El precio del diésel se ha convertido en un dolor de cabeza para la economía mexicana, impactando directamente el bolsillo de los consumidores, incluso de aquellos que no poseen un automóvil. El reciente aumento en el costo de este combustible, que alcanzó entre 29 y 30 pesos por litro entre marzo y abril, superando el promedio de 26.16 pesos de febrero, es una señal de alerta que trasciende el ámbito del transporte.

Las tensiones geopolíticas, particularmente el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, han afectado la oferta mundial de combustibles, provocando esta escalada de precios. Esta situación ha obligado al gobierno mexicano a intervenir para intentar contener la situación, pero el problema va más allá del surtidor de gasolina.

El Efecto Dominó en la Cadena de Suministro

Jorge Cano, coordinador del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, explica que el primer impacto del encarecimiento del diésel se refleja en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Sin embargo, el efecto más profundo se manifiesta cuando las empresas enfrentan mayores costos de producción y distribución.

"Cuando esos costos incrementan sustancialmente, las empresas difícilmente pueden absorber ese incremento y los transfieren al consumidor mediante el aumento de los precios de alimentos, materiales de construcción, productos manufacturados e incluso servicios", señaló Cano en entrevista con Expansión.

El diésel es fundamental para el transporte de mercancías, siendo el combustible principal para la mayoría de los camiones de carga. Su costo influye directamente en el precio de trasladar productos desde su origen hasta los puntos de venta y, finalmente, a los hogares.

Impacto en Alimentos y Construcción

Las empresas transportistas, al enfrentar mayores gastos operativos, se ven obligadas a ajustar sus tarifas si no pueden compensar los costos con eficiencia o absorberlos con sus márgenes. Este incremento se propaga a través de la cadena comercial.

Los alimentos son un claro ejemplo. El transporte de productos agrícolas, cárnicos y procesados, así como la distribución refrigerada y el abasto de tiendas, dependen del diésel. Un alza en los costos logísticos repercute tanto en productos frescos como en los procesados.

La industria de la construcción también sufre las consecuencias. El diésel se utiliza en maquinaria pesada y en el transporte de materiales como cemento y acero. Si mover estos insumos se encarece, las constructoras y sus proveedores enfrentan costos adicionales que pueden trasladarse al precio final de las obras.

Los productos manufacturados no escapan a esta dinámica. Su producción, que involucra materias primas, maquinaria y transporte, puede verse afectada por el encarecimiento de la energía y los combustibles.

La Intervención de Hacienda y sus Costos

Ante este panorama, el gobierno mexicano ha implementado medidas para mitigar el impacto del diésel en los consumidores. Se ha convocado al sector gasolinero a mantener el precio máximo en 27 pesos por litro.

Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha aplicado estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Estos estímulos reducen la carga fiscal por cada litro de diésel vendido. De hecho, el diésel ha acumulado siete semanas consecutivas con un estímulo del 100% al IEPS, lo que significa que el gobierno ha dejado de recaudar 7.36 pesos por litro.

Para la semana del 24 al 30 de octubre, Hacienda estableció un estímulo complementario de 2.63 pesos por litro, buscando contener aún más el precio. Sin estas medidas, se estima que el diésel podría haber alcanzado los 37 pesos por litro.

El Costo Oculto de los Estímulos

La magnitud del esfuerzo fiscal para amortiguar el incremento de los precios internacionales es considerable. Sin embargo, estos estímulos no eliminan el costo económico del encarecimiento. En lugar de reflejarse en el precio final para el consumidor, una parte se compensa con una menor recaudación tributaria.

Esta intervención, si bien busca limitar el impacto inmediato en empresas y hogares, representa un costo para las finanzas públicas. La efectividad de estas medidas para contener la inflación a largo plazo dependerá de la evolución de los precios internacionales del petróleo y de la capacidad del gobierno para mantener estos apoyos fiscales sin comprometer la estabilidad económica.

La situación subraya la interconexión entre los mercados energéticos globales y la economía doméstica, demostrando que las fluctuaciones en el precio de un solo combustible pueden tener ramificaciones significativas en la vida cotidiana de millones de mexicanos.