La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha vuelto a sentarse a la mesa de diálogo con el gobierno federal, un gesto que, en teoría, debería apuntar hacia la resolución de las demandas magisteriales. Sin embargo, la realidad que se desprende de este encuentro es desalentadora y pinta un panorama sombrío para miles de maestros que buscan condiciones laborales dignas y un reconocimiento real a su labor.

En una reunión que prometía avances, los representantes de la CNTE se encontraron cara a cara con figuras clave del gabinete de la Cuarta Transformación: la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado. La expectativa de una negociación fructífera se desvaneció rápidamente al confirmarse lo que muchos ya temían: las ofertas del gobierno son las mismas que se han presentado con anterioridad, y la postura oficial es inflexible.

La CNTE, que aglutina a sectores disidentes del magisterio, ha sido persistente en sus reclamos, buscando no solo mejoras salariales, sino también soluciones estructurales a problemas añejos. Entre las propuestas que han puesto sobre la mesa destacan la creación de una aseguradora pública, que garantizaría un respaldo fundamental para los trabajadores de la educación y sus familias, y la redefinición de la relación entre el magisterio y la Secretaría de Educación Pública (SEP), buscando un trato más equitativo y respetuoso.

Sin embargo, la respuesta del gobierno, a través de sus representantes, fue tajante: las propuestas presentadas son “todo lo que hay”. Esta frase, cargada de resignación y, para muchos, de soberbia, deja en claro la falta de disposición del gobierno de la 4T para ir más allá de lo mínimo indispensable. Es una reafirmación de que, en materia educativa y de derechos laborales para los maestros, no habrá concesiones significativas.

Este escenario es particularmente preocupante si consideramos el contexto actual. Los maestros han sido pilares fundamentales en la educación del país, enfrentando desafíos cada vez mayores, desde la pandemia hasta la falta de recursos y el desgaste profesional. Esperar que se conformen con migajas mientras las promesas de transformación del presidente López Obrador parecen diluirse en la práctica es, cuanto menos, una falta de respeto a su dedicación y esfuerzo.

La insistencia del gobierno en mantener sus ofertas limitadas no solo demuestra una desconexión con las necesidades reales del magisterio, sino que también evidencia una estrategia de dilación y desgaste. En lugar de buscar soluciones de fondo, se opta por un discurso que apela a la austeridad y a la imposibilidad de ofrecer más, mientras se ignoran las consecuencias directas en la calidad educativa y en el bienestar de los docentes.

La CNTE, ante esta cerrazón, se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la voluntad de mantener el diálogo es un signo de responsabilidad y de búsqueda de acuerdos. Por otro, la intransigencia del gobierno podría llevarlos a radicalizar sus posturas, lo cual, si bien es un derecho, también puede generar un desgaste social y político que afecte a la propia causa magisterial.

Es imperativo que el gobierno de la 4T reconsidere su postura. La educación es un pilar del desarrollo de cualquier nación, y los maestros son sus arquitectos. Ofrecerles condiciones dignas no es un gasto, es una inversión. La creación de una aseguradora pública y la mejora sustancial de la relación con la SEP no son caprichos, son necesidades urgentes que, de atenderse, beneficiarían a toda la sociedad.

La estrategia de ofrecer “todo lo que hay” cuando lo que hay es claramente insuficiente, es una muestra más de la hipocresía que a menudo se percibe en las acciones del gobierno actual. Se habla de justicia social y de apoyo a los trabajadores, pero en la práctica, las acciones contradicen el discurso. Los maestros merecen más que promesas vacías y ofertas raquíticas.

El tiempo apremia. La CNTE ha demostrado su capacidad de movilización y su compromiso con la causa magisterial. Si el gobierno insiste en su postura de intransigencia, se estará sembrando la semilla de un conflicto prolongado, cuyas consecuencias negativas recaerán, una vez más, sobre los hombros de los maestros y, en última instancia, sobre el sistema educativo nacional.

La pregunta que queda en el aire es si el gobierno de la 4T está dispuesto a escuchar de verdad, o si simplemente está cumpliendo con una formalidad para aparentar que hay diálogo, mientras mantiene su estrategia de ofrecer lo mínimo y esperar que los maestros se cansen. La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de la educación en México y la credibilidad de un gobierno que prometió poner al pueblo, y a los trabajadores, en el centro de sus políticas.

La CNTE ha sido clara en sus demandas. El gobierno ha sido claro en su negativa a ir más allá. La pelota está ahora en la cancha del poder ejecutivo, que debe decidir si opta por la confrontación y la inacción, o por la negociación real y la búsqueda de soluciones que dignifiquen la labor docente y fortalezcan la educación pública.

Este impasse no beneficia a nadie. La CNTE busca justicia y reconocimiento. El gobierno debería buscar la estabilidad y el progreso del país. Ignorar las demandas legítimas de un sector tan vital como el magisterio es un error estratégico que podría tener repercusiones a largo plazo, erosionando aún más la confianza en las instituciones y en las promesas de cambio.

En definitiva, la reinstalación de la mesa de diálogo, sin avances concretos y con ofertas reiteradas y escasas, se convierte en un reflejo más de la ineficacia y la falta de compromiso real del gobierno de Morena con los sectores que más apoyo necesitan. La CNTE merece una respuesta seria y constructiva, no un portazo en la cara con la excusa de que “es todo lo que hay”.