garantizar un marco legal predecible y equitativo, envían una señal positiva a los inversionistas que buscan estabilidad para sus operaciones y proyectos a largo plazo.

Históricamente, la percepción de riesgo en un país está intrínsecamente ligada a la solidez de su sistema judicial. Un Poder Judicial independiente y eficiente no solo protege los derechos de propiedad, sino que también fomenta un ambiente de competencia justa y previene la corrupción, factores esenciales para el crecimiento económico sostenible.

La crítica del ministro a la "antigua integración" del Poder Judicial, descrita como lenta y desconectada, subraya la necesidad de una reforma profunda que modernice las instituciones y las alinee con las expectativas de una sociedad en constante transformación. La transición hacia un sistema donde los juzgadores son electos popularmente, como se menciona, busca democratizar la justicia y hacerla más receptiva a las necesidades ciudadanas.

Las implicaciones de estas declaraciones para el sector productivo son significativas. Las empresas, desde las grandes corporaciones hasta las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), dependen de un sistema judicial que resuelva disputas de manera expedita y justa. La promesa de "rigor y certidumbre" por parte del nuevo Poder Judicial es un aliciente para la inversión y la expansión empresarial, elementos clave para la generación de empleo y el desarrollo económico del país.

Analistas del sector financiero suelen señalar que la confianza del inversionista se construye sobre la base de reglas claras y su aplicación consistente. La afirmación de Aguilar Ortiz de que "los asuntos que hoy admitimos es porque tienen relevancia y trascendencia" sugiere un enfoque más selectivo y eficiente en la admisión de casos, lo que podría traducirse en una menor carga de trabajo y una mayor celeridad en la resolución de los expedientes más importantes.

La mención de que "se acabaron las prácticas en donde se admitían los asuntos para guardarse en los cajones del escritorio" apunta a una voluntad de erradicar la burocracia innecesaria y la posible corrupción que pudo haber existido en el pasado. Este tipo de declaraciones son vitales para reconstruir la fe pública en las instituciones y para asegurar que el Estado de derecho sea una realidad palpable para todos los actores económicos.

En resumen, el mensaje del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz es un claro intento por posicionar al Poder Judicial como un pilar de estabilidad y confianza en un momento de transformación nacional. La conexión explícita entre la justicia y la certidumbre para la inversión económica busca fortalecer la imagen del país ante los ojos de los empresarios y consolidar un entorno propicio para el desarrollo y la prosperidad.

La efectividad de estas reformas y la percepción de certidumbre dependerán, en última instancia, de la consistencia y la imparcialidad con la que se apliquen las nuevas directrices. Sin embargo, las palabras del ministro envían una señal alentadora para el sector empresarial, que ve en un sistema judicial robusto un aliado indispensable para sus operaciones y crecimiento.