La Secretaría de Cultura de México ha puesto sobre la mesa una propuesta fiscal que ha encendido las alarmas entre analistas y consumidores: un gravamen del 2% sobre la venta de dispositivos electrónicos como celulares, computadoras, pantallas y memorias USB. Bajo el eufemismo de "remuneración compensatoria por copia privada", la iniciativa busca, en teoría, retribuir a los creadores de contenido por la supuesta reproducción no autorizada de sus obras. Sin embargo, esta medida es vista por muchos como un nuevo Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) encubierto, diseñado para penalizar la adquisición de tecnología y generar ingresos adicionales.

Un Esquema Anacrónico para la Era Digital

Radamés Camargo, un independiente analista del mercado de contenidos audiovisuales, ha sido uno de los críticos más vocales de la propuesta. Sostiene que la medida carece de sustento técnico y económico en el panorama digital actual, calificándola de anacrónica. Según Camargo, la iniciativa intenta revivir un esquema tributario concebido hace más de dos décadas, una época en la que el consumo de música y video dependía casi exclusivamente de soportes físicos y el almacenamiento local.

La principal objeción de Camargo radica en la doble tributación que sufrirían los usuarios. Los consumidores mexicanos ya pagan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en cada suscripción a plataformas de streaming y, además, cubren los aranceles de importación al adquirir cualquier dispositivo electrónico en el mercado formal. Añadir una tarifa adicional del 2% sobre el valor del hardware, argumenta, significa cobrar por segunda vez por el simple acceso a contenidos digitales. "Si ya estás pagando IVA por la suscripción y ahora le van a agregar este impuesto a los dispositivos, estás pagando doble impuesto por acceso a contenidos", sentenció.

Camargo compara la lógica de esta propuesta con la del IEPS, un impuesto que típicamente se aplica a bienes específicos como bebidas alcohólicas o tabaco. Trasladar una lógica similar a herramientas tecnológicas, según el analista, "castiga" el acceso a la infraestructura digital, un elemento cada vez más esencial para la vida moderna.

El Debate sobre la 'Copia Privada'

La propuesta, impulsada por la Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, y con el respaldo del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y la Sociedad de Autores y Compositores de México, se centra en el concepto de "copia privada". Es crucial señalar que esta iniciativa aún no ha sido aprobada ni se encuentra en discusión formal en el Congreso.

No obstante, Mauricio Jalife Daher, presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), defendió la idea en una columna publicada en El Financiero. Jalife argumentó que la medida se justifica bajo la premisa de que, al acceder a contenidos protegidos por derechos de autor en dispositivos electrónicos, es "necesario y justo pagar por su trabajo a esos autores y empresas".

Jalife también destacó que los fondos recaudados, que él prefiere no llamar "impuesto", se destinarían a las Sociedades de Gestión Colectiva. Estos organismos serían responsables de distribuir los ingresos entre los titulares de derechos, de manera proporcional a la popularidad de sus obras. "Este derecho está en nuestra ley como letra muerta desde hace 30 años, y hoy representa una opción para entregar a los autores una parte del valor que aportan a la sociedad", afirmó.

El Cambio de Paradigma Tecnológico

Camargo insiste en que la figura de la "copia privada" nació en una era tecnológica muy diferente. En aquel entonces, los usuarios grababan canciones en discos compactos, transferían archivos a reproductores MP3 o guardaban películas en memorias USB para su consumo personal. El almacenamiento local era la norma, y las colecciones privadas de archivos digitales no requerían una conexión permanente a internet.

Sin embargo, el panorama actual está dominado por el modelo de streaming. Las personas pagan licencias mensuales para acceder a vastos catálogos en la nube de diversas plataformas digitales. Bajo esta modalidad, la necesidad de descargar y almacenar archivos en la memoria interna de teléfonos o computadoras se ha vuelto prácticamente inexistente para la mayoría de los consumidores.

Por ello, Camargo enfatiza que la Secretaría de Cultura pretende regular una conducta que ha desaparecido en la práctica cotidiana de la ciudadanía. "Esta normativa se propuso desde otro universo tecnológico en el que existían otras prácticas", explica. "Actualmente, ese fenómeno de la copia privada prácticamente está erradicado por el formato streaming. Intentar revivir una propuesta legal así de nuevo parece anacrónico e innecesario, porque no existe una justificación técnica en el mercado actual".

Antecedentes y Dispositivos Afectados

No es la primera vez que surge una propuesta de este tipo. En 2021, el Congreso de la Unión ya había rechazado un intento similar por instaurar este gravamen a los insumos tecnológicos. En aquella ocasión, los legisladores consideraron improcedente el cobro, citando el rechazo de la industria tecnológica y el riesgo de encarecer el acceso a la tecnología para los mexicanos.

De acuerdo con la información preliminar del proyecto, los dispositivos tecnológicos que serían susceptibles de este "moche digital" son aquellos capaces de reproducir, fijar o almacenar obras protegidas por derechos de autor. La lista incluye, pero no se limita a:

  • Teléfonos inteligentes
  • Tabletas
  • Computadoras de escritorio y laptops
  • Memorias USB
  • Tarjetas SD
  • Discos duros externos
  • Reproductores de audio o video
  • Impresoras
  • Copadoras o equipos multifuncionales

La propuesta, aunque aún no es una ley, genera preocupación por su potencial impacto en el bolsillo de los consumidores y en el desarrollo tecnológico del país, al imponer una carga fiscal adicional sobre herramientas esenciales para la educación, el trabajo y el entretenimiento en la era digital.