La Fiscalía General de la República emitió un citatorio sin precedentes contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para comparecer el próximo miércoles en el marco de una investigación federal. La mandataria panista recibió personalmente el requerimiento, programado para las 10 de la mañana.
La Constitución mexicana otorga protección del fuero a los gobernadores en funciones, impidiendo que sean llamados a procedimientos penales sin un proceso previo de desafuero. La citación directa de la FGR representa una maniobra jurídica inusual que ha generado cuestionamientos sobre su constitucionalidad y respeto a la soberanía estatal.
Campos Galván denunció públicamente lo que calificó como "persecución política" orquestada desde Palacio Nacional. La gobernadora contrastó su situación con el trato que la administración federal ha dispensado a figuras de Morena, incluyendo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y legisladores señalados por autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el narcotráfico.
"Otra vez, aquí está el doble rasero de Morena. Lamento que usen las instituciones para esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas", declaró la mandataria chihuahuense tras recibir el documento.
La gobernadora anunció que su equipo legal analizará la fundamentación del citatorio antes de definir su respuesta. Campos destacó que su administración ha combatido frontalmente al crimen organizado y trabajado por la seguridad de los chihuahuenses.
Durante la recepción del requerimiento fiscal, la gobernadora estuvo acompañada por su consejero jurídico José Carlos Rivera, el secretario general de Gobierno Santiago De la Peña, y el abogado Roberto Gil Zuarth, entre otros funcionarios de primer nivel.
El caso abre interrogantes sobre el uso del aparato de justicia federal en tiempos electorales y la selectividad en la aplicación de la ley. Mientras la FGR activa investigaciones contra opositores, persisten señalamientos sin consecuencias contra funcionarios del partido gobernante acusados de vínculos con estructuras criminales.