El secretario de Hacienda, Édgar Amador, ha revelado que el gobierno federal ha tomado medidas para acotar la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Según Amador, esta modalidad de pensiones se había convertido en una práctica que ejercía una presión considerable sobre las finanzas públicas del país, además de afectar diversas estructuras internas del propio IMSS.
"Es una práctica que estaba afectando muchas estructuras del IMSS y a las finanzas públicas, por lo que era importante acotar este esquema y como parte de esa estrategia se abarcó también su financiamiento", declaró el titular de Hacienda, subrayando la necesidad de una estrategia más integral para el sistema de pensiones.
La Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Bertha Gómez Castro, detalló que las pensiones otorgadas bajo la Modalidad 40 representan un porcentaje significativo del gasto total del IMSS en materia de pensiones. Específicamente, señaló que esta modalidad absorbe el 14 por ciento del monto total de las pensiones que el IMSS desembolsa anualmente.
Gómez Castro enfatizó que este porcentaje se refiere al volumen de recursos financieros destinados al pago de estas pensiones, y no necesariamente al número de beneficiarios que las reciben. Añadió que un análisis reciente ha mostrado un crecimiento constante y acelerado en la participación de la Modalidad 40 dentro del gasto pensionario del instituto, lo que habría motivado la intervención gubernamental.
En el contexto actual, la información del IMSS indica que aproximadamente 798 mil personas se encuentran pensionadas bajo la Modalidad 40. Estas personas reciben, en promedio, una pensión mensual de 25 mil 377 pesos. Este monto, si bien representa un ingreso considerable para los jubilados, es el que el gobierno considera insostenible a largo plazo.
Además de los 12 pagos mensuales regulares, los pensionados que accedieron a la Modalidad 40 y que se jubilaron bajo el amparo de la Ley del IMSS de 1973, tienen derecho a recibir un pago adicional anual equivalente a un mes de su pensión, funcionando como un aguinaldo. Este beneficio adicional incrementa aún más el desembolso total que el IMSS realiza para estos beneficiarios.
Al ser cuestionada sobre el monto exacto en pesos que representó el costo total de las pensiones por Modalidad 40 durante el año 2026, la Subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, declinó proporcionar una cifra específica. Explicó que la elaboración de dicha estimación financiera recae directamente en las facultades y responsabilidades del propio IMSS, y no de la Subsecretaría de Egresos, cuya función principal es ejecutar el gasto una vez que los montos son definidos por el instituto.
La funcionaria aclaró que la gestión y el registro detallado de los pensionados, así como la determinación de los montos correspondientes a cada modalidad, son atribuciones del IMSS. La Subsecretaría de Egresos, por su parte, se encarga de recibir las directrices presupuestarias y efectuar los pagos correspondientes a las diversas modalidades de pensión, actuando como el brazo ejecutor del gasto público en esta materia.
La decisión de frenar o acotar la Modalidad 40 se enmarca en una política más amplia del gobierno de Claudia Sheinbaum para revisar y reestructurar el sistema de pensiones en México. El objetivo declarado es asegurar la sostenibilidad financiera del IMSS a largo plazo y prevenir abusos o prácticas que puedan comprometer la capacidad del instituto para cumplir con sus obligaciones futuras.
Históricamente, la Modalidad 40 ha sido una opción para trabajadores que, al acercarse a la edad de jubilación, buscan incrementar el monto de su pensión. Esto se logra mediante la continuación voluntaria de las cotizaciones, permitiendo que el salario base para el cálculo de la pensión se eleve significativamente, a menudo hasta el tope establecido por la ley.
Sin embargo, esta práctica, si bien legal bajo ciertas condiciones, ha sido señalada por algunos analistas como un mecanismo que, llevado al extremo o utilizado de manera especulativa, puede generar pasivos contingentes considerables para el Estado. La intervención del gobierno busca, en teoría, equilibrar el derecho de los trabajadores a una pensión digna con la responsabilidad fiscal de mantener la solvencia del sistema de seguridad social.
Las implicaciones de esta medida son diversas. Por un lado, podría generar descontento entre los trabajadores que planeaban utilizar la Modalidad 40 para asegurar una pensión más alta. Por otro lado, desde la perspectiva de las finanzas públicas, la restricción podría traducirse en un ahorro considerable a mediano y largo plazo, aliviando la presión sobre el presupuesto federal destinado a pensiones.
El debate sobre la sostenibilidad de las pensiones en México es complejo y multifacético. Las reformas implementadas en los últimos años, incluyendo las relacionadas con la Modalidad 40, reflejan la tensión constante entre garantizar derechos adquiridos y asegurar la viabilidad financiera de los sistemas de seguridad social en un contexto demográfico y económico cambiante.
En el futuro, se espera que el gobierno continúe monitoreando de cerca el impacto de estas medidas y, posiblemente, implemente ajustes adicionales para optimizar el sistema de pensiones. La transparencia en la comunicación de estas decisiones y el diálogo con los sectores afectados serán cruciales para mitigar posibles conflictos y asegurar una transición ordenada hacia un modelo de pensiones más sostenible.
La Secretaría de Hacienda y el IMSS deberán trabajar conjuntamente para comunicar de manera clara los cambios y las razones detrás de las restricciones, así como para ofrecer alternativas o soluciones a los trabajadores que se vean afectados por estas nuevas disposiciones. La equidad y la justicia social deben ser pilares fundamentales en cualquier reforma que impacte el futuro de los jubilados mexicanos.