La economía informal en México ha mostrado una expansión alarmante, creciendo a un ritmo casi diez veces superior al del Producto Interno Bruto (PIB) nacional durante el primer trimestre de 2026. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el sector informal registró un aumento del 2 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento contrasta marcadamente con la modesta expansión del 0.2 por ciento del PIB total del país, evidenciando una tendencia preocupante en la estructura económica mexicana.

El Auge de la Informalidad

El informe del Inegi subraya la creciente preponderancia de la economía informal, un segmento caracterizado por actividades económicas no registradas, no reguladas y, por ende, sin acceso a la seguridad social ni a los beneficios de la formalidad. El crecimiento del 2 por ciento en este sector, aunque pueda parecer modesto en cifras absolutas, adquiere una dimensión significativa al compararlo con el estancamiento relativo del PIB. Esto sugiere que una porción cada vez mayor de la actividad económica se está desplazando hacia actividades no declaradas, lo que tiene profundas implicaciones para la recaudación fiscal, la protección de los trabajadores y la planificación económica del país.

Históricamente, la economía informal ha sido un componente persistente de la estructura económica mexicana, a menudo actuando como un colchón social en tiempos de crisis o de bajo crecimiento. Sin embargo, la brecha de crecimiento observada en este primer trimestre de 2026 entre la informalidad y el PIB formal plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este modelo y la efectividad de las políticas destinadas a fomentar la formalización.

Implicaciones Fiscales y Sociales

El crecimiento acelerado de la economía informal tiene consecuencias directas y negativas para las finanzas públicas. Al operar al margen del sistema fiscal, estas actividades no contribuyen a la recaudación de impuestos, lo que limita la capacidad del gobierno para financiar servicios públicos esenciales como la salud, la educación y la infraestructura. La brecha fiscal se amplía, y la carga tributaria sobre el sector formal se vuelve proporcionalmente mayor, generando distorsiones y desincentivos para la formalización.

Desde una perspectiva social, la informalidad implica una precariedad laboral considerable. Los trabajadores en este sector carecen de contratos formales, seguridad social, acceso a créditos, pensiones y protección contra despidos injustificados. Si bien la informalidad puede ofrecer una fuente de ingresos para quienes no encuentran empleo formal, la falta de protección los deja vulnerables a la explotación y a la pobreza, especialmente en etapas de enfermedad o vejez.

Contexto Económico y Posibles Causas

El contexto económico en el que se produce este desbalance es crucial. Un crecimiento del PIB tan bajo como el 0.2 por ciento sugiere una economía que lucha por generar empleo formal y oportunidades de crecimiento. En este escenario, es natural que más personas recurran a actividades informales para subsistir. Factores como la desaceleración económica global, la incertidumbre política interna o externa, o la falta de inversión productiva pueden estar contribuyendo a este fenómeno.

Analistas económicos señalan que la rigidez del marco regulatorio, los altos costos de cumplimiento para las empresas formales y la percepción de una baja efectividad del Estado en la provisión de servicios pueden desincentivar la formalización. Asimismo, la digitalización y la economía de plataformas, si bien ofrecen nuevas oportunidades, también pueden facilitar la operación de modelos de negocio informales o precarios si no se regulan adecuadamente.

Desafíos para la Política Pública

El desafío para la administración actual es considerable. Fomentar la formalización económica requiere un enfoque multifacético que aborde tanto los incentivos para las empresas como las barreras para los trabajadores. Esto podría incluir simplificación de trámites, reducción de costos fiscales y regulatorios para la creación de empleos formales, programas de capacitación y reconversión laboral, y el fortalecimiento de la red de seguridad social para hacerla más accesible y atractiva.

La política pública debe buscar un equilibrio delicado: por un lado, combatir la evasión fiscal y la competencia desleal que genera la informalidad; por otro, reconocer que para muchos mexicanos, la economía informal es la única vía de subsistencia. Ignorar esta realidad o aplicar medidas punitivas sin ofrecer alternativas viables podría exacerbar la precariedad y la desigualdad.

Perspectivas a Futuro

Las proyecciones para los próximos trimestres dependerán en gran medida de la evolución del entorno económico general y de la efectividad de las políticas que se implementen. Si la tendencia de crecimiento de la informalidad se mantiene o acelera, México podría enfrentar mayores desafíos fiscales y sociales en el mediano y largo plazo. La capacidad del país para transitar hacia una economía más formal y productiva será un factor determinante para su desarrollo sostenible.

El Inegi continuará monitoreando estas tendencias, proporcionando datos esenciales para la toma de decisiones. La comunidad empresarial, los sindicatos y la sociedad civil también jugarán un papel crucial en la discusión y la búsqueda de soluciones que promuevan un crecimiento económico inclusivo y formal.