Un juez federal ordenó prisión preventiva oficiosa contra cinco exfuncionarios municipales de Morelos señalados por delincuencia organizada y narcotráfico. La acusación: haber negociado con un operador del Cártel de Sinaloa el financiamiento de campañas políticas a cambio de protección e impunidad una vez en el poder.
Los detenidos son Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan; Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla; Horacio Zavaleta Malacara, exsecretario del Ayuntamiento de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, tesorero de Cuautla; y Pablo Portillo Galicia, empresario y oficial mayor de ese mismo municipio. Todos enfrentan cargos federales por presuntos vínculos con la organización criminal.
El juez Alejandro Domínguez Villapudua, desde Hermosillo, Sonora, validó las detenciones durante una audiencia por videoconferencia con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Los acusados fueron trasladados al Cefereso número 11 en Hermosillo, donde permanecerán hasta que el próximo jueves se defina si serán vinculados a proceso.
Según las investigaciones federales, los funcionarios se reunieron en 2024 con Júpiter Araujo Bernard, alias "El Barbas", líder regional del Cártel de Sinaloa. En ese encuentro habrían pactado dinero ilícito para sus campañas a cambio de entregar favores gubernamentales y garantizar operaciones criminales sin obstáculos.
Mientras tanto, Jesús Corona Damián, exalcalde de Cuautla, permanece prófugo desde el operativo del 20 de mayo. Las autoridades mantienen un despliegue interinstitucional para localizarlo, aunque hasta ahora ha logrado evadir la captura. Su caso forma parte de la misma carpeta de investigación sobre infiltración del crimen organizado en gobiernos locales.
El escándalo alcanzó dimensión política cuando el senador morelense Víctor Mercado Salgado admitió públicamente su cercanía con tres de los detenidos en Cuautla. El legislador reconoció haber recibido apoyo de estos exfuncionarios durante su campaña al Senado, lo que abre interrogantes sobre la profundidad de la red de complicidades.
La Operación Enjambre expone cómo el narcotráfico ha penetrado estructuras de gobierno en Morelos, comprando lealtades y convirtiendo ayuntamientos en franquicias criminales. La pregunta que queda es cuántos funcionarios más están en la nómina del crimen organizado y cuánto tiempo más seguirán operando con impunidad.