En el corazón de Guerrero, donde el territorio se expande y la presencia del Estado se desvanece, una comunidad se encuentra al borde del abismo. Javier Hernández, un líder comunitario de Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán, se ha convertido en la voz de 600 personas sitiadas por el cártel de La Nueva Familia Michoacana. Su lucha por defender sus tierras y su derecho a existir evoca las tragedias de casos como el de Alejo Garza Tamez o el sacrificio de la familia LeBarón, pero con la amarga constatación de que, en esta ocasión, la indiferencia oficial parece ser la norma.

“Estamos preocupados y con cansancio”, confiesa Hernández, describiendo la angustia que embarga a su comunidad. Desde hace una semana, el núcleo agrario Guajes de Ayala, compuesto por 400 adultos y un centenar de niños y ancianos, vive bajo el asedio del crimen organizado. La Nueva Familia Michoacana ha establecido un cerco en la zona, abarcando los municipios de Coyuca de Catalán y Ajuchitlán, con un objetivo claro: desplazar o aniquilar a los habitantes para asegurar el control de rutas estratégicas y la explotación de recursos naturales.

La Doble Amenaza: Rutas y Minas

La disputa territorial no se limita a la simple posesión de caminos. El cártel busca dominar la ruta que conecta Tierra Caliente con la Costa Grande, un corredor vital para la distribución de drogas. Sin embargo, la codicia del grupo criminal va más allá. La minería se ha convertido en uno de los pilares económicos de La Familia Michoacana en Guerrero, y las minas de la región, incluyendo la de La Media Luna, son explotadas sin control alguno. Los criminales operan como “amos y señores”, movilizando cargamentos hacia Lázaro Cárdenas, mientras los recursos naturales del estado, desde maderas hasta minerales preciosos, caen en sus manos.

“El gobierno lo sabe, pero parece que no les interesa el tema, están arreglados”, denuncia Hernández con amargura. La percepción en la comunidad es que existe una complicidad tácita entre las autoridades y el crimen organizado, un pacto que deja a los ciudadanos a merced de la violencia y la explotación.

Un Grito Ignorado

Ante la gravedad de la situación, los líderes comunitarios han intentado buscar ayuda. Tras las denuncias públicas, el subsecretario de Desarrollo del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, se puso en contacto, pero su intervención ha sido infructuosa. “Niega lo que está pasando”, señala Hernández, evidenciando la desconexión entre la realidad que viven y la versión oficial. La presidenta Claudia Sheinbaum, en contraste con su receptividad hacia figuras virales como un pato, no ha ofrecido ningún acercamiento a esta comunidad en crisis.

La ausencia de respuesta se extiende a otras figuras políticas. Félix Salgado Macedonio, a quien Hernández señala como un obstáculo, tampoco ha mostrado interés en la problemática. “Si quisieran atender, ya estuviera la Guardia Nacional o Seguridad Pública tras ellos, para que se alejen, pero no lo hacen”, lamenta el líder comunitario, percibiendo una estrategia gubernamental de abandono y desinterés.

La comunidad teme que, mientras el gobierno se enfoca en sus campañas electorales, se aplique la política de “muere solo, sufre solo y muérete callado, sin denunciar”. Sin embargo, los habitantes de Guajes de Ayala se niegan a ser silenciados. “No estamos acostumbrados a callarnos, y si lo denunciamos es porque no queremos desplazarnos, perder lo poco que tenemos. No queremos tener una masacre como sucedió en Chilapa o en la localidad vecina de Durazno”, advierte Hernández, recordando episodios trágicos que evidencian la crueldad del crimen y la ineficacia de las autoridades.

La Negación Oficial y el Peligro Inminente

La historia se repite con una crueldad escalofriante. Hernández recuerda cómo, en casos anteriores como el de Chilapa, el subsecretario Rodríguez Cisneros inicialmente negó la presencia de grupos criminales, solo para que posteriormente ocurrieran masacres, incluyendo la de mujeres. La pregunta que resuena en Guajes de Ayala es si las autoridades esperan a que ocurra una tragedia similar para actuar, o si necesitan un éxodo de desplazados para considerar la situación como una emergencia.

Si tuviera a la presidenta Sheinbaum enfrente, Hernández le pediría que “investigue a los gobernantes de su gobierno”, que profundice en lo que sucede en Guerrero y que destape las complicidades. Advierte que, de lo contrario, los más vulnerables seguirán pagando las consecuencias. El llamado es claro: atender el grito de auxilio de los pueblos antes de que sea demasiado tarde.

Tecnología de Guerra y Abandono Estatal

La comunidad ha recurrido a drones para documentar el asedio, capturando imágenes que evidencian la presencia del cártel. Sin embargo, la tecnología de los criminales es superior; La Familia Michoacana utiliza drones equipados con bombas, mientras que los drones comunitarios, originalmente destinados al control de incendios, ahora sirven como herramientas de autodefensa. Se reconoce que el cártel ha atemorizado a la población con artefactos explosivos dirigidos a viviendas habitadas por niños y ancianos.

“El Estado mexicano nos ha abandonado”, sentencia Hernández. A pesar de los discursos oficiales sobre la disminución de delitos, la realidad en el terreno es otra. Las mesas de paz se han convertido en foros de simulación, donde las autoridades “se hacen güeyes”. Las pruebas de nexos entre el gobierno de Evelyn Salgado y La Nueva Familia Michoacana, que datan desde 2021, apuntan a acuerdos establecidos. Se menciona a Martín Mora y a su esposa, la diputada local Guadalupe Eguiluz, como presuntos enlaces clave, con aspiraciones políticas que podrían verse beneficiadas por la continuidad de esta situación.

La situación en Guajes de Ayala es un reflejo crudo de la falla del Estado mexicano para garantizar la seguridad y el orden. La comunidad, armada solo con su determinación y la esperanza de ser escuchada, enfrenta a un enemigo poderoso y a un gobierno que, hasta ahora, ha optado por la indiferencia.