La Fiscalía de Paraguay ha solicitado formalmente la prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña, imputándolo por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. La imputación se deriva de la investigación en curso sobre el cierre de Ueno Bank, entidad financiera que, según las autoridades, recibió millonarios fondos públicos durante la gestión de Peña y cuyo colapso ha generado una profunda crisis política y económica en el país.

Peña, quien fue destituido de la presidencia en un juicio político en el Senado apenas un día antes de la solicitud de la Fiscalía, compareció ante el Ministerio Público para rendir su primera declaración. La diligencia, inicialmente programada en una unidad especializada, fue trasladada por motivos de seguridad ante la expectación pública y la presencia de manifestantes.

El expresidente pasó la noche en el Regimiento Escolta Presidencial, luego de que su vivienda particular fuera rodeada por ciudadanos que expresaban su descontento. La detención se efectuó tras su destitución, declarándolo culpable de "mal desempeño de funciones" en el marco del proceso de juicio político.

La crisis desatada por el cierre de Ueno Bank, que contaba con 2.94 millones de clientes y cuyos fondos quedaron congelados, ha afectado a importantes instituciones estatales. La entidad, vinculada al Grupo Vásquez, recibió inversiones significativas de fondos públicos durante el mandato de Peña.

Junto a Peña, la Fiscalía también solicitó la detención de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP), quien renunció en medio de la crisis bancaria. Carvallo dirigió la Financiera Ueno antes de asumir la jefatura del BCP, y su directorio autorizó la creación de Ueno Bank poco después de su nombramiento.

La acusación contra Peña se basa en su presunta condición de accionista de Ueno Holding, conglomerado que poseía Ueno Bank. Según los informes, Peña habría vendido su participación en marzo de 2025, un detalle que forma parte de la investigación sobre el manejo de los fondos.

En total, la Fiscalía ha imputado a 27 personas en relación con el caso Ueno Bank, incluyendo a Miguel Vásquez, uno de los fundadores de la entidad. Vásquez y otros cinco directivos fueron trasladados a centros de detención para procesados.

La destitución de Santiago Peña activó el mecanismo de sucesión presidencial. Pedro Alliana, quien fungía como vicepresidente, asumió la titularidad del Poder Ejecutivo y juró completar el periodo presidencial hasta 2028. Posteriormente, Antonio Barrios juró como nuevo vicepresidente.

El nuevo gobierno, encabezado por Alliana, ha anunciado que buscará la colaboración de países "aliados" con alta tecnología para rastrear el paradero de los fondos manejados por Ueno Bank. Esta medida subraya la magnitud del desfalco y la complejidad de la recuperación de los activos.

La situación en Paraguay pone de manifiesto los riesgos inherentes a la supervisión financiera y la gestión de fondos públicos. El caso Ueno Bank ha generado un debate nacional sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para prevenir futuras crisis bancarias.

El colapso de Ueno Bank no solo ha impactado a clientes individuales y jubilados, sino que también ha puesto en entredicho la estabilidad del sistema financiero paraguayo. Las autoridades se enfrentan al desafío de restaurar la confianza pública y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones.

La investigación continúa, y se espera que en las próximas semanas se revelen más detalles sobre la presunta red de corrupción y malversación de fondos que habría operado en torno a Ueno Bank, con profundas implicaciones para la política y la economía de Paraguay.

El caso Ueno Bank se suma a una serie de escándalos financieros que han sacudido a la región, evidenciando la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en el sector bancario, especialmente en lo que respecta a la inversión de capital público en entidades privadas.