El Congreso de la Unión enfrenta un severo rezago legislativo al no haber cumplido con la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar los artículos del Código Penal Federal que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo. La resolución de la Corte, emitida desde septiembre de 2023, exigía al Poder Legislativo actuar para adecuar la legislación federal a los principios de derechos humanos y autonomía reproductiva, sin embargo, a más de un año de la instrucción, la reforma permanece pendiente.

Este incumplimiento por parte de los legisladores federales pone de manifiesto una vez más la lentitud y, en ocasiones, la resistencia del sistema político mexicano para armonizar la legislación con los avances en materia de derechos fundamentales. La SCJN, en su papel de máximo tribunal constitucional, ha sido un motor clave en la protección de derechos, emitiendo fallos que buscan garantizar la igualdad y la no discriminación, pero la implementación efectiva de estas resoluciones depende en gran medida de la voluntad política y la capacidad de acción del Poder Legislativo.

Antecedentes y Marco Legal

Históricamente, la penalización del aborto en México ha sido un tema de profundo debate social y jurídico. Si bien diversas entidades federativas han avanzado en la despenalización o legalización de la interrupción del embarazo bajo ciertos supuestos, a nivel federal la situación se mantenía estancada. Los artículos en cuestión del Código Penal Federal establecían sanciones para quienes practicaran o se sometieran a un aborto, creando un escenario de inconsistencia legal y vulnerando los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

La intervención de la SCJN se dio en un contexto de creciente presión por parte de organizaciones de la sociedad civil y movimientos feministas que demandaban la federalización de la despenalización, argumentando que la criminalización a nivel nacional perpetuaba la desigualdad y el acceso desigual a servicios de salud reproductiva. La Corte, al ordenar la reforma, reconoció la necesidad de un marco legal federal que protegiera la autonomía reproductiva y garantizara el acceso a servicios de salud seguros y legales.

El Retraso Legislativo y sus Implicaciones

El retraso en la aprobación de esta reforma tiene múltiples implicaciones. Por un lado, perpetúa la incertidumbre jurídica para las mujeres que buscan interrumpir un embarazo, quienes pueden enfrentar procesos penales dependiendo de la interpretación y aplicación de las leyes en sus estados o de la falta de una normativa federal clara. Por otro lado, evidencia una falla en el sistema de pesos y contrapesos, donde una orden judicial de alto nivel no se traduce automáticamente en acción legislativa.

Analistas señalan que este tipo de retrasos pueden deberse a diversas razones, incluyendo la polarización política en torno al tema, la falta de consensos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, o simplemente la saturación de la agenda legislativa con otros temas considerados prioritarios por las bancadas. Sin embargo, la naturaleza de un derecho fundamental como es la autonomía reproductiva, y la orden explícita de la SCJN, sugieren que este asunto debería tener una prioridad ineludible.

La Postura de la SCJN y el Poder Judicial

La Suprema Corte ha sido consistente en su jurisprudencia reciente respecto a los derechos reproductivos. En 2021, la Corte declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, sentando un precedente importante. Posteriormente, ha emitido amparos y emitido la orden específica al Congreso para la reforma del Código Penal Federal. Esta postura del Poder Judicial subraya su rol como garante de los derechos humanos frente a la inacción o lentitud de otros poderes.

La SCJN ha reiterado en diversas ocasiones que la penalización del aborto es una medida desproporcionada que viola los derechos de las mujeres a la salud, a la autonomía reproductiva, a la igualdad y a una vida libre de violencia. La orden de reformar el Código Penal Federal es una consecuencia lógica de esta línea jurisprudencial, buscando establecer un piso mínimo de derechos a nivel nacional.

El Papel del Congreso de la Unión

El Congreso de la Unión, compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, tiene la facultad y la responsabilidad de legislar y adecuar el marco jurídico del país. En este caso, la tarea encomendada por la SCJN es clara: eliminar las disposiciones que criminalizan el aborto a nivel federal. La ausencia de esta reforma deja un vacío legal y una deuda pendiente con los derechos de las mujeres.

Las razones detrás de la inacción legislativa son complejas y a menudo objeto de debate político. Algunos argumentan que la falta de consenso se debe a la profunda división ideológica que el tema genera en la sociedad mexicana, mientras que otros apuntan a la estrategia de ciertos grupos parlamentarios de posponer la discusión o diluirla. Lo cierto es que la inacción prolongada no hace sino agravar la situación de vulnerabilidad para muchas mujeres.

Perspectivas Futuras y Posibles Escenarios

Ante este panorama, se plantean varios escenarios. Uno de ellos es que el Congreso finalmente retome la discusión y apruebe la reforma, cumpliendo así con la orden judicial. Otro escenario es que la SCJN, ante la persistente omisión legislativa, pueda tomar medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de su fallo, aunque los mecanismos para forzar la acción legislativa son limitados y pueden ser un proceso largo y complejo.

La presión social y de organizaciones civiles continuará siendo un factor importante para impulsar la acción legislativa. La visibilización de los casos de mujeres que enfrentan procesos penales o que ven negado su derecho a la interrupción del embarazo en condiciones seguras, puede generar el impulso necesario para que los legisladores actúen. La reforma del Código Penal Federal en materia de aborto es, en última instancia, una cuestión de justicia y de cumplimiento de los derechos humanos reconocidos por el máximo tribunal del país.

La situación actual subraya la importancia de un Poder Legislativo sensible a las demandas sociales y comprometido con la protección de los derechos fundamentales. La deuda legislativa en este tema no solo afecta a las mujeres que buscan ejercer su autonomía reproductiva, sino que también pone en entredicho la efectividad del sistema de justicia y la capacidad del Estado mexicano para garantizar derechos universales a nivel nacional.