La Fiscalía General de la República desató un fin de semana de crisis política al notificar citatorios simultáneos contra dos gobernadores: Rubén Rocha Moya, mandatario con licencia de Sinaloa, y María Eugenia Campos, titular del ejecutivo en Chihuahua. Ambos casos revelan la profundidad de los problemas de seguridad nacional que enfrentan sus administraciones.

Rocha Moya, figura prominente de Morena, fue señalado directamente por el gobierno estadounidense como colaborador del Cártel de Sinaloa. Washington incluyó al gobernador sinaloense en una lista de diez personas vinculadas con la organización criminal, acusación que la FGR ahora investiga formalmente. El mandatario, quien ya solicitó licencia y cedió el cargo interinamente a Yeraldine Bonilla, respondió en redes sociales proclamándose "hombre probo" y prometiendo comparecer "con la cabeza bien alta". La retórica no disimula la gravedad: un gobernador de la llamada Cuarta Transformación acusado de complicidad con el narcotráfico.

El caso de Campos Galván, aunque distinto en naturaleza, no es menos preocupante. La gobernadora panista deberá explicar por qué dos agentes de la CIA participaron en un operativo contra un narcolaboratorio en territorio chihuahuense sin notificación a las autoridades mexicanas correspondientes. La FGR investiga posibles delitos de "ejercicio ilícito de atribuciones" y violaciones a la seguridad nacional. Campos recibió personalmente el citatorio y lo calificó como "malas noticias para Chihuahua" que buscan "eliminar la institucionalidad".

La Fiscalía confirmó que las diez personas señaladas por Estados Unidos en el caso Sinaloa están siendo convocadas a rendir entrevista ministerial. Rocha Moya es la figura más prominente de esa lista, un golpe devastador para Morena que durante años ha presumido combatir la corrupción heredada de administraciones anteriores. Ahora uno de sus gobernadores enfrenta acusaciones de ser pieza del entramado criminal que dice combatir.

Campos deberá presentarse el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas ante la FGR. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, detalló que además del operativo con agentes estadounidenses, se investigan implicaciones de seguridad nacional. La fecha de comparecencia de Rocha Moya aún no se ha hecho pública, aunque el sinaloense aseguró que atenderá "el requerimiento" cuando sea llamado.

Los citatorios simultáneos exponen la fragilidad institucional en estados clave. Sinaloa, bastión histórico del narcotráfico, ahora con un gobernador morenista acusado de complicidad. Chihuahua, frontera estratégica, con operaciones de inteligencia extranjera sin supervisión adecuada. Ambos casos subrayan el fracaso de las promesas de transformación y el deterioro de la soberanía nacional en materia de seguridad.

La FGR enfrenta ahora la prueba de fuego: investigar con seriedad a figuras políticas de primer nivel sin ceder a presiones partidistas. Para Morena, el caso Rocha representa una mancha imposible de ignorar en su narrativa de regeneración moral. Para el país, ambos escándalos confirman que la crisis de seguridad y legalidad trasciende colores partidistas y alcanza los niveles más altos del poder estatal.