El debate sobre la muerte digna ha dejado de ser un tema tabú en México para instalarse firmemente en la agenda pública. Tanto el Congreso de la Unión como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentran analizando asuntos cruciales que podrían allanar el camino hacia la despenalización y eventual legalización de la eutanasia, así como de la muerte médicamente asistida en el país.
En este contexto, la iniciativa denominada ‘Ley Trasciende’ ha cobrado relevancia. Su objetivo principal es el reconocimiento de la eutanasia como un derecho constitucional, reavivando una conversación que toca fibras sensibles en los ámbitos ético, médico y jurídico. La propuesta pone sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿Quién tiene la potestad de decidir sobre el final de la vida de una persona y bajo qué circunstancias específicas?
Samara Martínez, figura central detrás de ‘Ley Trasciende’, ha manifestado que la meta es clara: permitir que aquellas personas que padecen enfermedades terminales o afecciones crónico-degenerativas incapacitantes, y que enfrentan dolores intratables, tengan la libertad de elegir cuándo y cómo poner fin a su sufrimiento, sin prolongar una agonía innecesaria.
Bajo el lema "La dignidad no termina con la vida, la sostiene hasta el final", Martínez, de 31 años, impulsa un cambio legislativo que busca convertir el acceso a la eutanasia en una realidad a nivel nacional. Su propia experiencia como paciente de insuficiencia renal crónica en etapa terminal y lupus, condiciones que la obligan a pasar diez horas diarias conectada a una máquina de diálisis tras dos trasplantes de riñón fallidos, subraya la urgencia de su causa.
¿Qué Propone la ‘Ley Trasciende’?
La iniciativa ciudadana ‘Ley Trasciende’ propone una reforma integral a diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Su propósito es revertir la prohibición explícita de la eutanasia en México y establecerla como una opción legal y accesible dentro del sistema de salud nacional. La propuesta está diseñada para beneficiar a individuos con enfermedades terminales o padecimientos crónico-degenerativos, irreversibles o discapacitantes, que les generen un sufrimiento físico o psicológico insoportable, y que comprometan severamente su calidad de vida, manteniéndolos en estados de vulnerabilidad y dependencia.
Para lograr este objetivo, la ‘Ley Trasciende’ contempla la derogación del artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud, el cual actualmente califica la eutanasia como "homicidio por piedad" y prohíbe el suicidio asistido. En su lugar, se busca incorporar un nuevo Título Octavo Ter, dedicado exclusivamente a la Eutanasia, estableciendo las normativas y procedimientos para acceder a este procedimiento médico.
Puntos Clave de la Iniciativa
El proyecto de decreto de la ‘Ley Trasciende’ presenta varios puntos medulares que definen su alcance y aplicación:
Reconocimiento de la Eutanasia: Se define la eutanasia como un procedimiento médico, legal y voluntario, destinado a personas con enfermedades terminales o padecimientos crónico-degenerativos que sean incapacitantes, irreversibles y carentes de posibilidad de cura.
Requisitos para Solicitantes: La solicitud de eutanasia estaría restringida a personas mayores de 18 años, que se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales. El diagnóstico deberá ser confirmado por dos médicos especialistas. Además, los solicitantes deberán recibir información completa sobre su diagnóstico, pronóstico, las opciones de tratamiento disponibles y los cuidados paliativos.
Proceso de Solicitud: La solicitud debe ser formulada de manera libre, informada y por escrito, ante un notario público. Se establece un periodo de reflexión de al menos cinco días, tras el cual el paciente deberá ratificar su decisión, garantizando así la voluntariedad y la ausencia de presiones.
Voluntad Anticipada: La iniciativa también aborda la regulación de la voluntad anticipada. Esto permitiría a personas que, en el futuro, desarrollen enfermedades crónico-degenerativas que puedan mermar su capacidad de expresar consentimiento, dejar asentada previamente su decisión sobre tratamientos médicos y el final de su vida.
El Contexto Jurídico y Social
El debate sobre la eutanasia en México no es nuevo. A lo largo de los años, diversas iniciativas y casos particulares han puesto el tema en el ojo público. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha jugado un papel crucial al admitir debates sobre muerte digna y eutanasia, revisando leyes de salud y códigos penales. La admisión de un debate sobre eutanasia y suicidio asistido por parte de la SCJN en 2026 marca un hito en la discusión, señalando una posible apertura del sistema judicial hacia la despenalización.
Históricamente, la legislación mexicana ha sido restrictiva en cuanto a la eutanasia, considerándola un acto penalizable. Sin embargo, la creciente conciencia social sobre los derechos individuales y la autonomía personal, junto con los avances en medicina paliativa, han impulsado la necesidad de revisar estas posturas. La ‘Ley Trasciende’ se inscribe en esta tendencia, buscando alinear la legislación mexicana con estándares internacionales que reconocen el derecho a una muerte digna.
Implicaciones y Desafíos
La potencial legalización de la eutanasia en México plantea importantes implicaciones éticas, médicas y sociales. Por un lado, defensores como Samara Martínez argumentan que se trata de un acto de compasión y respeto a la autonomía individual, permitiendo a las personas evitar sufrimientos prolongados e innecesarios. Se enfatiza la importancia de la dignidad humana hasta el último momento de la vida.
Por otro lado, existen voces críticas y detractores que expresan preocupaciones sobre posibles abusos, la presión sobre personas vulnerables para optar por la eutanasia, y el papel de los profesionales de la salud. Sectores religiosos y conservadores suelen oponerse firmemente, argumentando que la vida es sagrada y que la medicina debe enfocarse en curar y aliviar, no en terminar con la vida. El debate también involucra la necesidad de fortalecer los cuidados paliativos como una alternativa para el manejo del dolor y el sufrimiento, asegurando que la decisión de la eutanasia no sea tomada por falta de acceso a tratamientos adecuados.
El camino hacia la posible aprobación de la ‘Ley Trasciende’ o iniciativas similares será complejo. Requerirá un amplio consenso político y social, así como un debate profundo sobre los límites de la autonomía individual, la protección de la vida y el papel del Estado en decisiones tan íntimas como el final de la existencia. La postura de la SCJN y las discusiones en el Congreso serán determinantes para definir el futuro de la eutanasia en México.