La Fiscalía General de la República notificó este sábado que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otras nueve personas acusadas por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con el narcotráfico, han sido formalmente citados para comparecer ante el Ministerio Público Federal.
La dependencia federal informó mediante redes sociales que los señalamientos realizados por la Corte del Distrito Sur de Nueva York obligan a realizar entrevistas exhaustivas con cada uno de los implicados. La investigación busca esclarecer las acusaciones de narcotráfico y posesión ilegal de armas que pesan sobre el círculo cercano al gobierno sinaloense.
El caso tomó un giro dramático la semana anterior cuando Gerardo Mérida Sánchez, quien fungía como responsable de seguridad en Sinaloa, se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses. Esta acción desató especulaciones sobre una posible cooperación con la justicia norteamericana que podría comprometer aún más al círculo político del estado.
En un movimiento paralelo que genera suspicacias, la FGR también citó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como testigo en el caso del operativo contra un narcolaboratorio donde participaron agentes de la CIA. Campos recibió personalmente el citatorio este sábado y deberá presentarse el próximo miércoles 27 de mayo.
La mandataria chihuahuense no ocultó su molestia y acusó públicamente a Morena de utilizar las instituciones federales para persecución política. Cuestionó abiertamente por qué ella es citada de inmediato mientras que Rocha Moya, señalado directamente por narcotráfico, recibe un trato aparentemente diferenciado.
Hasta el momento, el gobierno federal mantiene su postura de no extraditar a los señalados, argumentando que Estados Unidos no ha presentado las pruebas suficientes para justificar detenciones urgentes. Sin embargo, la presión internacional y las evidencias que podrían surgir de la cooperación de Mérida Sánchez mantienen el caso en punto de ebullición.
La citación de Rocha Moya representa un momento crítico para la administración sinaloense, cuestionada desde hace meses por su supuesta cercanía con estructuras del crimen organizado. Las entrevistas ministeriales determinarán si existen elementos suficientes para proceder legalmente contra el gobernador con licencia.
La ciudadanía sinaloense observa con preocupación cómo la inseguridad que ha azotado al estado durante años podría tener raíces más profundas de lo imaginado, alcanzando los niveles más altos del poder político local.