Activistas y organizaciones ambientalistas han alzado la voz en una contundente protesta contra las prácticas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la exploración de gas mediante fracturación hidráulica, comúnmente conocida como fracking. Bajo el lema "Queremos futuro, no hidrocarburos", los manifestantes denunciaron los devastadores daños ambientales que, aseguran, la paraestatal ha infligido al país, al tiempo que cuestionaron el respaldo financiero que el gobierno actual otorga a la empresa.
La manifestación, que congregó a más de 25 agrupaciones ecologistas, se gestó como una "contragalería" fotográfica que exhibía imágenes de incendios, quemadores de gas y derrames petroleros, un crudo reflejo de la problemática. Los activistas marcharon desde la Secretaría de Energía hasta la imponente torre ejecutiva de Pemex, portando carteles y proclamando consignas que ponían en entredicho la noción de soberanía energética cuando esta compromete la vida y los recursos naturales.
"Ninguna soberanía energética vale más que el agua, más que la vida de las personas, más que la tierra", sentenció Sacni Acosta, representante de Deuda por Clima y Legaia, al tiempo que se exhibían las impactantes fotografías de autores independientes y participantes de la "Marcha por la vida y contra Pemex". La crítica se centró en la falta de reparaciones integrales para las comunidades afectadas por incidentes como el prolongado incendio en una refinería de Veracruz.
El caso del pozo Krem-1, en Las Choapas, Veracruz, que permaneció en llamas desde marzo hasta principios de agosto, fue uno de los puntos álgidos de la denuncia. A pesar de que Pemex anunció su cierre y prometió reparaciones, y el ayuntamiento local confirmó el inicio de pagos, los activistas señalan que la respuesta ha sido insuficiente y tardía, dejando a las comunidades en una situación de vulnerabilidad prolongada.
Otro foco de preocupación fue el reciente derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. Aunque Pemex reconoció una fuga en un oleoducto y separó a tres funcionarios, la magnitud del daño ambiental es alarmante. La Red Corredor Arrecifal documentó la presencia de hidrocarburos en 113 sitios a lo largo de 1,168 kilómetros de costa, desde Tabasco hasta Tamaulipas. Los manifestantes exhibieron carteles que señalaban la alarmante cifra de casi 1,500 derrames y fugas, evidenciando un patrón de incidentes recurrentes.
Desde el noreste del país, Karina Villalba, de Noreste Sin Fracking, alzó la voz para rechazar la designación de Coahuila y Nuevo León como "zonas de sacrificio". Villalba recordó que estas regiones han sido pilares del desarrollo industrial y energético de México durante décadas, pero a cambio han soportado una carga desproporcionada de contaminación, problemas de salud y conflictos por el acceso al agua.
Emanuel Cruz Solano, de Hackers por Nuestro Futuro, hizo un llamado urgente a un cambio radical en la política energética y ambiental del país. "No podemos permitir que lo intenten llamar como fracking sustentable, porque eso no existe", exclamó, desestimando cualquier intento de legitimar una práctica intrínsecamente dañina. Solano enfatizó la necesidad de forjar un "verdadero movimiento ambiental" capaz de oponerse firmemente al gobierno y a lo que describió como la "deuda corrupta de Pemex".
La protesta cobra especial relevancia al ocurrir apenas 10 días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara la realización de estudios para la extracción de gas no convencional, particularmente en Coahuila. El objetivo declarado es reducir la dependencia de Estados Unidos, país que actualmente suple el 75 por ciento del gas consumido en México. Esta iniciativa, sin embargo, ha generado profunda preocupación entre los grupos ambientalistas.
Un comité científico ha recomendado limitar los estudios de fracking a las cuencas Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, ubicadas entre Coahuila y Nuevo León, y excluir la zona de Tampico-Misantla. Además, se ha sugerido el uso de agua salada y el reciclaje de al menos el 75 por ciento del líquido empleado en el proceso. No obstante, estas recomendaciones no mitigan la inquietud de quienes ven en estas exploraciones una amenaza directa a los ecosistemas y a la salud pública.
"Las decisiones sobre nuestros territorios no pueden tomarse desde Palacio Nacional ni en comités que excluyen a quien los habita", advirtió Villalba, subrayando la importancia de la participación comunitaria y la autodeterminación territorial en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales.
En el contexto financiero, Pemex reportó una deuda significativa de 77,500 millones de dólares en junio, aunque esta cifra representó una disminución del 9.1 por ciento respecto al cierre de 2025. A pesar de esta reducción, las críticas sobre el respaldo financiero gubernamental persisten. Se proyecta que la paraestatal podría requerir un apoyo continuo, con nuevas transferencias federales destinadas a cubrir sus deudas en los próximos presupuestos, lo que genera interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal y ambiental de su operación.
La postura del gobierno, que busca fortalecer la autosuficiencia energética a través de la explotación de recursos fósiles, contrasta fuertemente con las demandas de los ambientalistas, quienes abogan por una transición acelerada hacia energías limpias y renovables. La tensión entre el modelo energético actual y la urgencia de la crisis climática se manifiesta en protestas como esta, que exigen un cambio de paradigma y priorizan la protección del medio ambiente sobre los intereses de la industria de hidrocarburos.
El debate sobre el futuro energético de México se intensifica, con voces que claman por un modelo de desarrollo sostenible y otras que defienden la explotación de recursos fósiles como vía para la soberanía y el crecimiento económico. La postura de la presidenta Sheinbaum, al explorar opciones como el fracking, pone de manifiesto las complejas disyuntivas que enfrenta el país en su camino hacia un futuro energético más seguro y, para muchos, más verde.
La comunidad científica y los grupos de la sociedad civil continúan monitoreando de cerca las acciones del gobierno y de Pemex, exigiendo transparencia y rendición de cuentas. La presión social y la evidencia científica sobre los impactos negativos de la industria de hidrocarburos son factores clave que configuran el panorama de la política energética mexicana y la lucha por la preservación del medio ambiente.
En este escenario, la protesta de los ambientalistas no es solo una denuncia de daños pasados, sino un llamado de alerta sobre los riesgos futuros y una exigencia para que México adopte un camino energético que priorice la sostenibilidad, la salud pública y la protección de sus valiosos ecosistemas. La pregunta fundamental sigue siendo si el país optará por un futuro anclado en los hidrocarburos o si dará el salto hacia las energías limpias que demandan las nuevas generaciones.