A pesar de las evidentes y persistentes carencias en medicamentos esenciales y equipamiento médico en centros de salud a lo largo y ancho del país, los gobiernos estatales demostraron una alarmante ineficiencia al no ejercer y, en consecuencia, devolver a la Tesorería de la Federación una suma considerable de 553 millones de pesos. Estos fondos, destinados específicamente al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) durante el ejercicio fiscal de 2025, representan un grave desdén por las necesidades apremiantes de la población en materia de salud.
La situación pone de manifiesto una profunda falla en la administración y planeación de los recursos públicos en el sector salud a nivel estatal. Mientras hospitales y clínicas reportan escasez crítica de insumos básicos, desde analgésicos hasta material de curación, y la falta de aparatos médicos modernos o en funcionamiento, los recursos asignados para paliar estas deficiencias terminaron regresando a las arcas federales. Este ciclo de inejercicio presupuestal, en un sector tan sensible como el de la salud, genera indignación y cuestionamientos sobre la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales.
Contexto de Carencias Crónicas
El sector salud en México ha enfrentado históricamente desafíos significativos, pero la situación en 2025, según los reportes, se agudizó. La falta de medicamentos no solo afecta la calidad de la atención, sino que pone en riesgo la vida de pacientes con enfermedades crónicas y agudas. La escasez de equipo médico, desde tensiómetros hasta resonadores magnéticos, limita la capacidad diagnóstica y terapéutica de las instituciones públicas, obligando a muchos pacientes a buscar soluciones privadas, a menudo inalcanzables.
En este contexto, la devolución de 553 millones de pesos del Fassa resulta particularmente escandalosa. Este fondo está diseñado para complementar los recursos estatales y federales destinados a garantizar la prestación de servicios de salud, especialmente para la población sin seguridad social. Su inejercicio sugiere una desconexión total entre las necesidades reales en el terreno y las prioridades administrativas de los gobiernos estatales.
Implicaciones de la Mala Gestión
La devolución de estos recursos tiene múltiples implicaciones negativas. En primer lugar, perpetúa el ciclo de desabasto y precariedad en los servicios de salud. Los 553 millones de pesos podrían haber sido utilizados para adquirir medicamentos, reparar o comprar equipo, capacitar personal o mejorar la infraestructura de centros de salud y hospitales que operan en condiciones deplorables.
En segundo lugar, este hecho pone en tela de juicio la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. ¿Por qué los estados no pudieron o no quisieron ejercer estos fondos? Las razones podrían variar desde una planificación deficiente, burocracia excesiva, hasta posibles actos de corrupción o desinterés por las necesidades de la población. La falta de ejercicio presupuestal en salud es un indicador de alerta roja para cualquier administración.
Análisis del Ejercicio Presupuestal en Salud
Históricamente, el ejercicio del gasto en salud ha sido un tema complejo en México. Si bien existen mecanismos de fiscalización, la capacidad de los estados para ejecutar los recursos de manera efectiva y oportuna varía considerablemente. Factores como la falta de personal técnico calificado para la planeación y ejecución de proyectos, la complejidad de los procesos de licitación y compra, y la propia voluntad política, juegan un papel crucial.
En años anteriores, se han documentado casos de subejercicio en el sector salud, pero la cifra de 553 millones de pesos devueltos en un solo año, en medio de carencias evidentes, resalta un problema estructural. Es necesario un análisis profundo de las causas que impiden a los estados gastar eficazmente los recursos destinados a la salud de sus ciudadanos.
Posibles Causas y Responsabilidades
Las razones detrás de la inejecución de estos fondos son multifactoriales. Podría tratarse de una falta de capacidad técnica para elaborar proyectos de inversión viables, retrasos en los procesos de licitación para la compra de medicamentos y equipos, o incluso una estrategia deliberada para desviar recursos o justificar recortes futuros. La Secretaría de Salud federal, así como los órganos de fiscalización, deberían investigar a fondo las causas específicas en cada estado.
La responsabilidad recae directamente en los gobiernos estatales que recibieron estos fondos y no lograron utilizarlos en beneficio de la población. La rendición de cuentas es fundamental. Los ciudadanos tienen derecho a saber por qué el dinero destinado a su salud fue devuelto sin ser ejercido, y quiénes son los responsables de esta negligencia.
El Papel del Gobierno Federal
Si bien la administración de los servicios de salud recae en gran medida en los estados, el gobierno federal tiene la responsabilidad de supervisar el uso de los recursos federales, como los provenientes del Fassa. La Secretaría de Salud y la Tesorería de la Federación deben implementar mecanismos más efectivos para asegurar que estos fondos se utilicen para los fines previstos y no se pierdan por ineficiencia o desinterés de las administraciones estatales.
Es crucial que la federación establezca metas claras de ejercicio presupuestal y realice un seguimiento riguroso, interviniendo cuando sea necesario para corregir las desviaciones y garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. La salud pública no puede ser rehén de la ineficiencia administrativa.
¿Qué Sigue? Expectativas y Demandas
Ante esta situación, la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil demandan una investigación exhaustiva de los motivos de la devolución de estos 553 millones de pesos. Se espera que los gobiernos estatales ofrezcan explicaciones claras y detalladas sobre el destino de estos recursos y las razones por las cuales no fueron ejercidos.
Asimismo, se exige a las autoridades federales, incluyendo la Secretaría de Salud y la Auditoría Superior de la Federación, que tomen cartas en el asunto para prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro. Es imperativo fortalecer los mecanismos de control y evaluación del gasto en salud, así como sancionar a los responsables en caso de irregularidades.
La salud es un derecho humano fundamental, y la ineficiencia en la gestión de los recursos destinados a garantizarlo es inaceptable. La devolución de 553 millones de pesos del Fassa en 2025 es una llamada de atención urgente sobre la necesidad de mejorar la administración pública y priorizar el bienestar de la población por encima de cualquier otra consideración.
La falta de medicamentos y equipo médico en los centros de salud es una realidad palpable que afecta a millones de mexicanos. Que el dinero destinado a solucionar estas carencias haya sido devuelto a la Tesorería de la Federación es un reflejo de una profunda crisis de gestión y prioridades en el sector salud a nivel estatal. La opacidad en el manejo de estos fondos solo agrava la desconfianza ciudadana y la percepción de abandono por parte de las autoridades encargadas de velar por la salud pública.
En conclusión, la noticia de la devolución de 553 millones de pesos del Fassa en 2025, en un contexto de severas carencias en el sector salud, subraya la urgencia de una reforma profunda en la administración de los recursos públicos. Es indispensable que los gobiernos estatales demuestren mayor capacidad de gestión, transparencia y compromiso con el derecho a la salud de todos los mexicanos, asegurando que cada peso destinado a este fin se traduzca en atención médica de calidad y acceso a medicamentos esenciales.