LA JUSTICIA, UNA ILUSIÓN LEJANA

Las cifras son demoledoras y pintan un panorama desolador sobre el estado de la justicia en México. Un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que, de los casi dos millones de carpetas de investigación que concluyeron el año pasado, ¡solo el 15% logró sortear el laberinto burocrático y llegar hasta un juez! Esto significa que la gran mayoría de los casos, donde presuntamente se cometieron delitos, se quedan estancados en las fiscalías, sin que exista una resolución judicial.

EL 40%, MUERTAS ANTES DE NACER

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal del Inegi detalla que, del total de 1.9 millones de carpetas de investigación que finalizaron su trámite en el periodo reportado, un alarmante 40% fueron concluidas bajo la figura de "no ejercicio de la acción penal". Esto, en términos llanos, significa que las propias fiscalías decidieron no proceder legalmente contra los presuntos responsables, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de justicia para las víctimas. Este porcentaje, por sí solo, ya es un llamado de atención mayúsculo sobre la eficacia y la voluntad de impartir justicia.

UN SISTEMA AHOGADO EN TRÁMITES

La baja cifra de casos que llegan a juicio (apenas el 15%) no es un accidente, sino el síntoma de un sistema de procuración de justicia profundamente enfermo. Las fiscalías, tanto a nivel federal como estatal, se encuentran rebasadas por la carga de trabajo, la falta de recursos, la corrupción y, en muchos casos, la ineficiencia. La investigación de delitos es un proceso complejo que requiere personal capacitado, tecnología adecuada y protocolos eficientes, elementos que parecen escasear en muchas de nuestras instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

LA IMPUNIDAD COMO NORMA

Cuando las carpetas de investigación no llegan a un juez, la consecuencia directa es la impunidad. Las víctimas se enfrentan a la frustración de ver que su caso no avanza, que los responsables no enfrentan consecuencias y que la posibilidad de reparación del daño se desvanece. Esto no solo afecta a los individuos, sino que erosiona la confianza en las instituciones y fomenta un clima de desánimo y desconfianza generalizada hacia el sistema de justicia.

¿QUIÉN RESPONDE POR ESTO?

La pregunta obligada es: ¿quién tiene la responsabilidad de revertir esta tendencia? La respuesta recae en las cabezas de las fiscalías, tanto a nivel federal como estatal, y en el diseño de políticas públicas que fortalezcan el sistema de justicia penal. Es necesario invertir en capacitación, tecnología y personal, así como implementar mecanismos de rendición de cuentas más estrictos para asegurar que las carpetas de investigación se integren correctamente y, cuando haya elementos, se presenten ante los tribunales.

EL RETO DE LA PRESIDENTA SHEINBAUM

Para la Presidenta Claudia Sheinbaum, este es uno de los retos más apremiantes de su administración. La percepción de inseguridad y la falta de justicia son dos caras de la misma moneda que minan la estabilidad social y la confianza en el gobierno. Abordar la ineficiencia en las fiscalías y aumentar la tasa de casos que llegan a juicio no es solo una cuestión técnica, sino una necesidad política y social para recuperar la credibilidad del Estado.

ANTECEDENTES DE UN FRACASO

Históricamente, el sistema de justicia mexicano ha enfrentado críticas severas por su lentitud, opacidad y, sobre todo, por su baja efectividad en la persecución del delito. Los esfuerzos por reformar el sistema han sido constantes, pero los resultados tangibles en términos de reducción de la impunidad han sido limitados. La transición del sistema penal tradicional a uno acusatorio, si bien buscaba mayor transparencia y eficiencia, no ha logrado erradicar los vicios estructurales que impiden que la justicia llegue a todos.

EL PAPEL DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS

Si bien la responsabilidad principal recae en las fiscalías, el papel de los jueces y magistrados también es crucial. Ellos son los encargados de revisar la legalidad de las investigaciones y de dictar sentencias justas. Sin embargo, su labor se ve limitada cuando las carpetas que llegan a sus manos están incompletas o mal integradas, lo que dificulta la impartición de justicia y puede llevar a la liberación de presuntos culpables por tecnicismos.

LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS

Detrás de cada carpeta de investigación hay una víctima. Son personas que han sufrido un delito y que esperan que el Estado cumpla con su deber de investigar, perseguir y sancionar a los responsables. La ineficiencia del sistema no solo perpetúa la impunidad, sino que revictimiza a quienes ya han sido afectados, dejándolos en un estado de indefensión y desamparo.

¿QUÉ SIGUE?

La urgencia de una reforma profunda en el sistema de procuración de justicia es innegable. Se requieren acciones contundentes para mejorar la capacidad de investigación de las fiscalías, agilizar los procesos, combatir la corrupción y garantizar que los casos con elementos suficientes lleguen a juicio. De lo contrario, la estadística del 15% seguirá siendo un reflejo crudo de un sistema que, en la práctica, falla a quienes más lo necesitan.

UN LLAMADO A LA ACCIÓN

Este panorama exige un llamado a la acción para todos los actores involucrados: legisladores, autoridades ministeriales, jueces y sociedad civil. Es fundamental que se priorice la justicia y se implementen las medidas necesarias para asegurar que las carpetas de investigación se conviertan en sentencias, y no en expedientes olvidados que alimentan la impunidad en el país.