En un país donde las cifras de desaparecidos se cuentan por decenas de miles, la indiferencia oficial ante la magnitud de la crisis se ha convertido en el principal agravio para miles de familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos. Colectivos y familiares de víctimas, en el marco de la semana internacional del detenido desaparecido, alzaron la voz ayer en una marcha que, si bien buscaba visibilizar la urgencia de la situación, se topó con la barrera de la apatía gubernamental y un cerco policiaco.

La movilización, que partió del emblemático Ángel de la Independencia con la esperanza de llegar al corazón del poder político en el Zócalo, fue interceptada y detenida a escasos metros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este bloqueo, orquestado por fuerzas de seguridad, simboliza la resistencia del gobierno a enfrentar la realidad: la desaparición forzada no es un fantasma del pasado, sino una dolorosa realidad presente que sigue cobrando víctimas.

Los manifestantes exigieron al gobierno federal un reconocimiento explícito y contundente de que la práctica de la desaparición forzada continúa en México. Esta demanda no es un capricho, sino el resultado de años de búsqueda infructuosa, de fosas clandestinas que se descubren con escalofriante regularidad y de la falta de resultados tangibles en las investigaciones. La negativa a nombrar el problema por su nombre perpetúa la impunidad y desampara a quienes sufren esta terrible violencia.

La administración actual, a pesar de sus discursos sobre justicia y derechos humanos, parece haber optado por una estrategia de soslayo. En lugar de abordar de frente la complejidad del fenómeno, se prefiere minimizarlo, catalogarlo como un rezago o, peor aún, ignorar las denuncias de quienes viven la pesadilla día a día. Esta postura no solo es insensible, sino que también obstaculiza la implementación de políticas públicas efectivas para erradicar esta práctica.

El cerco policiaco en torno al Zócalo, un lugar que debería ser el epicentro del diálogo entre gobierno y sociedad, se convirtió en un símbolo de la exclusión. En lugar de abrir las puertas al reclamo ciudadano, se erigen muros, tanto físicos como burocráticos, para mantener a raya a quienes exigen respuestas. Esta táctica de disuasión y contención envía un mensaje desalentador: la voz de las víctimas parece incomodar al poder.

La comunidad internacional ha puesto el foco en la situación de los desaparecidos en México, reconociendo la gravedad de la crisis. Sin embargo, la respuesta interna parece ser la de la negación o la minimización. Esta desconexión entre la realidad observada desde afuera y la narrativa oficial genera desconfianza y profundiza la herida de quienes buscan verdad y justicia.

Los colectivos de búsqueda, integrados en su mayoría por madres y padres que han dedicado años de su vida a rastrear a sus hijos, han documentado innumerables casos que apuntan directamente a la comisión de desapariciones forzadas por parte de agentes del Estado o con su aquiescencia. Señalan la falta de voluntad política para investigar a fondo estas redes de complicidad y para sancionar a los responsables.

La exigencia de "reconocer que se sigue cometiendo desaparición forzada" es un llamado a la acción. Implica no solo admitir la existencia del problema, sino también comprometerse a desmantelar las estructuras que lo permiten, a garantizar la no repetición y a ofrecer reparación integral a las víctimas. Sin este reconocimiento, cualquier esfuerzo por atender la crisis será superficial y condenado al fracaso.

La marcha de ayer, aunque limitada en su recorrido, logró poner de manifiesto la persistencia de la demanda social. La negativa a permitir que llegara al Zócalo, sin embargo, subraya la incomodidad del gobierno ante este tema y su aparente preferencia por mantenerlo bajo control mediático y físico.

Es imperativo que el gobierno federal cambie de rumbo. Debe pasar de la negación a la acción, de la indiferencia a la empatía. La desaparición forzada es una afrenta a la dignidad humana y un atentado contra el Estado de derecho. Ignorarla o minimizarla es perpetuar la injusticia y alimentar la impunidad, un camino que México no puede permitirse seguir.

La comunidad organizada ha demostrado una resiliencia y una determinación admirables. Han construido redes de apoyo mutuo, han desarrollado metodologías de búsqueda y han mantenido viva la esperanza contra viento y marea. Su labor es un recordatorio constante de la deuda que el Estado tiene con sus ciudadanos.

El desafío para el gobierno es mayúsculo: debe demostrar con hechos, no con palabras, que la vida y la integridad de las personas son su máxima prioridad. Esto implica investigar con rigor, sancionar a los culpables, y sobre todo, reconocer la dolorosa verdad que miles de familias mexicanas viven cada día.

La semana internacional del detenido desaparecido sirve como un recordatorio global de que la lucha por la verdad y la justicia es un derecho inalienable. En México, esta lucha se libra en las calles, en los campos, en las oficinas gubernamentales y, sobre todo, en el corazón de quienes no se rinden.