El gobierno de Guatemala ha emitido un contundente desmentido ante las versiones que circulaban sobre un supuesto acuerdo para realizar ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos en su territorio contra organizaciones del narcotráfico. La aclaración surge tras un reporte del diario The New York Times, que afirmaba que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, había aceptado tanto ataques aéreos como otras acciones militares en una conversación con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.
En un comunicado oficial, la administración guatemalteca fue enfática al declarar: "No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional". Esta declaración busca disipar cualquier duda sobre la soberanía territorial y la naturaleza de la cooperación en materia de seguridad.
Según se detalla en el desmentido, el ministro de Defensa guatemalteco, Henry Sáenz, habría solicitado por escrito a Hegseth "cooperación estadounidense en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones del narcotráfico". Esta solicitud se enmarcaría dentro de una estrategia de seguridad implementada desde el año 2024, enfocada en el combate al crimen organizado.
Adicionalmente, el comunicado señala que el presidente Arévalo, junto con sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, sostuvo una "conversación telefónica" con Hegseth. Durante este diálogo, se habrían "confirmado los términos de la cooperación que ampara la solicitud". Sin embargo, el gobierno guatemalteco no especificó las fechas exactas en las que se realizaron tanto la solicitud escrita como la llamada telefónica.
Por su parte, el Pentágono, a través de su portavoz en funciones, Joel Valdez, se abstuvo de "especular" sobre "futuras operaciones". No obstante, recordó la pertenencia de Guatemala al "Escudo de las Américas", una alianza de seguridad impulsada por el expresidente Donald Trump junto a otros 17 líderes regionales en marzo. Esta coalición, según se describe, es un "esfuerzo hemisférico voluntario" que busca enfrentar "redes de narcoterrorismo y otras amenazas a la seguridad" en el continente.
El reporte del The New York Times sugería que las operaciones conjuntas podrían iniciar el próximo mes, aunque no se detallaba el alcance de las posibles actividades militares. La información publicada por el medio estadounidense, de ser cierta, representaría un escalamiento significativo en la ofensiva contra los cárteles de la droga que operan desde Latinoamérica.
La administración Trump ha manifestado una postura de "guerra" contra los cárteles de la droga. Pete Hegseth, secretario de Defensa, declaró recientemente que Estados Unidos está "yendo a la guerra contra los cárteles" como parte de una estrategia para "asegurar nuestro hemisferio". Esta retórica se alinea con la creación de la "Coalición Estadounidense Contra los Cárteles".
Estados Unidos ya mantiene operaciones conjuntas públicas con Ecuador y ha realizado ejercicios militares con El Salvador. Desde septiembre del año pasado, la administración Trump ha intensificado sus acciones, atacando embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, bajo la premisa de combatir lo que denomina "narcoterroristas".
Sin embargo, estas operaciones han generado un debate considerable sobre su legalidad, especialmente ante la falta de pruebas concluyentes que vinculen a las embarcaciones atacadas con el tráfico de drogas. La ONU, de hecho, ha llegado a denunciar algunas de estas acciones como "ejecuciones extrajudiciales", lo que subraya la complejidad y controversia de la lucha antidrogas a nivel internacional.
La ruta de la droga hacia Estados Unidos es un fenómeno complejo que involucra a múltiples países. Se estima que un porcentaje abrumador de la cocaína que llega al mercado estadounidense, alrededor del 90%, transita por Centroamérica y México. Esta droga es transportada a través de diversos medios, incluyendo camiones, aviones, barcos y submarinos, según cifras proporcionadas por funcionarios estadounidenses.
El desmentido de Guatemala pone de relieve las tensiones y las diferentes interpretaciones sobre la cooperación en seguridad en la región. Mientras Estados Unidos busca intensificar sus acciones contra el crimen organizado transnacional, los países centroamericanos, como Guatemala, parecen priorizar un enfoque que mantenga el liderazgo de sus propias fuerzas de seguridad y respete su soberanía.
La postura guatemalteca también podría reflejar una cautela ante la posibilidad de verse envueltos en operaciones militares de alto riesgo, cuyas consecuencias políticas y sociales podrían ser significativas. La administración Arévalo, que llegó al poder con una agenda de fortalecimiento democrático y lucha contra la corrupción, podría estar evaluando cuidadosamente los riesgos y beneficios de una cooperación militar tan estrecha con una potencia extranjera.
El "Escudo de las Américas" se presenta como un marco de cooperación voluntaria, pero la interpretación de sus alcances y la forma en que se implementan las acciones conjuntas parecen ser puntos de fricción. La negativa de Guatemala a aceptar ataques directos por parte de fuerzas extranjeras en su territorio marca una línea clara en cuanto a los límites de dicha cooperación.
En este contexto, la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica sigue siendo un desafío mayúsculo, que requiere no solo la cooperación internacional, sino también el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la voluntad política de los países de la región para abordar las causas profundas de la violencia y el crimen organizado.