IMPUNIDAD CON FIRMA JUDICIAL
La justicia en México parece tener un rostro cada vez más cínico. Yeritza Bautista, una mujer que ha sobrevivido a dos brutales intentos de feminicidio, se encuentra hoy desprotegida y revictimizada por el propio sistema que debería salvaguardarla. Un tribunal de la Ciudad de México, en una decisión que clama al cielo, ha reclasificado el delito de tentativa de feminicidio de su expareja, Carlos Enrique Arellano, a un simple caso de violencia familiar, allanando el camino para su liberación.
Este giro legal, que ha dejado a Bautista en estado de shock y temor, pone de manifiesto las profundas grietas en el sistema de justicia mexicano, donde la protección de las víctimas parece ser una quimera y la impunidad, una norma. La lucha de Yeritza, que ha durado seis años, tres juicios y dos fallos condenatorios previos, se ve ahora amenazada por una resolución que, según ella, carece de fundamento y huele a corrupción.
LA ESCALADA DE LA VIOLENCIA Y LA RECLASIFICACIÓN DEL DELITO
Los hechos que llevaron a Arellano ante la justicia son de una brutalidad escalofriante. En 2020, el expareja de Bautista le fracturó la mandíbula, le arrancó cinco dientes y la estranguló. Estos actos, que constituyen una clara tentativa de feminicidio, fueron inicialmente reconocidos por la ley. Sin embargo, un tribunal colegiado, integrado por los magistrados Blanca García Sánchez, Erika Epifanía Reséndiz Ramírez y Rafael Inti Castillo Serrato, decidió dar un giro de 180 grados al caso.
Bautista ha sido clara al señalar que estos magistrados, lejos de aplicar la ley, la retorcieron. "Ellos en su resolución dicen: ‘Este tribunal no está facultado para una reclasificación de delito’(…) Sin embargo, lo hicieron y fue la única forma de poderle reducir la sentencia a Carlos", denunció la sobreviviente, evidenciando una posible confabulación para beneficiar al agresor.
La víctima ha calificado la resolución como una "cadena de evidentes y claras corrupciones, negligencias en muchos sentidos". La lógica jurídica dicta que, ante cualquier duda sobre la clasificación de un delito, el caso debe regresar a primera instancia para una revisión exhaustiva. Sin embargo, en este caso, los magistrados optaron por una vía expedita y, a todas luces, irregular, para modificar la sentencia.
LA RETIRADA DE PROTECCIÓN Y LAS AMENAZAS LATENTES
Pero la pesadilla de Yeritza Bautista no termina con la posible liberación de su agresor. Paralelamente, las medidas de protección que le habían sido otorgadas como víctima han sido retiradas. Esto la deja en una situación de vulnerabilidad extrema, especialmente considerando las amenazas que ha recibido desde 2020 y que se han intensificado tras la decisión judicial.
Mensajes como "Cuídate, cuida a tus hijos, si es que tienes, porque la hiena está suelta y está enojada" son solo una muestra del terror que la acecha. Bautista conoce el alcance de la familia de su agresor y el poder que este podría tener para ejercer represalias, un temor que ahora se ve magnificado por la inacción y, según ella, complicidad del sistema judicial.
La liberación de Arellano, ocurrida "a lo oscurito" la noche previa a la inauguración del Mundial de futbol, sugiere una maniobra para evitar el escrutinio público. "El Estado nos quiere ver cansadas, rendidas y calladas, pero eso jamás va a obtener de nosotras", afirmó Bautista con determinación, mostrando una resiliencia admirable ante la adversidad.
UN MENSAJE DE ALARMA PARA LAS MUJERES
La decisión del tribunal envía un mensaje devastador: la violencia que sufren las mujeres que sobreviven a intentos de feminicidio no es tan grave como parece. En un país donde, según cifras extraoficiales, alrededor de 10 mujeres son asesinadas al día y un 25% de estos crímenes se investigan como feminicidios, la reclasificación de un delito tan grave como la tentativa de feminicidio a violencia familiar es un retroceso alarmante.
La falta de cifras oficiales sobre tentativas de feminicidio agrava el problema, dejando a muchas víctimas en la invisibilidad y sin el apoyo adecuado. El caso de Yeritza Bautista no es un hecho aislado, sino un síntoma de una enfermedad sistémica que requiere atención urgente. La lucha por la justicia y la erradicación de la violencia de género en México está lejos de terminar, y casos como este demuestran la urgencia de reformar las instituciones y garantizar que las sobrevivientes sean protegidas y no castigadas por el propio sistema.
La determinación de Bautista de no claudicar es un faro de esperanza, pero también una llamada de atención para las autoridades. La justicia, cuando se administra con criterios cuestionables y posibles actos de corrupción, se convierte en una burla para las víctimas y un aliciente para los agresores. El país entero observa, esperando que la voz de Yeritza no sea silenciada y que, finalmente, se haga justicia.