El Congreso de la Ciudad de México, en un ejercicio que parece más de propaganda que de solución real, ha aprobado un paquete de reformas destinadas a "reforzar" el combate a la extorsión. La noticia, difundida con bombo y platillo por los mismos legisladores que poco han hecho para frenar la ola de violencia que azota a la capital, presenta un panorama desolador: la inseguridad sigue siendo el talón de Aquiles de la administración, y las medidas adoptadas parecen más un intento desesperado por aparentar acción que una estrategia efectiva.
La iniciativa, que entre sus puntos más "innovadores" propone tipificar como delito el uso de la Inteligencia Artificial para la usurpación de identidad, evidencia una desconexión preocupante con la realidad que viven miles de capitalinos. Mientras los delincuentes siguen operando con impunidad, extorsionando a comerciantes y ciudadanos bajo la mirada pasiva de las autoridades, el Congreso se enfoca en delitos que, si bien existen, no representan la amenaza inmediata y generalizada que supone el crimen organizado.
Este tipo de acciones legislativas levantan serias dudas sobre la capacidad y la voluntad política para enfrentar la inseguridad en la Ciudad de México. La extorsión, en sus diversas modalidades, se ha convertido en un flagelo que ahoga la economía local y genera un clima de miedo y desconfianza. Los pequeños y medianos empresarios, quienes sostienen gran parte del empleo en la capital, son las principales víctimas de estos criminales que, lejos de ser disuadidos, parecen encontrar cada vez más resquicios para operar.
Los antecedentes de este problema son claros y preocupantes. Durante años, hemos sido testigos de cómo la delincuencia organizada ha ido ganando terreno en la Ciudad de México, infiltrándose en diversos sectores y estableciendo redes de operación que desafían a las fuerzas de seguridad. Las promesas de campaña y los discursos oficiales sobre "abrazos, no balazos" o "estrategias de pacificación" parecen haber tenido un efecto nulo o incluso contraproducente, permitiendo que la violencia y la criminalidad florezcan.
La aprobación de estas reformas llega en un momento crítico. La ciudadanía exige resultados tangibles, no ocurrencias ni medidas paliativas. La percepción generalizada es que las autoridades están rebasadas, y que las acciones emprendidas son insuficientes para proteger a la población. La falta de resultados contundentes en la reducción de delitos de alto impacto, como la extorsión, genera frustración y descontento, alimentando la sensación de abandono.
Es fundamental analizar el contexto político en el que se dan estas reformas. En un año electoral, es natural que los legisladores busquen proyectar una imagen de compromiso y eficacia. Sin embargo, la ciudadanía ya no se deja engañar fácilmente por discursos vacíos o por medidas que no se traducen en una mejora real de su seguridad. La prioridad debe ser desmantelar las redes criminales, fortalecer las instituciones de procuración de justicia y garantizar que los delincuentes sean castigados con todo el peso de la ley.
La inclusión de la Inteligencia Artificial como herramienta para la usurpación de identidad, si bien es un tema relevante en la era digital, desvía la atención de la urgencia de combatir la extorsión física y económica que sufren los negocios y las familias. ¿Cuántos casos de extorsión telefónica o "cobro de piso" se han resuelto efectivamente en los últimos meses? Las cifras oficiales, cuando se presentan, suelen ser maquilladas o no reflejan la magnitud del problema real.
Las organizaciones criminales han demostrado una gran capacidad de adaptación. Utilizan desde métodos tradicionales hasta tecnologías emergentes para llevar a cabo sus ilícitos. Combatirlas requiere una estrategia integral que combine inteligencia, investigación, prevención y, sobre todo, voluntad política. Las reformas aprobadas por el Congreso de la CDMX, en su estado actual, parecen quedarse cortas ante la complejidad del desafío.
La ciudadanía espera que sus representantes no solo aprueben leyes, sino que también garanticen su aplicación efectiva. Esto implica dotar de mayores recursos a las fiscalías y policías, mejorar los mecanismos de denuncia y protección a víctimas, y asegurar que los procesos judiciales sean ágiles y justos. De lo contrario, las reformas se convertirán en letra muerta, y la extorsión seguirá siendo una pesadilla para los habitantes de la capital.
Es imperativo que el Congreso de la Ciudad de México reevalúe sus prioridades y enfoque sus esfuerzos en las problemáticas que más afectan a la población. La lucha contra la extorsión debe ser una prioridad absoluta, y las medidas adoptadas deben ser contundentes y efectivas, no meros gestos simbólicos. La seguridad de los capitalinos no puede seguir siendo rehén de la ineficacia y la falta de resultados.