La reconocida activista por los derechos de la comunidad trans, Kenya Cuevas, ha alzado la voz para denunciar un presunto acto de transfobia institucional por parte del personal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). La denuncia surge tras su participación en una audiencia relacionada con el caso del transfeminicidio de Paola Buenrostro, ocurrido en 2016, un caso que ha sido emblemático en la lucha por el reconocimiento de la identidad de género y la tipificación de delitos con perspectiva de género.

Según relató Cuevas a los medios de comunicación al salir del juzgado, desde su llegada fue objeto de discriminación por parte de los elementos de seguridad, quienes la nombraron como "caballero", ignorando deliberadamente su identidad de género y su nombre legalmente reconocido. Este hecho, subrayó la activista, es particularmente doloroso y frustrante dado que ella misma ha sido una figura central en la promoción de políticas públicas y leyes destinadas a garantizar el respeto a la identidad de género de las personas trans en México.

Cuevas enfatizó que el personal del Ministerio Público insistió en utilizar su nombre registral, a pesar de que ella ha realizado el cambio legal correspondiente. Esta omisión, señaló, contraviene no solo su derecho a la identidad de género, sino también las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos y las propias leyes que ella ha impulsado junto a diversos colectivos trans a lo largo de la última década. La activista recordó que la lucha por el reconocimiento legal y social de las identidades trans ha sido ardua y prolongada.

La frustración de Cuevas se agudizó al constatar que la misma fiscalía que lleva la carpeta de investigación del caso Buenrostro actuó con omisiones discriminatorias. Señaló que el delito fue inicialmente clasificado como un simple homicidio, cuando en años anteriores se había logrado establecer un diálogo con la fiscalía para que se considerara como feminicidio, dada la naturaleza del crimen y el contexto de violencia de género. La ausencia del delito de transfeminicidio en el Código Penal de la Ciudad de México en aquel entonces, y la aparente falta de voluntad para reclasificarlo ahora, evidencian, para Cuevas, una profunda falta de capacitación y sensibilidad por parte de las autoridades.

"La misma recomendación 02/2019 indica que la identidad de género se tiene que respetar. Este caso ha sido emblemático, 10 años construyendo en conjunto con la fiscalía, en conjunto con las autoridades para que esto se modificara, no se hizo", declaró Cuevas, evidenciando la brecha entre los avances legislativos y la práctica cotidiana de las instituciones encargadas de impartir justicia.

La situación escaló cuando, durante la protesta de colectivos trans en apoyo a Cuevas y en exigencia de justicia por Paola Buenrostro, elementos de la Policía de Investigación habrían dispersado a los manifestantes utilizando gas y, según denuncias, recurriendo a golpes. Videos difundidos en redes sociales mostraban la intervención policial, generando indignación entre activistas y defensores de derechos humanos.

Respuesta de la Fiscalía y Negación de Transfobia Institucional

Ante las acusaciones y la protesta, la Fiscalía de la Ciudad de México emitió un comunicado para responder a las denuncias. La institución destacó la detención de Arturo "N", señalado como el probable responsable del transfeminicidio de Paola Buenrostro, calificando su presentación ante un juez como un "avance fundamental" para la resolución del caso.

La FGJ-CDMX reconoció el derecho de las víctimas y activistas a manifestarse y exigir justicia, mostrando comprensión por el "dolor y la indignación acumulados durante casi una década". Reiteraron su disposición a mantener abiertos los canales de diálogo, aunque admitieron la existencia de "diferencias respecto de aspectos jurídicos del proceso".

Sin embargo, la Fiscalía fue enfática al señalar que ninguna manifestación, por legítima que sea, puede justificar agresiones contra servidores públicos o daños a las instalaciones institucionales. Respecto a los señalamientos sobre el trato recibido por Kenya Cuevas, la institución afirmó tomarlos con seriedad, asegurando que cualquier error en la forma de dirigirse a las víctimas no refleja los estándares de atención que exigen a su personal.

La FGJ-CDMX negó categóricamente que exista una "práctica, instrucción o intención institucional de carácter transfóbico". Aseguraron mantener una instrucción expresa de brindar atención respetuosa y digna, reconocer la identidad de género de las personas y actuar con perspectiva de género en todos sus procesos.

El Contexto de la Lucha por la Identidad de Género

La denuncia de Kenya Cuevas y la represión de la protesta ponen de manifiesto los desafíos persistentes que enfrenta la comunidad trans en México para lograr el pleno reconocimiento de sus derechos y un trato digno por parte de las instituciones. A pesar de los avances legislativos y la creciente visibilidad de la agenda trans, la discriminación y la falta de capacitación especializada en dependencias clave como la fiscalía siguen siendo obstáculos significativos.

El caso de Paola Buenrostro, ocurrido hace una década, se convirtió en un punto de inflexión. La lucha de su familia y de activistas como Kenya Cuevas impulsó reformas legales y protocolos para visibilizar y sancionar la violencia contra personas trans. La tipificación del transfeminicidio, aunque aún en proceso de consolidación en diversas legislaciones locales, es un reflejo de esta batalla.

La intervención policial durante la protesta, con el uso de gas y presuntos golpes, añade una capa de preocupación sobre el manejo de las manifestaciones y la respuesta de las autoridades ante la exigencia de justicia por parte de colectivos vulnerabilizados. Organizaciones de derechos humanos han condenado estos actos y han exigido una investigación exhaustiva.

Implicaciones y Próximos Pasos

La situación actual subraya la necesidad de una capacitación continua y profunda para todo el personal de la FGJ-CDMX, especialmente para aquellos que interactúan directamente con víctimas y testigos. Es crucial que los protocolos de atención y las leyes de protección de la identidad de género se apliquen de manera consistente y sin excepciones.

La Fiscalía CDMX enfrenta ahora la presión de demostrar, con acciones concretas, su compromiso con la no discriminación y la perspectiva de género. La reclasificación del caso Buenrostro como transfeminicidio y la garantía de un proceso judicial justo y respetuoso para la víctima y su familia serán pruebas clave de su voluntad.

Por su parte, Kenya Cuevas y los colectivos trans continuarán su labor de exigencia y visibilización, buscando asegurar que casos como el de Paola Buenrostro no se repitan y que la justicia en la Ciudad de México sea verdaderamente inclusiva y respetuosa de todas las identidades.

La lucha por el reconocimiento pleno de los derechos de las personas trans es un proceso continuo que requiere la atención y el compromiso de toda la sociedad y, de manera fundamental, de las instituciones del Estado.