La radiografía de la inseguridad en México pinta un panorama desolador para la economía nacional. Un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que la escalada de violencia y delincuencia provocó la cancelación de inversiones por un monto estratosférico de 115 mil 100 millones de pesos durante 2025. Esta cifra, que representa el 0.46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es un golpe directo a la capacidad productiva y al crecimiento del país, evidenciando cómo la falta de certeza y seguridad ahuyenta el capital.
El Costo de la Incertidumbre
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, publicada por el Inegi, detalla que el 14.5 por ciento de los negocios mexicanos se vieron forzados a frenar o desistir de sus planes de inversión debido al clima de inseguridad. Pero las repercusiones no terminan ahí. El mismo estudio señala que las medidas preventivas implementadas por los establecimientos para protegerse de la delincuencia absorbieron el 51.2 por ciento del costo total asociado a la inseguridad, mientras que las pérdidas directas por delitos representaron el 48.8 por ciento restante. En total, la suma de estas afectaciones se estima en los ya mencionados 115 mil 100 millones de pesos, equivalentes a unos 6.208 millones de dólares.
Medidas Desesperadas Ante la Ola Delictiva
La extorsión se ha erigido como el flagelo más persistente y extendido, afectando a miles de negocios en todo el territorio nacional. Según el reporte, se registraron 787 mil casos de extorsión, de los cuales una abrumadora mayoría, el 91 por ciento (716 mil casos), se realizó a través de llamadas telefónicas. La incidencia de este delito es alarmante, con 1.467 casos por cada 10 mil establecimientos, superando a otros delitos graves como el robo hormiga y el robo o asalto de bienes o dinero, que también registran altas cifras.
Ante este panorama, las empresas han tenido que adoptar estrategias de supervivencia que, si bien buscan mitigar riesgos, también merman su operatividad y potencial de crecimiento. El 17.6 por ciento de los establecimientos se vio obligado a reducir sus horarios de producción o venta; el 19.2 por ciento minimizó o eliminó el uso de efectivo, una medida que complica las transacciones diarias; el 8.2 por ciento dejó de establecer relaciones comerciales con otras empresas, fragmentando las cadenas de suministro; y un significativo 5.7 por ciento canceló rutas de distribución, limitando su alcance y mercado.
Tabasco y Estados del Norte, los Más Afectados
A nivel estatal, la situación es particularmente crítica en algunas regiones. Tabasco se posiciona como el estado con mayor porcentaje de establecimientos que cancelaron inversiones, alcanzando un alarmante 32.1 por ciento. Le siguen de cerca Morelos, con un 27.4 por ciento, y Puebla, con un 23.9 por ciento. En contraste, Baja California, Querétaro y Chihuahua presentan las tasas más elevadas de victimización general, evidenciando una problemática extendida que no respeta fronteras estatales.
El Inegi estima que un total de 3 millones de delitos afectaron a 1.4 millones de establecimientos, con un promedio de 2.2 hechos delictivos por cada unidad económica víctima. Aunque la proporción de negocios afectados disminuyó ligeramente del 27.2 por ciento en 2023 al 25.9 por ciento en 2025, el número absoluto de establecimientos afectados se incrementó, pasando de 1.3 millones a más de 1.4 millones. Los establecimientos medianos y grandes, así como el sector comercio, son los más golpeados por esta ola delictiva.
La Desconfianza en las Autoridades y la Falta de Denuncia
Un aspecto crucial que agrava la situación es la baja tasa de denuncia. Solo el 9.9 por ciento de los delitos cometidos contra empresas son denunciados, y de estos, apenas el 8.2 por ciento resulta en la apertura de una carpeta de investigación. El 91.8 por ciento de los delitos quedan sin denuncia, una cifra que se mantiene prácticamente sin cambios respecto a 2023. Entre los casos que sí inician una investigación, el 46.4 por ciento sigue en trámite y en un preocupante 29 por ciento, simplemente, no sucede nada.
La pérdida de tiempo se señala como una de las principales razones para no interponer una denuncia, lo que refleja la percepción de ineficacia y lentitud del sistema de justicia. Esta falta de confianza se extiende a las fuerzas de seguridad. El 70.5 por ciento de los negocios considera que la policía de tránsito municipal es corrupta, mientras que la Marina, a pesar de su rol, obtiene la mayor valoración de efectividad con un 88 por ciento. La inseguridad se consolida como el principal problema para el 57.1 por ciento de los negocios, y el 54.8 por ciento considera que transportar productos por carretera es una actividad de alto riesgo.
Implicaciones y Contexto Nacional
La pérdida de 115 mil millones de pesos en inversiones es solo la punta del iceberg de los costos económicos y sociales que la inseguridad impone a México. Históricamente, la violencia ha sido un lastre para el desarrollo económico del país, desalentando la inversión extranjera directa y limitando la expansión de las empresas nacionales. La extorsión, en particular, se ha convertido en un impuesto ilegal que ahoga a pequeños y medianos empresarios, quienes a menudo carecen de los recursos para defenderse o para absorber las pérdidas.
Las cifras del Inegi contrastan con los discursos oficiales que a menudo minimizan el impacto de la inseguridad en la economía. La realidad en el terreno, sin embargo, es que la percepción de riesgo es alta. El 71.2 por ciento de los establecimientos encuestados consideró que su estado era inseguro, y la preocupación por la seguridad en el transporte de mercancías subraya la fragilidad de las cadenas de suministro y la logística.
Analistas señalan que la falta de resultados contundentes en la pacificación del país, sumada a la persistencia de delitos de alto impacto como la extorsión, genera un círculo vicioso. La desconfianza en las instituciones se profundiza, lo que a su vez reduce la probabilidad de denuncia y dificulta la labor de las autoridades para desarticular a los grupos criminales. La inversión, vital para la generación de empleo y el crecimiento económico, se ve directamente afectada, creando un escenario de estancamiento y precariedad.
La situación exige una estrategia integral que vaya más allá de las medidas reactivas. Se requiere fortalecer el Estado de derecho, garantizar la impartición de justicia expedita y eficaz, y atacar las causas estructurales de la violencia. Sin un entorno de seguridad robusto, las aspiraciones de desarrollo económico y bienestar social para México seguirán siendo metas inalcanzables, y la pérdida de inversiones, como la registrada, se convertirá en una constante dolorosa.