La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lleva ya cuatro sesiones consecutivas atascada en un debate estéril que ha paralizado la agenda legislativa. El motivo: Morena ha convertido el pleno en un escenario de defensa política para Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa señalado por presuntos vínculos con estructuras criminales.
La bancada oficialista presentó iniciativas que, bajo el pretexto de "frenar a los narcopolíticos", buscan en realidad desviar la atención de las acusaciones concretas contra el mandatario sinaloense. El discurso morenista también incluyó denuncias genéricas sobre "injerencia extranjera en las elecciones", un argumento recurrente cuando el partido enfrenta cuestionamientos internos.
En paralelo, las acusaciones contra María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua por el PAN, también forman parte del debate. Sin embargo, la estrategia oficialista parece enfocada en equiparar ambos casos para diluir la gravedad de las imputaciones contra Rocha Moya, cuyas denuncias involucran directamente al crimen organizado.
Mientras tanto, la agenda legislativa permanece congelada. Temas urgentes para la ciudadanía —presupuesto, seguridad, reformas económicas— quedan relegados ante una disputa que expone la incapacidad del Congreso para separar la defensa partidista del trabajo institucional.
La parálisis legislativa refleja un problema más profundo: un oficialismo dispuesto a sacrificar la funcionalidad del Estado con tal de proteger a sus cuadros cuestionados. Cuatro sesiones desperdiciadas son cuatro sesiones en las que los problemas reales de México quedaron sin atención.
La pregunta que flota en San Lázaro es incómoda: ¿cuántas sesiones más está dispuesto Morena a quemar para blindar a Rocha Moya? La respuesta, por ahora, parece ser todas las necesarias.