Japón acaba de cerrar un capítulo centenario en su legislación familiar. El país asiático era el único miembro del Grupo de los Siete que mantenía un sistema de custodia exclusiva tras el divorcio, obligando a que solo uno de los progenitores conservara la patria potestad legal sobre los hijos.
La nueva legislación, que entra en vigor este año, permite por primera vez que ambos padres mantengan derechos de custodia después de la separación. El cambio representa un viraje radical en un sistema que durante décadas dejó a miles de padres —principalmente extranjeros casados con japoneses— sin acceso legal a sus hijos tras una ruptura matrimonial.
La reforma ha generado un intenso debate nacional. Organizaciones de derechos parentales celebran la medida como un avance hacia la igualdad y el interés superior del menor, argumentando que los niños se benefician del contacto continuo con ambos progenitores. Padres que llevaban años sin ver a sus hijos han expresado esperanza de reconstruir vínculos familiares rotos por el antiguo marco legal.
Sin embargo, grupos de protección a víctimas de violencia doméstica han manifestado preocupación. Temen que la custodia compartida obligatoria pueda exponer a mujeres y niños a situaciones de riesgo en casos donde existe historial de abuso. Activistas advierten que el sistema judicial japonés deberá fortalecer mecanismos de protección para evitar que la reforma se convierta en una herramienta de control para agresores.
El modelo anterior, vigente desde el código civil de 1898, reflejaba una estructura familiar tradicional donde el divorcio implicaba una ruptura total. En la práctica, las madres obtenían la custodia en más del 80% de los casos, mientras que los padres quedaban frecuentemente marginados de la crianza.
La presión internacional jugó un papel clave en el cambio legislativo. Gobiernos occidentales habían criticado durante años el sistema japonés, especialmente en casos de matrimonios binacionales donde uno de los cónyuges "secuestraba" legalmente a los hijos al país asiático, dejando al otro progenitor sin recursos legales.
Ahora Japón se alinea con el estándar del G7, aunque la implementación práctica de la custodia compartida enfrentará el desafío de transformar no solo leyes, sino también mentalidades arraigadas en una cultura donde el divorcio aún carga estigma social. Los tribunales familiares tendrán la última palabra en determinar qué arreglos sirven mejor al bienestar de cada menor.