El caso de Marilyn N, conocida como la "falsa psiquiatra", ha dado un nuevo giro. Un Juez de Control ha decidido mantenerla en prisión preventiva, rechazando su solicitud para suspender condicionalmente el proceso penal que enfrenta. La decisión, tomada en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, subraya la gravedad de las acusaciones y el riesgo que la imputada representa para la sociedad.

Negativa a la Libertad Condicional

Durante la audiencia, los abogados de Marilyn N argumentaron a favor de modificar las condiciones del proceso y permitirle recuperar su libertad. Sin embargo, tras escuchar los alegatos de la defensa, el Ministerio Público y los asesores jurídicos de las víctimas, el juez David Rodríguez González determinó negar la petición. Fuentes cercanas al caso informaron que el juzgador consideró que la imputada no presentó un plan lo suficientemente robusto para evitar la repetición de las conductas que se le imputan.

Además, el juez determinó que Marilyn N representa un riesgo tanto para las víctimas como para la salud pública en general. Esta resolución permitió que las víctimas, quienes han manifestado su temor a represalias, pudieran ser escuchadas durante la audiencia. Ahora, esperan una reparación integral que incluya no solo indemnización económica, sino también atención psicológica y garantías de seguridad.

Antecedentes del Caso

El caso se remonta a 2024, cuando pacientes comenzaron a denunciar a Marilyn N por presuntamente ejercer como psiquiatra sin contar con la especialidad ni la documentación profesional requerida. Las acusaciones incluyen la prescripción de medicamentos sin la debida autorización y un ejercicio profesional negligente que, según testimonios, agravó las condiciones de salud de sus pacientes.

Uno de los testimonios más impactantes provino de Alitzel García, quien fue paciente de Marilyn N entre 2019 y 2020. En una entrevista radiofónica, García relató que su tratamiento, que duró entre seis y ocho meses, no solo no curó su depresión, sino que incrementó su ansiedad. "Nunca mejoré, al contrario, la ansiedad se incrementó, nunca hubo mejoría", declaró, añadiendo que la imputada le cambiaba los medicamentos de forma muy rápida y le administraba altas dosis de antipsicóticos, lo que le provocó severos efectos secundarios.

Irregularidades y Detención

Las denuncias públicas y las investigaciones subsecuentes llevaron a la clausura definitiva del consultorio de Marilyn N, ubicado en Torres Médicas II, San Andrés Cholula, en noviembre de 2024. La clausura fue ejecutada por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Depris) tras detectar diversas irregularidades en el funcionamiento del establecimiento y en la práctica profesional de la imputada.

Marilyn N fue detenida el 21 de noviembre de 2024. Posteriormente, fue vinculada a proceso por los delitos de usurpación de profesión, amenazas y delitos contra la salud. Estos cargos reflejan la gravedad de las acciones que se le atribuyen y el impacto negativo en la vida de quienes confiaron en sus supuestos servicios profesionales.

Implicaciones y Contexto

Este caso pone de manifiesto la preocupante problemática de la charlatanería en el ámbito de la salud mental en México. La falta de regulación efectiva y la facilidad con la que individuos sin escrúpulos pueden hacerse pasar por profesionales de la salud representan un grave riesgo para la población, especialmente para aquellos en situaciones de vulnerabilidad emocional.

La decisión del juez de mantener a Marilyn N en prisión preventiva es un mensaje claro sobre la necesidad de proteger a la sociedad de quienes ejercen profesiones de alto riesgo sin la debida capacitación y autorización. La salud pública y la seguridad de los pacientes deben ser la máxima prioridad, y las autoridades judiciales tienen la responsabilidad de garantizar que se haga justicia.

El proceso penal contra Marilyn N continuará, y se espera que las víctimas reciban la reparación integral que merecen. Este caso servirá como precedente para reforzar los mecanismos de control y sanción contra la charlatanería médica, salvaguardando así el bienestar de los ciudadanos.

La persistencia de casos como el de Marilyn Cote subraya la urgencia de fortalecer los marcos legales y operativos que impiden la práctica ilegal de la medicina y la psicología. La sociedad mexicana demanda garantías de que quienes buscan ayuda profesional encuentren personal cualificado y ético, y no impostores que puedan causar un daño irreparable.