La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, ha lanzado una advertencia clara desde Zacatecas: el esfuerzo de las fiscalías y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas no es suficiente si no se acompaña de un presupuesto adecuado y el uso de tecnología. En el marco de las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de la Región Occidente, Godoy Ramos puso el dedo en la llaga, señalando que la falta de recursos económicos es un obstáculo mayúsculo para avanzar en la localización de miles de mexicanos que continúan en calidad de desaparecidos.
La declaración de Godoy Ramos, si bien reconoce la labor de quienes buscan incansablemente a sus seres queridos, subraya una realidad cruda y persistente en México: la insuficiencia presupuestaria que aqueja a las instituciones encargadas de la procuración de justicia y la investigación de delitos. Este señalamiento, proveniente de la máxima autoridad en materia de justicia federal, resuena con fuerza en un país que enfrenta una crisis de desapariciones sin precedentes, donde las cifras oficiales continúan escalando a pesar de los esfuerzos.
La funcionaria federal enfatizó que la simple voluntad y el trabajo arduo, aunque loables, se ven mermados ante la carencia de herramientas y financiamiento. La tecnología, que podría ser un aliado fundamental en la identificación de fosas clandestinas, el análisis de datos forenses y el rastreo de posibles ubicaciones, se convierte en un lujo inalcanzable para muchas fiscalías estatales y municipales, ahogadas por presupuestos raquíticos. La brecha entre la necesidad y la disponibilidad de recursos se amplía, dejando a las familias de los desaparecidos en un estado de desesperanza cada vez mayor.
Este llamado de atención por parte de Ernestina Godoy no es nuevo. A lo largo de su gestión, y en administraciones anteriores, la FGR y las fiscalías estatales han manifestado recurrentemente la necesidad de un mayor respaldo financiero para poder cumplir cabalmente con sus responsabilidades. Sin embargo, la respuesta parece ser siempre la misma: promesas vagas y recortes presupuestarios que perpetúan el ciclo de ineficiencia y frustración.
La situación en Zacatecas, donde se llevó a cabo el encuentro, es particularmente sensible. El estado ha sido escenario de una escalada de violencia ligada al crimen organizado, lo que se ha traducido en un aumento alarmante de desapariciones. Los colectivos de búsqueda, integrados en su mayoría por madres y padres que buscan a sus hijos, han documentado la existencia de fosas clandestinas y han denunciado la falta de apoyo por parte de las autoridades locales y federales para llevar a cabo sus labores de manera efectiva y segura.
La exigencia de Godoy Ramos de "encontrar a las y los desaparecidos" no es solo un deseo, sino una obligación del Estado mexicano. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece claramente las responsabilidades de las autoridades en la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Sin embargo, la falta de presupuesto se erige como un muro infranqueable para la plena implementación de esta ley.
El contexto de la inseguridad en México, marcada por la presencia y operación de grupos delictivos con alta capacidad de fuego y alcance territorial, complica aún más las tareas de búsqueda. Las fiscalías, a menudo rebasadas y con personal insuficiente, se enfrentan a escenarios de alto riesgo, donde la protección de los propios investigadores y de los familiares de las víctimas es una preocupación constante. La tecnología, como drones con cámaras térmicas, software de análisis forense avanzado o bases de datos genéticas interconectadas, podría marcar una diferencia sustancial, pero su adquisición e implementación requieren una inversión considerable que parece estar fuera del alcance del presupuesto actual.
Las implicaciones políticas de esta declaración son significativas. Pone de manifiesto las deficiencias estructurales del sistema de justicia mexicano y la aparente falta de priorización de un tema tan sensible como la crisis de desapariciones. Si bien el gobierno federal ha anunciado diversas estrategias para combatir la inseguridad, la insuficiencia de recursos destinados a las fiscalías encargadas de investigar y resolver estos crímenes sugiere una desconexión entre el discurso y la acción.
Las reacciones de los colectivos de búsqueda, aunque no se detallan explícitamente en la fuente, son predecibles. Seguramente han recibido con una mezcla de esperanza y escepticismo las palabras de Godoy Ramos. Esperanza, porque la titular de la FGR reconoce públicamente la necesidad de presupuesto; escepticismo, porque han escuchado estas mismas demandas en innumerables ocasiones sin ver soluciones concretas.
El "qué sigue" es incierto, pero la ruta es clara: se requiere una asignación presupuestaria robusta y transparente para las fiscalías, que permita la adquisición de tecnología de punta y la capacitación del personal. Además, es fundamental fortalecer la coordinación entre las fiscalías estatales, la FGR y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas. La rendición de cuentas debe ser una constante, asegurando que los recursos asignados se utilicen de manera eficiente y efectiva.
La declaración de Ernestina Godoy Ramos es un llamado de auxilio que no puede ser ignorado. La crisis de desapariciones en México exige una respuesta contundente y bien financiada. Dejar de lado la falta de presupuesto es perpetuar la impunidad y el dolor de miles de familias que esperan, contra toda esperanza, encontrar a sus seres queridos. La pregunta que queda en el aire es si las autoridades federales y estatales escucharán este clamor y actuarán en consecuencia, o si continuarán navegando a la deriva en un mar de promesas vacías y recursos insuficientes.
La urgencia de la situación demanda acciones inmediatas. No se trata solo de un problema de procuración de justicia, sino de una crisis humanitaria que requiere la atención prioritaria del Estado. La tecnología, si bien no es una panacea, puede ser un factor determinante para agilizar las investigaciones y aumentar las probabilidades de éxito en la localización de personas. Sin embargo, su implementación efectiva depende directamente de la voluntad política y la asignación de los recursos necesarios.
En este escenario, la crítica hacia la falta de presupuesto se vuelve un eje central. No se trata de culpar a los elementos de las fiscalías, quienes a menudo trabajan en condiciones precarias y con un alto nivel de estrés. La responsabilidad recae en quienes tienen la potestad de asignar los recursos y definir las prioridades presupuestarias. La inacción o la insuficiencia en este rubro se traduce directamente en la perpetuación de la crisis de desapariciones y en la negación de justicia para las víctimas y sus familias.
La postura de Ernestina Godoy Ramos, al visibilizar la carencia de presupuesto, abre una ventana de oportunidad para exigir un cambio de rumbo. Es un reconocimiento implícito de que las estrategias actuales, sin el respaldo financiero adecuado, están destinadas al fracaso. La sociedad civil, los colectivos de búsqueda y los propios funcionarios de justicia deben unir esfuerzos para presionar por una solución real y duradera a esta problemática que lacera al país.