La administración federal autorizó un gasto de 44.6 millones de pesos para inspeccionar las vías del Tren Interoceánico, proyecto emblemático del gobierno morenista, en una decisión que llega tarde: después de que un descarrilamiento en la Línea Z dejara un saldo de 13 personas muertas en territorio oaxaqueño.
La tragedia ferroviaria expuso las deficiencias en el mantenimiento y supervisión de la infraestructura del proyecto, que fue inaugurado con bombo y platillo como símbolo del desarrollo del sureste mexicano. Ahora, con víctimas fatales de por medio, las autoridades reaccionan con una inversión millonaria que debió ejecutarse antes de poner en operación el servicio.
La revisión técnica de las vías se concentrará en la Línea Z, escenario del accidente mortal, aunque fuentes cercanas al proyecto señalan que el desembolso podría extenderse a otros tramos del sistema ferroviario interoceánico ante la incertidumbre sobre el estado real de la infraestructura.
Críticos del proyecto cuestionan por qué se requirió una catástrofe con 13 fallecidos para que el gobierno destinara recursos a la inspección de seguridad. La pregunta que resuena es si este gasto responde a un protocolo de prevención o simplemente a un ejercicio de control de daños político tras el desastre.
El Tren Interoceánico, pieza central de la narrativa de transformación impulsada por Morena, enfrenta ahora un escrutinio sobre su viabilidad operativa y los estándares de seguridad aplicados durante su construcción acelerada. Las familias de las víctimas aún esperan respuestas sobre las causas del descarrilamiento.
Mientras los 44.6 millones de pesos se destinan a revisar lo que debió estar garantizado desde el inicio, persiste la duda sobre cuántas tragedias más se necesitarán para que la seguridad deje de ser una ocurrencia tardía en los megaproyectos del régimen actual.