La Guardia Nacional irrumpió violentamente en las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) para desalojar a colectivos de la comunidad trans que mantenían un plantón desde hace cinco días. Las activistas denunciaron haber sido agredidas físicamente y rociadas con polvo extintor, resultando una de ellas herida y requiriendo atención médica de urgencia.
El incidente ocurrió el pasado 24 de junio, cuando personal de la Guardia Nacional, en un operativo que activistas y observadores calificaron de desproporcionado, retiró a las manifestantes que exigían un diálogo directo con la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez. Las protestas se intensificaron tras la negativa de la dependencia a conceder una reunión para abordar las demandas de la comunidad trans.
Exigencias y Negativa al Diálogo
Los colectivos trans, entre ellos "Lleca, escuchando la calle" y "Justicia Histórica Trans", iniciaron el plantón el 19 de junio. Su principal demanda era establecer una fecha para dialogar con Rosa Icela Rodríguez sobre la urgente necesidad de políticas públicas que atiendan la violencia estructural y la discriminación que enfrenta la población trans en México. Señalaron la falta de avances concretos y la ausencia de respuestas efectivas por parte de las autoridades.
Activistas presentes en el lugar, como Victoria Sámano, miembro de "Lleca", relataron a medios de comunicación la brutalidad del desalojo. "Fuimos violentadas y nos sacaron a la fuerza con polvo extintor", declaró Sámano, describiendo cómo la Guardia Nacional dispersó a las manifestantes con agresividad, utilizando extintores y rompiendo las rejas y muros de la institución.
Agresión y Atención Médica
Durante el desalojo, al menos una persona resultó herida. Según reportes, Artemisa, integrante de la colectiva Justicia Histórica Trans, fue golpeada en la cabeza, sufriendo una herida que requirió varios puntos de sutura, además de policontusiones y un esguince cervical de segundo grado. Fue trasladada a un hospital de la Ciudad de México para recibir atención médica.
La Red Rompe el Miedo condenó enérgicamente el uso de la fuerza pública y la falta de aplicación de protocolos de diálogo por parte de la Guardia Nacional y el personal de la Secretaría de Gobierno. La organización hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que intervinieran y abrieran procesos de queja y diálogo.
Contexto de Violencia y Discriminación
Este desalojo ocurre en un contexto particularmente sensible para la comunidad LGBTIQA+, coincidiendo con las celebraciones del mes del Orgullo y ante las alarmantes cifras de violencia contra las personas trans. Colectivos como Transcontingenta reportan al menos 15 transfeminicidios en lo que va del año 2026. En 2025, el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se registraron 33 crímenes de odio contra mujeres trans.
La CNDH emitió en marzo de 2024 la recomendación 42/2024, en la que instaba al Congreso de la Unión a modificar la legislación para garantizar los derechos de las personas trans y combatir la discriminación. Sin embargo, los colectivos manifestantes consideran que estas recomendaciones no se han traducido en acciones concretas ni en políticas públicas efectivas.
Continuidad de la Protesta
Las activistas desalojadas han reiterado su compromiso de continuar con las protestas hasta que se logren avances significativos en el cumplimiento de la recomendación 42/2024 de la CNDH y se establezca un diálogo real con las autoridades. A pesar de la represión, su determinación de exigir justicia y visibilidad para la comunidad trans permanece intacta.
La toma del inmueble, que inició con una movilización en la avenida Bucareli, buscaba presionar a la Segob para concretar una mesa de trabajo. La falta de acuerdos y la negativa a fijar una fecha para el encuentro con Rosa Icela Rodríguez fueron los detonantes de la protesta pacífica que derivó en el violento desalojo.
Implicaciones y Análisis
El incidente pone de manifiesto la tensión existente entre los movimientos sociales y las autoridades federales en México, especialmente en lo referente a los derechos de las minorías y la respuesta institucional ante la protesta social. La actuación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad civil con mando operativo en la Sedena, ha sido objeto de críticas recurrentes por su uso de la fuerza en contextos de manifestación.
Históricamente, la Secretaría de Gobernación ha sido el principal interlocutor del gobierno federal con los movimientos sociales. Sin embargo, la negativa a establecer un diálogo efectivo con colectivos vulnerables como el de las personas trans, y la posterior intervención de la fuerza pública, genera preocupación sobre la apertura y capacidad de respuesta del actual gobierno ante las demandas ciudadanas.
La falta de políticas públicas integrales y la persistencia de la violencia estructural contra la comunidad trans son problemas que requieren atención prioritaria. La recomendación de la CNDH es un llamado a la acción legislativa y ejecutiva, pero su cumplimiento efectivo depende de la voluntad política y la asignación de recursos adecuados.
Analistas señalan que la respuesta violenta a una protesta pacífica puede tener repercusiones negativas para la imagen del gobierno, especialmente en un contexto internacional de creciente escrutinio sobre los derechos humanos. La comunidad internacional y los organismos defensores de derechos humanos estarán observando de cerca la evolución de este caso y la respuesta del Estado mexicano.
La persistencia de los colectivos trans en su lucha, a pesar de las adversidades, subraya la urgencia de sus demandas. La exigencia de un diálogo genuino y la implementación de políticas públicas efectivas son pasos cruciales para garantizar la seguridad, la dignidad y la plena inclusión de las personas trans en la sociedad mexicana.
El caso también resalta la importancia de la labor de organizaciones de la sociedad civil como "Lleca" y "Justicia Histórica Trans", que brindan apoyo y refugio a personas trans en situación de calle, y que son fundamentales en la visibilización de las problemáticas que enfrentan.
La continuación de las protestas, ahora fuera de las instalaciones de la Segob, demuestra la resiliencia de los movimientos sociales y su capacidad para adaptarse y mantener la presión sobre las autoridades. El desenlace de esta situación dependerá de la capacidad del gobierno para abrir canales de diálogo efectivos y atender las demandas legítimas de la comunidad trans.