La Fiscalía General de la República confirmó que ha iniciado el proceso de citación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios públicos señalados por autoridades estadounidenses de mantener vínculos con el narcotráfico.
Según informó la dependencia federal, los servidores públicos mencionados en los señalamientos provenientes de Estados Unidos "están siendo citados" para comparecer a entrevistas como parte de una indagatoria abierta por estos hechos.
Las acusaciones desde territorio estadounidense han generado un escándalo político de proporciones mayúsculas, poniendo en entredicho la credibilidad de figuras clave del actual gobierno y evidenciando la profundidad de la infiltración del crimen organizado en estructuras estatales.
La FGR no precisó fechas específicas para las comparecencias ni detalló la naturaleza exacta de los cargos que se investigan, manteniendo hermetismo sobre el alcance de la investigación que involucra a funcionarios de alto nivel.
El caso representa un nuevo capítulo en la crisis de seguridad y corrupción que atraviesa el país, donde las acusaciones de colusión entre autoridades y cárteles de la droga se han vuelto cada vez más frecuentes y documentadas.
Rocha Moya, figura prominente del partido gobernante en Sinaloa, enfrenta ahora el mayor desafío de su carrera política mientras las autoridades federales avanzan en un proceso que podría tener repercusiones tanto legales como electorales para su movimiento político.