La Fiscalía General de la República emitió citatorios formales a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que rindan declaración sobre sus presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico. El llamado se produce en el marco de la investigación del operativo conjunto con agentes de la CIA que sacudió al país hace semanas.
La convocatoria de la FGR coloca a ambos mandatarios estatales en el centro de un escándalo que ha generado cuestionamientos sobre la infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno. Campos y Rocha Moya deberán comparecer ante las autoridades federales para aclarar su participación o conocimiento de las actividades investigadas.
El caso de Rocha Moya resulta particularmente delicado, dado que Sinaloa enfrenta una crisis de violencia sin precedentes y el gobernador ya había solicitado licencia en medio de señalamientos sobre su gestión de seguridad. La citación de la Fiscalía añade presión sobre un mandatario cuya administración ha sido señalada repetidamente por su incapacidad para contener la ola criminal que azota la entidad.
Por su parte, Maru Campos enfrenta ahora el reto de despejar las dudas sobre su gobierno en un estado históricamente afectado por la presencia del narcotráfico. La gobernadora de Chihuahua deberá explicar ante la FGR cualquier conexión que las investigaciones hayan detectado entre su administración y las redes criminales.
La intervención de agentes de la CIA en territorio mexicano ya había generado controversia diplomática y política. Ahora, con gobernadores en activo siendo llamados a declarar, el escándalo alcanza dimensiones que ponen en entredicho la credibilidad de las instituciones estatales en zonas clave del país.
La FGR no ha revelado detalles específicos sobre las líneas de investigación, pero fuentes cercanas al caso sugieren que el operativo con personal estadounidense destapó información comprometedora sobre funcionarios de alto nivel. Los citatorios marcan un punto de inflexión en la estrategia federal contra la corrupción vinculada al crimen organizado.
Tanto Campos como Rocha Moya tendrán que presentarse en las próximas semanas ante los fiscales federales. El desenlace de estas comparecencias podría redefinir el mapa político de dos estados estratégicos y enviar un mensaje sobre los límites de la impunidad en las gubernaturas.