La Fiscalía General de la República convocó a Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia como gobernador de Sinaloa, para que acuda a "rendir entrevista" en relación con las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses sobre presuntos sobornos recibidos del cártel de Sinaloa. La citación marca un nuevo capítulo en el escándalo que ha sacudido al mandatario estatal.

Las autoridades norteamericanas señalaron previamente que Rocha Moya habría mantenido vínculos financieros con la organización criminal sinaloense, acusaciones que ahora la fiscalía mexicana busca investigar formalmente. El gobernador con licencia deberá presentarse ante los agentes del Ministerio Público para responder sobre estos señalamientos que han generado cuestionamientos sobre la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales.

En un expediente separado pero igualmente delicado, la FGR también citó a María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, aunque en calidad de testigo. Su comparecencia se relaciona con la investigación abierta por delitos contra la seguridad nacional derivados de un operativo antinarcóticos en el que participaron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.

El caso de la CIA en territorio mexicano ha generado tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre la soberanía nacional. La fiscalía investiga las circunstancias bajo las cuales elementos de inteligencia extranjera operaron en suelo mexicano sin la debida coordinación con autoridades locales, lo que podría constituir violaciones a la legislación sobre seguridad nacional.

Ambas citaciones fueron calificadas por la FGR como parte de "procedimientos" de investigación rutinarios, aunque el contexto político y la gravedad de las acusaciones sugieren que los casos tendrán repercusiones significativas. La comparecencia de Rocha Moya será especialmente observada, dado que las acusaciones de nexos con el narcotráfico han empañado su gestión y forzado su separación temporal del cargo.

La convocatoria a los dos mandatarios estatales refleja la complejidad de los desafíos que enfrenta México en materia de seguridad, donde las fronteras entre el poder político y el crimen organizado continúan siendo objeto de escrutinio tanto nacional como internacional.