La Fiscalía General de la República (FGR) ha lanzado una andanada de acusaciones contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, señalándola por presuntamente incumplir un citatorio y negarse a colaborar en una investigación. Sin embargo, la defensa de la mandataria estatal no se ha quedado de brazos cruzados y ha respondido con contundencia, desmintiendo las afirmaciones de la dependencia y apuntando a una posible estrategia de persecución política.
Roberto Gil Zuarth, uno de los abogados de Maru Campos, calificó de "totalmente falso" el señalamiento de que la gobernadora no cumplió con el requerimiento de la FGR. Según Gil Zuarth, las declaraciones del vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, carecen de fundamento y parecen ignorar la naturaleza de los documentos emitidos.
El jurista detalló que la FGR ha incurrido en imprecisiones significativas en sus citatorios. Explicó que a la gobernadora se le notificó una comparecencia en Ciudad Juárez, mientras que otro documento exigía su presencia en la Ciudad de México, generando confusión y dudas sobre la seriedad del proceso.
"Parece que no leyó el documento", sentenció Gil Zuarth respecto a las declaraciones de Lara, al subrayar que el citatorio no especificaba claramente qué hechos se investigan ni qué tipo de información se esperaba obtener de la gobernadora. Esta falta de claridad, según la defensa, impide una colaboración efectiva y deja entrever una intención poco transparente por parte de la FGR.
La defensa de Maru Campos ha insistido en la necesidad de que el Ministerio Público precise la información que requiere. "Nosotros lo que pedimos es que digan qué información necesitan, qué información quieren obtener y vamos a responder sobre eso", declaró el abogado, mostrando una disposición a cooperar siempre y cuando se actúe con la debida diligencia y claridad procesal.
Otro punto de fricción ha sido la interpretación del fuero constitucional. La FGR argumentó que la gobernadora se escudó en su fuero para no declarar, pero Gil Zuarth aclaró que el fuero protege contra la acción penal, no contra actos de investigación. "La gobernadora no podía ser llamada a un acto de investigación", enfatizó, reiterando que la ley debe ser aplicada correctamente.
La situación se complica aún más con la reapertura de un caso relacionado con una denuncia previa interpuesta por el exgobernador Javier Corral. Aunque Maru Campos tiene una cita programada para este viernes en el Reclusorio Sur para discutir la posible reapertura de esta denuncia, sus abogados confirmaron que serán ellos quienes asistan en su representación, mientras ella atiende sus responsabilidades como mandataria estatal.
Gil Zuarth no ha dudado en calificar las acciones de la FGR como un "hostigamiento y una persecución política", atribuyendo la iniciativa a "Morena". Esta acusación de tinte partidista subraya la tensión política que rodea el caso y la percepción de la defensa de que se trata de un ataque orquestado desde el poder.
Por su parte, Maru Campos ha manifestado públicamente que acudió a la FGR para impugnar el citatorio, denunciando que se le convocó con el propósito de "fabricarle un delito". Esta declaración refuerza la narrativa de persecución política y la defensa de su inocencia ante lo que considera un embate infundado.
La FGR, a través de su vocero, ha insistido en que la gobernadora no colaboró y que se le notificó debidamente. Sin embargo, la defensa ha presentado argumentos sólidos sobre la imprecisión de los citatorios y la interpretación del fuero, dejando en entredicho la solidez de las acusaciones fiscales.
Este enfrentamiento legal y político pone de relieve las complejas dinámicas entre el gobierno federal y las administraciones estatales, especialmente cuando hay señalamientos de irregularidades o disputas políticas de por medio. La postura de la defensa de Maru Campos sugiere que no cederán ante lo que perciben como un intento de presión o desprestigio.
El caso sigue abierto y las próximas semanas serán cruciales para determinar el curso de las investigaciones y las posibles repercusiones políticas para la gobernadora de Chihuahua y el partido que la postula. La batalla legal apenas comienza, y la opinión pública estará atenta a los desarrollos.
La defensa de la gobernadora ha dejado claro que, si bien están dispuestos a colaborar, exigirán que se respeten los procedimientos legales y se actúe con transparencia. La pelota está ahora en la cancha de la FGR, que deberá responder a los cuestionamientos de la defensa y, si procede, emitir citatorios más precisos y fundamentados.
Este episodio se suma a la creciente tensión política en el país, donde las acusaciones y contraacusaciones entre el gobierno y la oposición son moneda corriente. La forma en que se resuelva este caso podría sentar un precedente importante en la relación entre las instituciones de justicia y los funcionarios públicos electos.