El senador morenista Enrique Inzunza reapareció este martes después de semanas escondido del escrutinio público, confirmando que acudió a comparecer ante la Fiscalía General de la República por las graves acusaciones formuladas desde Estados Unidos sobre presuntos nexos de funcionarios sinaloenses con el Cártel de Sinaloa.

En un giro insólito, el legislador anunció en redes sociales que asumió su propia defensa legal, sin contratar abogado externo ni ampararse en el fuero constitucional que le otorga su cargo. "Seré abogado de mí mismo", declaró Inzunza, en lo que parece un intento desesperado por proyectar transparencia ante el escándalo que sacude a Morena en Sinaloa.

La comparecencia ocurre en medio de la debacle política del círculo cercano al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalado junto con otros funcionarios por el Departamento de Justicia estadounidense de mantener vínculos con la facción criminal conocida como 'Los Chapitos'. Las acusaciones han destapado una red de complicidades que el oficialismo sinaloense ya no puede ocultar.

Inzunza permaneció ausente de sus funciones en la Comisión Permanente del Congreso durante varias sesiones, alimentando especulaciones sobre su paradero y situación legal. Su reaparición coordinada con la comparecencia de Rocha Moya ante la FGR evidencia la magnitud de la crisis que enfrenta el morenismo en el estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum intentó minimizar el escándalo aclarando que las comparecencias son "entrevistas ministeriales" sin imputaciones formales, pero la realidad es que la Fiscalía abrió investigaciones derivadas de señalamientos internacionales que comprometen la credibilidad del proyecto de la Cuarta Transformación.

El senador insistió en que confía en las instituciones mexicanas y que su actuación política siempre fue "desde la rectitud", un discurso que contrasta con semanas de silencio y ausencias inexplicables mientras las acusaciones arreciaban.

La crisis en Sinaloa expone las contradicciones del discurso morenista sobre combate a la corrupción y deja al descubierto una red de protección política al crimen organizado que las autoridades estadounidenses documentaron y que ahora la FGR debe investigar bajo presión internacional.