El exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza, ha salido al paso de versiones que circularon en medios nacionales, desmintiendo categóricamente que se haya entregado a las autoridades de Estados Unidos. La noticia, que generó revuelo, se basaba en una supuesta grabación donde se le veía en el Jardín Botánico de Culiacán, pero Almanza ha calificado estas afirmaciones como un acto de "desacreditación".
Almanza, quien ya había declarado públicamente el pasado martes 26 de mayo que no tenía intención de entregarse, reiteró su postura ante lo que considera una campaña de desprestigio. "Los invito a que digan la verdad porque para eso están", expresó brevemente en un video difundido por la periodista Michelle Rivera, haciendo un llamado a la veracidad de la información.
La confusión parece originarse en un registro de detención que circuló en redes sociales, el cual, si bien comparte su nombre, corresponde a un evento de 2013 y no a su situación actual. Este hecho subraya la delicadeza de la información que rodea a exfuncionarios sinaloenses bajo escrutinio internacional.
El Gobernador Rocha Moya y la Sombra del Narcotráfico
Las acusaciones contra Marco Antonio Almanza no son aisladas. Forman parte de un entramado más amplio que involucra al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve exfuncionarios. Las imputaciones, provenientes de Estados Unidos, son graves y abarcan desde asociación delictuosa para el tráfico de narcóticos hasta asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte.
En el caso particular de Almanza Avilés, las autoridades estadounidenses lo señalan de haber recibido sobornos millonarios. Se le acusa de permitir el libre tránsito de precursores químicos destinados a la fabricación de fentanilo, una droga sintética que ha devastado comunidades en ambos lados de la frontera. La presunta "cuota" recibida de "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa, no solo facilitaba estas operaciones ilícitas, sino que también permitía la liberación de miembros del cártel detenidos y la emisión de órdenes de aprehensión contra rivales.
Esta red de corrupción, de confirmarse, implicaría un nivel de penetración del crimen organizado en las estructuras de seguridad y gobierno de Sinaloa que resulta alarmante. La acusación directa contra el gobernador Rocha Moya, una figura política de alto perfil en México, eleva el caso a una crisis de seguridad y gobernabilidad de primer orden.
Funcionarios que Sí Cruzaron la Frontera
En contraste con la negativa de Almanza, hay casos confirmados de funcionarios sinaloenses que sí se han entregado a las autoridades estadounidenses. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, es uno de ellos. El pasado 11 de mayo, cruzó la garita de Nogales, Sonora, hacia Arizona, quedando bajo custodia de la DEA.
Mérida Sánchez enfrentará su primera audiencia el próximo 1 de junio en Nueva York. Hasta el momento, no hay indicios de que busque un acuerdo de colaboración con las autoridades, lo que sugiere una estrategia legal defensiva.
Adicionalmente, ha trascendido la posible detención de Enrique Díaz Vega, aunque esta información carece de confirmación oficial fehaciente por parte de las autoridades mexicanas. Sin embargo, la referencia a "dos funcionarios que se entregaron" en algunos reportes sugiere que su caso podría estar vinculado al de Mérida Sánchez.
Implicaciones y el Futuro de Sinaloa
La situación actual pone en jaque la administración de Rubén Rocha Moya y, por extensión, la estrategia de seguridad del gobierno federal en una región históricamente marcada por la presencia del crimen organizado. Las acusaciones de narcotráfico y corrupción contra altos mandos policiales y el propio gobernador abren un panorama sombrío para el estado.
La negativa de Almanza a entregarse, si bien es su derecho, no disipa las graves acusaciones en su contra. La justicia estadounidense ha demostrado ser persistente en sus investigaciones contra el crimen organizado mexicano, y la colaboración de exfuncionarios podría ser clave para desmantelar estas redes.
El caso subraya la urgencia de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia en México, así como de erradicar la corrupción que permite la operación impune de los cárteles. La credibilidad del gobierno de Sinaloa y la confianza ciudadana están en juego, y las investigaciones en curso serán determinantes para el futuro político y social del estado.
La postura de Almanza, de defender su inocencia y exigir que se diga la verdad, contrasta con la gravedad de las imputaciones. La pelota está ahora en la cancha de las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses, para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.