La red de complicidad entre autoridades y el crimen organizado en México sigue desmoronándose, esta vez con la presunta entrega a Estados Unidos de Marco Antonio Almanza Avilés, quien hasta hace poco ostentaba el cargo de jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. La noticia, confirmada por fuentes del Departamento de Justicia de la Unión Americana, pone de manifiesto la profunda infiltración del narcotráfico en las estructuras de seguridad del país, un fenómeno que ha sido denunciado y combatido, al menos en discurso, por el gobierno federal.

Almanza Avilés no es un pez pequeño en este esquema. Se le señala como uno de los diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno sinaloense acusados de colaborar estrechamente con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción liderada por Los Chapitos, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. La acusación formal proviene de una corte federal en el Distrito Sur de Nueva York, que ha estado desentrañando las operaciones financieras y de protección que el cártel mantenía con figuras clave dentro del aparato estatal.

La entrega de Almanza Avilés, que habría ocurrido el pasado jueves 28 de mayo, se da en un contexto de creciente presión por parte de Estados Unidos para desmantelar las redes de apoyo al narcotráfico. Si bien los detalles sobre los cargos específicos que enfrentará aún no se han revelado en su totalidad, la información preliminar apunta a una profunda implicación en actividades ilícitas que habrían facilitado las operaciones de Los Chapitos.

El Mecanismo de la Corrupción

De acuerdo con la acusación de la corte neoyorquina, el exfuncionario habría recibido pagos mensuales que rondaban los 16 mil dólares, equivalentes a unos 300 mil pesos mexicanos, como sobornos. Estos pagos, según las investigaciones, eran a cambio de brindar protección a las actividades de Los Chapitos en Sinaloa. La magnitud de estos sobornos subraya la capacidad del crimen organizado para cooptar a altos mandos policiales, comprometiendo la seguridad y la justicia.

Dentro de los documentos y registros incautados por las autoridades estadounidenses, Almanza Avilés era identificado con la clave "R1". Esta designación lo sitúa en el centro de una operación de corrupción a gran escala, donde su rol como jefe de la Policía de Investigación le permitía, y presuntamente le obligaba, a facilitar las operaciones del cártel. La impunidad con la que actuaba, según las acusaciones, era total, permitiendo que Los Chapitos operaran con una libertad alarmante en el estado.

Las responsabilidades atribuidas a Almanza Avilés van más allá de la simple protección. Se le acusa de emitir órdenes de arresto contra enemigos de Los Chapitos, de liberar a miembros del cártel que eran detenidos por otras corporaciones y, de manera crucial, de permitir el tránsito de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo, una droga sintética que ha devastado comunidades en Estados Unidos y que es una fuente principal de ingresos para el cártel.

Reuniones Clave y Traición a la Nación

La acusación detalla un encuentro crucial que habría sellado el pacto de corrupción. Se señala que el exjefe policial discutió y formalizó el acuerdo con Iván y Ovidio Guzmán López, hijos de "El Chapo", en uno de los ranchos de Iván en Sinaloa, aproximadamente entre 2017 y 2018. Este encuentro evidencia el nivel de confianza y la jerarquía que Almanza Avilés había alcanzado dentro de la estructura criminal, actuando no solo como un protector, sino como un socio operativo.

Además de facilitar las operaciones de narcotráfico y la producción de drogas sintéticas, Almanza Avilés habría proporcionado información sensible a Los Chapitos. Esto incluía detalles sobre investigaciones en curso y operaciones planificadas por el Ejército Mexicano y la Marina. Dicha información permitía al cártel anticipar movimientos, evadir la captura y trasladar sus operaciones y evidencias, demostrando una traición profunda a las instituciones de seguridad del Estado.

Los Cargos Formales

La acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York enumera varios cargos graves contra Marco Antonio Almanza Avilés. Entre ellos destacan:

  • Conspiración para la Importación de Narcóticos: Se le acusa de conspirar para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia los Estados Unidos. Este cargo es central en la lucha contra el narcotráfico transnacional.
  • Posesión de Ametralladoras y Dispositivos Destructivos: Se le imputa el uso y portación de armas de fuego de alto calibre, incluyendo ametralladoras, en el contexto de delitos de tráfico de drogas. Esto subraya la naturaleza violenta de las operaciones que presuntamente facilitó.
  • Conspiración para Poseer Ametralladoras y Dispositivos Destructivos: Este cargo se relaciona con la planificación y acuerdo para poseer dichas armas en conexión con actividades de narcotráfico.

La entrega de Almanza Avilés representa un golpe significativo para la estructura de Los Chapitos y, por extensión, para el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, también expone la fragilidad de las instituciones mexicanas frente al poderío del crimen organizado y la necesidad de una depuración profunda y constante en todos los niveles de gobierno.

La pregunta que queda en el aire es cuántos "R1" más operan en las sombras, protegidos por sus cargos y sirviendo a intereses criminales. La colaboración de exfuncionarios como Almanza Avilés con la justicia estadounidense, aunque beneficiosa para desmantelar redes criminales, también pone en evidencia la magnitud del desafío que enfrenta México para recuperar la confianza en sus propias instituciones de seguridad y justicia.