En un acto que cimbra la institucionalidad y exhibe la hipocresía de ciertos actores políticos, el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán y militante del Partido del Trabajo (PT), ha protagonizado un escándalo mayúsculo al permitir y participar en la interpretación de un narcocorrido dentro del recinto legislativo.

Este lamentable suceso ocurre a pesar de que Michoacán cuenta con leyes estatales que prohíben explícitamente la apología del delito y, en particular, los narcocorridos que glorifican la violencia y al crimen organizado. La propia Cámara de Diputados local votó a favor de prohibir este tipo de expresiones musicales, haciendo de la acción de Gaona una flagrante violación a la normativa que él mismo juró defender.

El corrido en cuestión, titulado ‘Se les peló Baltazar’, fue interpretado por la Banda Carnavalito, originaria de Tarímbaro, y está dedicado a Baltazar Díaz Vega, alias ‘El Balta’, identificado como uno de los primeros socios de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en el Cártel de Sinaloa. La elección de la pieza musical y el contexto de su interpretación dentro de un órgano legislativo son, cuanto menos, indignantes y revelan una preocupante normalización de la narcocultura.

El diputado petista no solo permitió el ingreso de la banda al recinto durante una sesión parlamentaria, sino que se unió al festejo cantando la melodía. El momento fue documentado y compartido por el propio Gaona en sus redes sociales, aunque posteriormente retiró el video ante la previsible controversia, evidenciando un intento de ocultar su irresponsable actuar.

Este incidente pone en entredicho la seriedad y el compromiso de los legisladores michoacanos con la seguridad y la legalidad. La prohibición de narcocorridos en Michoacán no es un capricho, sino una respuesta a la grave problemática de violencia e inseguridad que azota al estado, donde la apología del crimen organizado contribuye a perpetuar un ciclo de violencia y a desvirtuar los valores sociales.

La ley estatal es clara: eventos o espectáculos públicos que promuevan la narcocultura pueden ser cancelados y sus organizadores o facilitadores sujetos a sanciones administrativas, incluyendo multas y clausura de recintos. La acción de Gaona no solo es una falta de respeto a la investidura que ostenta, sino también un atentado contra el Estado de Derecho y las políticas públicas destinadas a combatir la criminalidad.

Las implicaciones políticas de este acto son significativas. El PT, un partido que se jacta de defender los valores populares y la justicia social, se ve envuelto en un escándalo que lo vincula directamente con la glorificación del narcotráfico. Esto genera serias dudas sobre la coherencia y la integridad de sus representantes, y podría erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones.

Además de su actuar en el Congreso, Baltazar Gaona es conocido en su municipio de Tarímbaro por prácticas clientelares, como la entrega de dinero en efectivo a personas de escasos recursos. Su familia también ha sido señalada por presuntamente tolerar actividades ilícitas, como el huachicoleo en la región conurbada de Morelia. Estas acusaciones, sumadas al escándalo del narcocorrido, pintan un cuadro sombrío sobre la conducta y los intereses del legislador.

La difusión del video, a pesar de haber sido retirado, ha generado una ola de indignación en redes sociales y entre la opinión pública. Diversos sectores han condenado enérgicamente la conducta del diputado, exigiendo sanciones ejemplares y una explicación pública que, hasta el momento, parece esquiva.

Este episodio subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y sanción dentro del propio Congreso. Es inaceptable que un recinto que debe ser símbolo de la legalidad y el debate democrático se convierta en escenario para la apología de la delincuencia, especialmente en un estado que lucha día a día contra la violencia.

La postura del PT ante este escándalo será crucial. ¿Será capaz el partido de tomar medidas disciplinarias contra uno de sus legisladores más visibles? ¿O se optará por la omertà, protegiendo a un miembro a pesar de su conducta reprobable? La respuesta definirá, en parte, la credibilidad del partido ante la sociedad.

Este incidente no es un hecho aislado, sino un síntoma de la profunda crisis de valores y la infiltración de la narcocultura en diversos ámbitos de la vida pública mexicana. La lucha contra la inseguridad y la violencia requiere un frente unido y un compromiso inquebrantable con la ley, algo que acciones como la del diputado Gaona ponen seriamente en entredicho.

La ciudadanía espera una respuesta contundente por parte de las autoridades michoacanas y del propio PT. No basta con retirar un video; se exigen acciones concretas que demuestren que la apología del delito, venga de donde venga, no será tolerada en Michoacán ni en ningún otro rincón del país.

El Congreso de Michoacán debe ser un ejemplo de rectitud y apego a la ley. Permitir que un narcocorrido resuene en sus pasillos es una afrenta a las víctimas de la violencia y a todos aquellos que trabajan por un Michoacán más seguro y justo. La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde llegará la impunidad y la complicidad?