La justicia en México parece ser un espejismo. Un alarmante porcentaje de los delitos cometidos en el país quedan impunes, una cifra que ronda el 99%, según las contundentes declaraciones del rector de la Universidad Iberoamericana (IBERO), Luis Arriaga Valenzuela. Esta grave realidad, que sumerge a la nación en un ciclo de violencia y desconfianza, se ve agravada por la persistente militarización de las tareas de seguridad pública, un enfoque que, lejos de pacificar, parece ahondar las heridas sociales.
El Abismo de la Impunidad
Arriaga Valenzuela ha sido enfático al señalar que la impunidad no es solo un problema estadístico, sino una falla sistémica que socava los cimientos del Estado de derecho. La baja tasa de sanción penal, que apenas roza el 1% de los delitos registrados, envía un mensaje devastador a la delincuencia: la certeza de no ser castigado. Este panorama desolador se traduce en un aumento de la criminalidad y una creciente sensación de inseguridad entre la ciudadanía, que ve cómo sus derechos y su patrimonio son vulnerados sin que exista una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Históricamente, México ha luchado contra altos índices de impunidad, pero la situación actual, según expertos, ha alcanzado niveles críticos. La falta de investigación adecuada, la corrupción dentro de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, y la debilidad del sistema penal acusatorio son factores que contribuyen a este fenómeno. La percepción generalizada es que el sistema de justicia está colapsado, incapaz de ofrecer protección real a los ciudadanos.
Militarización: ¿Solución o Problema?
Otro de los puntos cruciales en el análisis del rector Arriaga es la estrategia de seguridad basada en la militarización. Si bien en un principio se argumentó que la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en las calles sería una medida temporal y necesaria para contener la violencia, la realidad muestra una dependencia creciente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Esta militarización, advierten analistas, puede tener consecuencias negativas a largo plazo, como la normalización de la violencia, la erosión de las libertades civiles y la dificultad para desmilitarizar el país una vez que la situación supuestamente mejore.
La Ibero, a través de su rector, ha cuestionado la efectividad de este modelo. La militarización, en lugar de fortalecer las capacidades de las policías civiles y locales, tiende a desplazarlas, debilitando su desarrollo y profesionalización. Además, la intervención militar en asuntos de seguridad pública puede generar tensiones con la población y, en algunos casos, derivar en violaciones a los derechos humanos, algo que la propia fuente original sugiere como un obstáculo para la pacificación.
El Camino Hacia la Pacificación
Para Luis Arriaga Valenzuela, la pacificación del país no se logrará únicamente con medidas punitivas o con la presencia militar. Se requiere una estrategia integral que aborde las causas profundas de la violencia, como la desigualdad social, la falta de oportunidades y la corrupción. Es fundamental fortalecer el sistema de justicia, garantizando que las investigaciones sean exhaustivas, que los responsables sean llevados ante la justicia y que las penas sean proporcionales al daño causado.
Asimismo, es imperativo repensar el rol de las fuerzas armadas y apostar por la profesionalización y fortalecimiento de las policías civiles. La construcción de una paz duradera exige un enfoque que priorice la prevención del delito, la reinserción social y la reconstrucción del tejido social. La ciudadanía demanda respuestas contundentes, pero sobre todo, respuestas justas y efectivas que devuelvan la confianza en las instituciones.
La postura del rector de la Ibero resuena con las preocupaciones de amplios sectores de la sociedad mexicana que ven con alarma el deterioro de la seguridad y la justicia. La impunidad rampante y la militarización de la seguridad son dos caras de la misma moneda que impiden a México avanzar hacia un futuro más seguro y pacífico. La urgencia de un cambio de rumbo es innegable, y las voces críticas como la de Arriaga Valenzuela son esenciales para impulsar el debate y la acción necesaria.