La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ha logrado, una vez más, asegurar un trato fiscal preferencial en México, a pesar de los esfuerzos del gobierno actual por acotar dichos beneficios. La administración de Andrés Manuel López Obrador anunció recientemente que logró limitar a solo este año una garantía fiscal que la administración anterior, encabezada por Enrique Peña Nieto, había otorgado a la FIFA. Esta medida buscaba que la organización, sus afiliadas, proveedores y socios involucrados en la realización de la Copa Mundial de 2026 disfrutaran de privilegios fiscales hasta 2028, una concesión clave para asegurar la nominación de México como sede del torneo.

Sin embargo, la noticia, aunque presenta una victoria parcial para el gobierno en su intento por recuperar ingresos fiscales, deja un sabor amargo al revelar la magnitud de los beneficios que la FIFA ha conseguido históricamente. La decisión de Peña Nieto de otorgar estas exenciones fiscales fue una estrategia para asegurar la sede del Mundial, un evento de gran relevancia deportiva y económica, pero que ahora se revela como un costo significativo para las arcas públicas.

La FIFA, conocida por su poder de negociación y su capacidad para obtener condiciones favorables en los países anfitriones, ha demostrado una vez más su habilidad para maximizar sus ganancias. Los privilegios fiscales otorgados no solo benefician a la organización matriz, sino también a un amplio espectro de entidades asociadas, incluyendo patrocinadores y empresas proveedoras, quienes se verán exentas de pagar impuestos sobre sus actividades relacionadas con el torneo.

Este tipo de acuerdos fiscales, si bien pueden ser presentados como necesarios para atraer eventos de gran envergadura, generan un debate constante sobre la equidad y la transparencia. Críticos señalan que estas exenciones representan una pérdida considerable de recursos que podrían destinarse a inversión pública en áreas como salud, educación o infraestructura, beneficiando directamente a la población.

La administración de López Obrador, al intentar revertir parte de estos beneficios, busca enviar un mensaje de austeridad y de combate a la corrupción y los privilegios. No obstante, el hecho de que la FIFA mantenga exenciones hasta 2026, a pesar de la intervención gubernamental, subraya la influencia y el poder de la organización en el escenario internacional.

El Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, es un evento que promete generar una derrama económica considerable. Sin embargo, la pregunta clave es quién se beneficia realmente de esta derrama. Si bien el turismo y la actividad económica local se verán impulsados, la estructura de los acuerdos fiscales sugiere que una parte significativa de las ganancias podría no ser reinvertida en el país.

La FIFA, como entidad rectora del fútbol mundial, tiene la responsabilidad de asegurar que los eventos que organiza dejen un legado positivo y sostenible en las sedes. Esto no solo implica la organización deportiva, sino también la transparencia en los acuerdos financieros y fiscales, y la garantía de que los beneficios económicos se compartan de manera equitativa.

El caso mexicano pone de manifiesto la necesidad de una mayor regulación y escrutinio sobre los acuerdos fiscales otorgados a organizaciones deportivas internacionales. Es fundamental que los gobiernos evalúen cuidadosamente los costos y beneficios de albergar grandes eventos, asegurando que las exenciones fiscales sean limitadas, justificadas y que no comprometan el interés público.

La decisión de la administración de Peña Nieto de otorgar estos privilegios fiscales hasta 2028, ahora acotados por el gobierno actual hasta 2026, es un recordatorio de las complejas negociaciones que implican la organización de eventos globales. Si bien la FIFA es un actor clave en el deporte, sus acuerdos financieros deben ser transparentes y justos para todas las partes involucradas.

El legado del Mundial 2026 en México no solo se medirá por los resultados deportivos o la infraestructura construida, sino también por la forma en que se gestionaron los recursos y se protegieron los intereses nacionales. La reciente modificación de la garantía fiscal es un paso en la dirección correcta, pero la lucha por una mayor equidad fiscal en el deporte internacional apenas comienza.

La FIFA, al asegurar estos beneficios, refuerza su posición como una entidad poderosa que puede dictar términos en las negociaciones. Esto plantea interrogantes sobre la soberanía fiscal de los países y su capacidad para establecer sus propias políticas impositivas frente a las demandas de organizaciones supranacionales.

En última instancia, la gestión de los beneficios fiscales para eventos como la Copa Mundial es un delicado equilibrio entre atraer inversión y proteger los recursos públicos. La administración actual ha dado un paso para corregir lo que considera un exceso en las concesiones anteriores, pero el impacto total de estas decisiones aún está por verse.

La FIFA, como beneficiaria de estos acuerdos, tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con el desarrollo del fútbol en México y con la responsabilidad social corporativa. Esto implicaría una mayor transparencia en sus operaciones financieras y una disposición a negociar acuerdos que beneficien equitativamente tanto a la organización como al país anfitrión.

El debate sobre los privilegios fiscales de la FIFA continuará, y es crucial que la opinión pública y los organismos de fiscalización mantengan una vigilancia constante para asegurar que los grandes eventos deportivos contribuyan al desarrollo sostenible y no solo a la acumulación de beneficios para unas pocas entidades.