La Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido un comunicado que arroja una sombra de duda sobre la cooperación internacional y la efectividad de la justicia en el caso de 10 funcionarios del gobierno de Sinaloa, presuntamente reclamados por la justicia de Estados Unidos. Según la FGR, ninguno de estos individuos cuenta con una ficha roja de la Interpol, un mecanismo crucial para la localización y detención de personas buscadas por autoridades extranjeras.

Este hecho surge en medio de crecientes cuestionamientos sobre si la justicia estadounidense había solicitado formalmente la colaboración de la Interpol para dar con el paradero de estos funcionarios. La ausencia de una ficha roja, confirmada por la propia FGR, sugiere que, al menos hasta el momento, no se ha activado el protocolo de búsqueda internacional más conocido y efectivo.

La situación pone en relieve las complejidades y, en ocasiones, las lentas respuestas de los mecanismos de cooperación judicial entre México y Estados Unidos. Si bien la FGR asegura que se está colaborando, la falta de una alerta roja de Interpol para estos 10 señalados genera interrogantes sobre el alcance y la inmediatez de dicha colaboración.

¿Por qué no existen fichas rojas? Las razones pueden ser diversas. Podría tratarse de que la solicitud de Estados Unidos aún no ha sido procesada por los canales adecuados de Interpol, o que las autoridades mexicanas no han considerado pertinente emitirla, basándose en otros acuerdos bilaterales o en la naturaleza de los delitos imputados.

Sin embargo, desde la perspectiva de la seguridad y la justicia, la ausencia de esta alerta internacional es significativa. Las fichas rojas son herramientas vitales para prevenir que personas buscadas por la justicia evadan su responsabilidad penal, permitiendo su identificación y detención en cualquier parte del mundo.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en una posición delicada. Su administración está bajo escrutinio debido a estos señalamientos, y la falta de acciones contundentes por parte de la FGR para facilitar la cooperación internacional podría ser interpretada como una falta de voluntad o, peor aún, como un intento de proteger a los funcionarios implicados.

La inseguridad en México es un flagelo que no distingue niveles de gobierno. Cuando funcionarios públicos son señalados por delitos graves, especialmente por autoridades de un país vecino con el que se comparte una extensa frontera y una profunda interconexión, la respuesta debe ser inmediata y transparente.

La postura de la FGR, al informar sobre la ausencia de fichas rojas, podría ser vista como un intento de deslindar responsabilidades o de manejar la narrativa pública. Sin embargo, deja abierta la puerta a especulaciones sobre la verdadera profundidad de la cooperación y el compromiso de las autoridades mexicanas para enfrentar la criminalidad.

Este caso subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación judicial y de asegurar que las solicitudes de asistencia legal internacional sean atendidas con la celeridad y la seriedad que merecen, especialmente cuando se trata de individuos que podrían estar involucrados en actividades ilícitas de alto impacto.

La comunidad internacional, y en particular Estados Unidos, estará observando de cerca cómo se desarrolla este caso. La credibilidad de México en materia de cooperación judicial y lucha contra la delincuencia organizada está en juego.

La FGR tiene la responsabilidad de aclarar las razones detrás de la ausencia de fichas rojas y de garantizar que se sigan todos los procedimientos necesarios para cumplir con los compromisos internacionales en materia de justicia.

Mientras tanto, los 10 funcionarios sinaloenses señalados continúan en una zona gris, sin la presión internacional que una alerta roja de Interpol ejercería, lo que podría facilitar su localización y eventual detención.

La opacidad en este tipo de casos solo alimenta la desconfianza ciudadana y la percepción de impunidad, un problema endémico que México debe erradicar para fortalecer el Estado de derecho y la seguridad pública.

El gobernador Rocha Moya y su administración deben dar cuentas claras sobre la situación de estos funcionarios y asegurar que la justicia prevalezca, sin importar los niveles jerárquicos o las afiliaciones políticas.