Un escándalo de fraude y despojo sacude al transporte público concesionado en la Ciudad de México. Socios de la empresa Corredor Nueva Generación (Congesa) han alzado la voz para denunciar a José García Lagunas, quien presuntamente se ostenta ilegalmente como presidente del Consejo de Administración, por el desvío millonario de recursos y la ruina de casi un centenar de accionistas, la mayoría de ellos adultos mayores.
Los afectados, quienes representan el 80 por ciento de los socios, aseguran que García Lagunas ha orquestado un esquema para vaciar las arcas de la concesionaria, dejándolos sin utilidades y en una situación de extrema vulnerabilidad. Las acusaciones van desde la venta no autorizada de autobuses hasta la operación de unidades sin permiso oficial en rutas estratégicas de la capital, incluyendo el vital Corredor Circuito Interior, que conecta puntos clave como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Tacubaya y diversas estaciones del Metro.
El Despojo a los Accionistas
Congesa nació en 2012 con la promesa de modernizar la Ruta 03, reemplazando microbuses y camiones por 102 autobuses de alta capacidad. Los transportistas originales se convirtieron en accionistas con derecho a dividendos mensuales. Sin embargo, según los denunciantes, la gestión de García Lagunas ha desmantelado este modelo. La flota, que inició con 102 unidades, se ha desplomado a tan solo 25, y los pagos a los socios, que inicialmente eran de 5 mil pesos mensuales por placa, cayeron a 2 mil durante la pandemia y se suspendieron por completo en 2023, bajo el pretexto de "vagas explicaciones".
Uno de los testimonios más desgarradores proviene de un socio que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias. "Estamos desesperados, se supone que el gobierno de la Ciudad de México nos apoya, pero nos han ignorado", declaró, evidenciando la falta de respuesta de las autoridades ante su grave situación.
SEMOVI: Incompetencia o Indiferencia
Ante la gravedad de las acusaciones y la falta de soluciones, los socios inconformes han recurrido a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Sin embargo, la respuesta de la SEMOVI ha sido tajante: se declaran incompetentes. La dependencia argumenta que, al tratarse de un conflicto financiero entre particulares, carece de facultades legales para intervenir.
"Respecto a las denuncias por presuntos impagos, La SEMOVI no tiene atribuciones para fiscalizar los ingresos de las empresas de transporte público concesionado; por tratarse de asuntos en materia civil y mercantil, se reitera la importancia de dirimir esos reclamos ante las instancias jurisdiccionales competentes", señaló la dependencia en un comunicado, lavándose las manos ante el drama humano y financiero de los afectados.
Amenaza de Bloqueo al AICM
La desesperación ha llevado a los socios a considerar medidas de presión extremas. Ante la falta de resoluciones y el aparente desinterés de las autoridades, han advertido que planean realizar un bloqueo en el Circuito Interior, a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El objetivo es claro: visibilizar su problemática y forzar una solución ante el incumplimiento de sus demandas.
"El 80 por ciento de los socios somos adultos mayores que teníamos microbuses, acudíamos a juntas de Congesa, pero en los últimos años José García Lagunas ya no nos da la cara y las autoridades nos dicen que es bronca nuestra y como somos gente mayor, nos ignoran y ya", lamentó otro de los afectados, exponiendo la crueldad con la que han sido tratados.
Negocio Familiar y Unidades Irregulares
Las denuncias apuntan a que García Lagunas ha manejado la concesión como un negocio personal y familiar, especialmente desde la pandemia de COVID-19 en 2020. Se acusa al directivo de haber comprado 10 autobuses usados, fuera de norma y en pésimo estado, pretendiendo cobrarlos como si fueran nuevos. La propia SEMOVI tuvo que requerir una justificación sobre la presencia de estos vehículos.
Posteriormente, el directivo habría registrado camiones nuevos a nombre de sus hijos e incondicionales, mientras argumentaba ante los inversionistas originales que la flota era obsoleta e insolvente para justificar la suspensión de pagos. "Básicamente metió unidades nuevas a nombre de sus hijos y las unidades más viejas sabemos que las vendió en el Estado de México sin reportarle a nadie. Entonces a nosotros nos dice García Lagunas ‘ya no hay camiones de ustedes’, entonces ahora no tenemos nada, ni placas, ni camiones, ni dinero", relató uno de los socios, evidenciando el presunto fraude en su máxima expresión.
El Contexto de la Concesión
Congesa, nacida de la modernización de la Ruta 03, representó en su momento un avance significativo en el transporte público de la capital. La sustitución de microbuses por autobuses de alta capacidad y la integración de los antiguos transportistas como accionistas buscaba mejorar la calidad del servicio y la seguridad. Sin embargo, la presunta mala gestión y el desvío de recursos por parte de García Lagunas han convertido esta iniciativa en una pesadilla para sus inversionistas originales.
La situación se agrava al considerar que muchos de los socios afectados son adultos mayores que dependían de estos dividendos para su sustento y atención médica. La falta de ingresos los ha llevado a situaciones críticas, obligando a algunos a malvender sus títulos accionarios ante la presión financiera y la falta de respuesta de las autoridades.
Implicaciones y Futuro
Este caso pone de manifiesto las fallas en la regulación y supervisión del transporte público concesionado en la Ciudad de México. La declaración de incompetencia de la SEMOVI abre la puerta a que casos similares queden impunes, mientras los responsables se benefician del despojo a los ciudadanos y trabajadores del volante.
La amenaza de bloqueo al AICM subraya la urgencia de una intervención efectiva. Si las autoridades no actúan, la ciudad podría enfrentar un nuevo foco de caos y afectación a la movilidad, derivado de la negligencia y la presunta corrupción en el sector.
La lucha de los socios de Congesa es un llamado de atención sobre la necesidad de mecanismos de fiscalización más robustos y una voluntad política real para proteger los derechos de los inversionistas y garantizar un servicio de transporte público eficiente y transparente.
El futuro de Congesa y de sus accionistas pende de un hilo. La pelota está ahora en la cancha de las autoridades capitalinas, quienes deberán decidir si actúan para remediar esta injusticia o permiten que el fraude prospere a costa del bienestar de decenas de familias.