La voz del sector privado mexicano ha resonado con fuerza. En un evento organizado por la COPARMEX, más de 200 empresarios, directores generales y altos ejecutivos de diversos sectores convergieron en un diagnóstico alarmante: la incertidumbre jurídica se ha erigido como el principal obstáculo para el capital privado en México.

El Summit de Grandes Empresas, celebrado en el prestigioso Hotel St. Regis de la Ciudad de México, no fue un foro más. Se trató de un llamado de atención en un momento crítico para la economía nacional, marcado por señales de alerta como el reciente ajuste de la calificadora Moody's, las advertencias de la OCDE sobre un menor dinamismo económico y, lo más preocupante, la paralización de miles de millones de dólares en inversiones tras la aprobación de la reforma judicial.

Las palabras más duras provinieron de Javier Laynez Potisek, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien no se guardó nada al cuestionar el creciente poder de ciertas autoridades administrativas y fiscales. Su análisis pintó un panorama sombrío, donde las instituciones parecen estar dando pasos hacia atrás en lugar de fomentar un ambiente propicio para los negocios.

"El país está dando pasos hacia atrás para desincentivar la inversión: una UIF que puede bloquear cuentas sin control judicial, en un uso distinto al que debería ser su función. Un SAT con formas cada vez menos ortodoxas de recaudar, con amenaza penal y mecanismos discrecionales en la cancelación de facturas que pueden poner en jaque a las empresas", sentenció Laynez durante el panel "Invertir en México: Entre la oportunidad y la incertidumbre".

La preocupación de Laynez no se detuvo ahí. Advirtió sobre la erosión de la autonomía de los organismos reguladores, un efecto acumulativo que, según su visión, mina la confianza empresarial. Para los asistentes al foro, el problema trascendió la esfera económica para adentrarse de lleno en el terreno institucional, donde la confianza y la predictibilidad son pilares fundamentales.

Expertas como Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE, y Mariana Campos, directora de México Evalúa, compartieron la inquietud general. Ambas coincidieron en que la reconfiguración del Poder Judicial genera serias dudas sobre la capacidad del Estado para garantizar reglas del juego claras y mecanismos de defensa efectivos, tanto para los ciudadanos como para las empresas.

Este debate se desarrolla en un contexto internacional complejo. La revisión del T-MEC y las crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos añaden una capa adicional de preocupación. El exembajador Arturo Sarukhán y Sergio Gómez Lora, representante del CCE en Washington, señalaron que la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas, exacerbado por litigios comerciales, la amenaza de aranceles y una palpable incertidumbre regulatoria.

Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX, lanzó una advertencia clara: México corre el riesgo de desaprovechar la oportunidad histórica de la relocalización de cadenas productivas si no aborda de raíz los problemas estructurales que ahogan la operación de las empresas. La falta de condiciones estables, los obstáculos regulatorios y la insuficiencia energética son frenos que no se pueden ignorar.

"Hoy existen inversiones detenidas por insuficiencia energética, obstáculos regulatorios y falta de condiciones para operar con estabilidad", afirmó Sierra Álvarez, subrayando la urgencia de un cambio de rumbo.

El mensaje que permeó en el encuentro fue contundente: la confianza institucional se ha convertido en el factor determinante para atraer y retener capital en la región. La discusión ya no se centra únicamente en el crecimiento económico, sino en la capacidad intrínseca del país para ofrecer certidumbre legal en medio de transformaciones profundas en su sistema judicial y marco regulatorio.

En este escenario, Banco Azteca, a través de su banca empresarial, presentó una propuesta de soluciones integrales. Gabriel Ramírez Landa, Director Nacional de Banca Empresarial y Corporativa, destacó que buscan ser un aliado estratégico para la competitividad de las empresas, articulando capacidades en gestión financiera, protección de activos, eficiencia operativa e innovación tecnológica, con el objetivo de generar prosperidad incluyente, especialmente en tiempos de incertidumbre.

La exigencia es clara y unánime: el sector empresarial demanda reglas del juego claras, un Poder Judicial autónomo y predecible, y un entorno institucional que inspire confianza. De lo contrario, el potencial económico de México seguirá siendo una promesa incumplida, a merced de la volatilidad y la falta de certeza jurídica.

La pelota está ahora en la cancha de las autoridades. La comunidad empresarial ha hablado, y su mensaje es inequívoco: la estabilidad jurídica no es negociable si se busca un futuro próspero y competitivo para México.