La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó este martes 26 de mayo la recepción formal de la solicitud de juicio político contra María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua. El documento fue presentado por once legisladores locales del partido Morena.
López Rabadán, militante del PAN, señaló que los diputados federales cuentan con un plazo de tres días para ratificar la procedencia del juicio político. La legisladora no proporcionó mayores detalles sobre el proceso, pero subrayó que cualquier acción requerirá la aprobación del pleno de la Cámara.
La solicitud lleva las firmas de Edín Cuauhtémoc Estrada, Magdalena Rentería Pérez, Leticia Ortega Máynez, Óscar Daniel Ávila, Elizabeth Guzmán, María Antonieta Pérez, Brenda Francisca Ríos, Pedro Torres, Edith Palma Ontiveros, Herminia Gómez y Jael Argüelles, todos diputados locales morenistas en Chihuahua.
Aunque el contenido específico de las acusaciones no se ha hecho público, Morena ha señalado previamente a Campos por presunta traición a la patria, vinculada al ingreso de agentes de la CIA que fallecieron en un accidente vehicular el 19 de abril. La gobernadora ha sostenido que dichos operativos permitieron desmantelar un narcolaboratorio en la localidad de Morelos.
Campos ha denunciado ser víctima de persecución política por parte del gobierno federal. Su abogado, Roberto Gil Zuarth, ha señalado irregularidades en el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República, argumentando que se procedió ilegalmente contra una funcionaria con fuero constitucional.
El Partido Acción Nacional cerró filas en torno a la gobernadora. Jorge Romero, dirigente nacional del partido, advirtió que "todo el PAN se volverá loco" si se toma acción contra Campos. Tanto López Rabadán como el senador Ricardo Anaya han manifestado su respaldo y prometido defenderla de lo que califican como persecución política.
Se anticipa que la bancada panista votará en contra del juicio político, aunque se desconoce si habrá negociaciones con otras fuerzas parlamentarias. El proceso ahora depende de la decisión que tome el Congreso de la Unión en los próximos días.