La Ciudad de México, epicentro de la vida política y social del país, enfrenta una crisis de justicia que se manifiesta de manera brutal en la impunidad de los feminicidios. Las cifras son escalofriantes: desde 2018, se han investigado mil 605 delitos de feminicidio o su tentativa, pero asombrosamente, solo 460 sentencias se han emitido. Esto significa que, en promedio, por cada tres casos investigados, apenas uno llega a una condena.

Este desolador panorama no es un hecho aislado, sino el reflejo de un sistema judicial que parece ahogarse en su propia burocracia y falta de recursos. Los retrasos en la impartición de justicia son de hasta siete años, un lapso de tiempo que para las familias de las víctimas representa una eternidad de dolor, incertidumbre y, sobre todo, una profunda sensación de abandono por parte del Estado.

La cifra de 460 sentencias emitidas desde 2018, frente a los mil 605 delitos investigados, revela una brecha alarmante. ¿Qué sucede con los más de mil casos restantes? ¿Se pierden en el laberinto judicial? ¿Faltan pruebas contundentes? ¿O es la ineficiencia la que impera? Las preguntas se agolpan, pero las respuestas claras escasean, alimentando la desconfianza ciudadana.

El feminicidio, definido como el asesinato de una mujer por razones de género, es la expresión más extrema de la violencia machista. Que la Ciudad de México, un referente nacional, no logre sentenciar a la mayoría de los responsables es un golpe demoledor a la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Cada sentencia no emitida es un grito ahogado de justicia para la víctima y un mensaje de impunidad para el agresor.

Las implicaciones de esta estadística son devastadoras. No solo se perpetúa el ciclo de violencia al no haber castigo para los perpetradores, sino que se envía un mensaje perverso a la sociedad: que la vida de una mujer, especialmente si es asesinada por razones de género, tiene un valor judicial menor. Esto, a su vez, fomenta un clima de miedo e inseguridad que afecta a toda la población, pero de manera desproporcionada a las mujeres.

La falta de sentencias no es solo un problema estadístico; es una falla sistémica que tiene nombres y apellidos. Implica la posible negligencia de fiscales, la ineficacia de peritos, la saturación de jueces o, en el peor de los casos, la corrupción que podría estar obstaculizando el curso de la justicia. La opacidad en los procesos judiciales solo agrava la percepción de que algo no funciona correctamente.

El contexto de la Ciudad de México, con su alta densidad poblacional y su compleja dinámica social, presenta desafíos particulares. Sin embargo, la magnitud de la problemática exige respuestas contundentes y eficientes. La administración actual, y las anteriores, han prometido combatir la violencia de género, pero las cifras demuestran que las acciones implementadas no han sido suficientes para garantizar el acceso a la justicia.

Las organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz en innumerables ocasiones, exigiendo protocolos más ágiles, mayor capacitación para el personal judicial y recursos suficientes para la investigación y persecución de estos delitos. Sus llamados, sin embargo, parecen caer en oídos sordos ante la inercia de las instituciones.

La tentativa de feminicidio, que también se investiga, es un indicador de que muchas mujeres están en riesgo extremo y que, a pesar de sobrevivir al ataque, la justicia tarda en llegar, si es que llega. La falta de sentencias en estos casos es igualmente preocupante, pues deja a las sobrevivientes en una situación de vulnerabilidad y sin la reparación del daño que merecen.

¿Qué sigue? La urgencia de una reforma profunda en el sistema de justicia penal de la Ciudad de México es innegable. Se requieren mecanismos de rendición de cuentas claros para los operadores de justicia, así como una inversión significativa en tecnología y personal capacitado. La transparencia en los procesos es fundamental para reconstruir la confianza ciudadana.

Además, es crucial fortalecer las medidas de prevención y atención a víctimas. La educación, la sensibilización y el apoyo psicológico y legal a las mujeres en riesgo son pilares que no pueden ser descuidados. La lucha contra el feminicidio no es solo una cuestión de castigo, sino de erradicación de las causas que lo originan.

La estadística de "una sentencia por cada tres casos" es un llamado de atención brutal. La Ciudad de México no puede permitirse seguir siendo un semillero de impunidad. Las autoridades deben asumir su responsabilidad y demostrar con hechos, no solo con discursos, que la vida de las mujeres es una prioridad y que la justicia, aunque tarde, debe prevalecer.

El camino es largo y complejo, pero la inacción ya no es una opción. La sociedad civil, las víctimas y sus familias exigen respuestas y resultados tangibles. La credibilidad del sistema judicial capitalino está en juego, y con ella, la seguridad y la dignidad de miles de mujeres.