Red criminal en 11 municipios
Investigaciones federales han destapado una presunta red de penetración del Cártel de Sinaloa en once ayuntamientos morelenses, según documentos de la causa penal 170/2026 de la Fiscalía General de la República. El caso exhibe cómo la organización criminal buscó cooptar estructuras de gobierno local para garantizar rutas de narcotráfico y desvío de recursos públicos.
La amenaza que nunca llegó
Raúl Tadeo Nava, exalcalde de Cuautla convertido en testigo protegido, declaró ante ministeriales que Júpiter Araujo Benard —alias "El Barbas", presunto líder del cártel en la entidad— lo obligó a transmitir un ultimátum a la gobernadora Margarita González Saravia. El mensaje: permitir libre tránsito de drogas, entregar control de presupuestos municipales y colocar operadores criminales en puestos clave de los ayuntamientos a cambio de "pacificar" el estado.
Según el testimonio, "El Barbas" advirtió que la mandataria "no se pasara de cabrona" reteniendo fondos y exigió respuesta en tres días vía WhatsApp. Sin embargo, la carpeta de investigación no contiene prueba alguna de que Tadeo Nava haya cumplido la orden de entregar el recado. El gobierno estatal negó categóricamente haber recibido amenazas o acercamientos del crimen organizado.
"La Empresa": saqueo institucionalizado
La estructura criminal, conocida localmente como "La Empresa", operaba financiando campañas políticas, lavando dinero mediante obras públicas —como una Casa de la Cultura en Yecapixtla— y desviando recursos. En Cuautla, las licencias de uso de suelo se cobraban en efectivo para entregar el dinero directamente a la delincuencia organizada, según consta en expedientes judiciales.
El Operativo Enjambre derivó en la detención del tesorero de Cuautla, los exalcaldes de Atlatlahucan y Yecapixtla, además de funcionarios de Amacuzac. Permanecen prófugos "El Barbas", el alcalde actual de Cuautla Jesús Corona Damián y su secretario del ayuntamiento, entre otros.
Coordinación institucional cuestionada
La gobernadora González Saravia reafirmó su compromiso de trabajar con el gobierno federal para combatir la delincuencia, aunque las revelaciones ministeriales evidencian la profundidad de la infiltración criminal en estructuras que debieron ser vigiladas por autoridades estatales y federales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continúa las investigaciones para desarticular la red que controló ayuntamientos completos durante años.