La diputada local de Sinaloa, Paola Gárate, ha encendido las alarmas al denunciar un escenario que califica como "el mundo al revés". Su indignación surge ante la aparente protección que recibe el senador Enrique Inzunza, figura señalada por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, mientras ella misma enfrenta amenazas directas sin recibir la seguridad que considera merecer.

El caso cobró notoriedad el pasado 11 de junio, cuando Gárate encontró una corona fúnebre en la puerta de su domicilio. Este acto, inequívocamente interpretado como una amenaza del crimen organizado, ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de quienes se atreven a cuestionar o denunciar actividades ilícitas en un estado marcado por la presencia del crimen organizado.

La legisladora ha sido clara al señalar la disparidad de trato: "A mí me demandó (Enrique Inzunza) por daños a su moral y me giraron medidas cautelares inmediatas. ¿No les digo que el mundo está al revés? Terrible", declaró Gárate a medios de comunicación, evidenciando su frustración ante la celeridad con la que se le aplicaron medidas restrictivas a ella, en contraste con la falta de acción ante las amenazas que ella sufre.

La diputada recordó las palabras de la propia presidenta, quien habría señalado que cualquier ciudadano puede solicitar protección y esta puede ser otorgada. Sin embargo, su propia experiencia contradice esta afirmación, al menos en su caso. La protección que ella ha solicitado en reiteradas ocasiones, incluso desde hace años, parece no materializarse, mientras que a otros, como al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, se les ha brindado seguridad.

El contexto de las acusaciones contra Inzunza es crucial. El senador se encuentra entre los 10 políticos señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico. Esta grave acusación, que debería derivar en investigaciones y acciones contundentes, parece no afectar su posición ni su acceso a medidas de protección, al menos no de la misma índole que las que se le exigen a Gárate.

La legisladora también ha sido víctima de violencia política de género. En una disputa legal previa contra el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, otro de los señalados por EU y quien se entregó a las autoridades estadounidenses, Gárate denunció actos de intimidación. "Yo pedía resultados, que no había, en su responsabilidad como secretario de seguridad y cuando lo cuestionó la prensa él lo que contestó fue: ‘primero que se vea la cola esa mujer’", relató Gárate, evidenciando el machismo y la hostilidad que ha enfrentado.

En aquella ocasión, Gárate denunció formalmente la violencia política de género, pero su denuncia fue desestimada. Paralelamente, solicitó protección federal, la cual, según sus declaraciones, tampoco ha sido concedida. Esta recurrencia en la falta de respuesta ante sus solicitudes de seguridad subraya un patrón preocupante.

Ante la creciente presión mediática, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, se pronunció sobre el caso. El 16 de junio, sugirió a la diputada interponer una denuncia formal para que la situación pudiera ser analizada y, en su caso, se determinara la procedencia de otorgarle protección.

El titular de la SEDENA explicó que el procedimiento para otorgar escoltas o seguridad implica un análisis exhaustivo de cada caso. La solicitud debe dirigirse a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y posteriormente, personal de la Guardia Nacional se encarga de evaluar los riesgos. Con base en este estudio, se decide si es procedente brindar el servicio de escolta, establecer contactos o realizar patrullajes de reconocimiento en las áreas de desplazamiento o eventos oficiales de la persona.

Sin embargo, la respuesta de Trevilla Trejo no satisfizo a Gárate, quien reveló un incidente aún más grave: en octubre pasado, fue amenazada "a punta de pistola, con un arma en la cabeza". Este hecho, de extrema gravedad, pone en entredicho la efectividad y la agilidad de los protocolos de seguridad existentes.

La diputada lanzó una pregunta retórica que resuena con fuerza: "Entonces pregunto con toda seriedad: ¿qué más se necesita para que una ciudadana reciba protección? ¿Cuántas amenazas más deben ocurrir para que un análisis de riesgo reconozca lo evidente?" Su cuestionamiento apunta directamente a la inacción y a la aparente insensibilidad de las autoridades ante el peligro real que enfrentan quienes, como ella, se encuentran en la mira del crimen organizado o de quienes buscan silenciar voces críticas.

Este caso pone de manifiesto una preocupante dualidad en la aplicación de la justicia y la protección a ciudadanos. Mientras figuras políticas señaladas por graves delitos parecen gozar de un blindaje, quienes denuncian y sufren amenazas directas enfrentan obstáculos y demoras, generando un sentimiento de impunidad y desprotección que mina la confianza en las instituciones.

La situación de Paola Gárate es un llamado de atención sobre la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de protección para ciudadanos, especialmente para aquellos en posiciones de exposición pública que se atreven a confrontar el poder o la criminalidad. La exigencia de Gárate no es solo personal, sino que refleja una demanda colectiva por un sistema de justicia y seguridad que sea equitativo y efectivo para todos, sin importar su filiación política o el nivel de amenaza que enfrenten.

El "mundo al revés" que describe Gárate no es solo una expresión de frustración, sino una cruda radiografía de las fallas sistémicas que permiten que la impunidad prospere y que las víctimas de la violencia y la intimidación queden a la deriva, mientras los señalados por delitos graves parecen navegar con mayor seguridad.