El ambicioso programa federal 'Conectividad para el Bienestar', diseñado para democratizar el acceso a internet y servicios de telefonía móvil, ha bajado el telón de forma abrupta. Tras haber conectado a más de 3 millones de mexicanos y consumir una inversión superior a los 2,700 millones de pesos entre 2024 y 2025, el proyecto se ve obligado a cesar operaciones ante la insostenible falta de recursos presupuestales.
El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), entidad encargada de la ejecución del programa, confirmó a Expansión que el servicio ya no está activo. La eventual reactivación del programa, según voceros de Promtel, dependerá de una nueva instrucción gubernamental y, crucialmente, de la asignación de fondos que, por ahora, son inexistentes.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que actuaba como el proveedor principal del servicio, también ha confirmado su desvinculación del programa. El servicio ofrecía a los beneficiarios una tarjeta SIM con 5 GB de datos para navegación, acceso ilimitado a redes sociales, 1,500 minutos de llamadas y 500 SMS, además de la funcionalidad de hotspot. Cada paquete anual tenía un costo presupuestado de 700 pesos, pero la sostenibilidad del modelo se desmoronó.
El Desmoronamiento Financiero
Los problemas financieros del programa comenzaron a manifestarse de manera crítica en la segunda mitad de 2024. Ante la insuficiencia de fondos, Promtel implementó medidas drásticas, como la cancelación de más de 2.2 millones de líneas que no mostraban actividad durante 90 días. El objetivo era liberar recursos para mantener el servicio de los usuarios activos, pero esta medida resultó insuficiente.
En un intento desesperado por asegurar la continuidad del programa hasta finales de 2025, Promtel solicitó presupuesto adicional a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Secretaría de Hacienda en octubre de 2024. Sin embargo, estas solicitudes fueron denegadas, sellando el destino del programa.
Para paliar la crisis y evitar una interrupción inmediata, la CFE asumió los costos operativos, logrando mantener la conectividad hasta diciembre de 2025. No obstante, esta solución temporal no resolvió la presión presupuestaria subyacente, forzando la detención definitiva del servicio.
Orígenes y Altibajos del Programa
'Conectividad para el Bienestar' vio la luz el 20 de febrero de 2024, apenas cuatro días después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizara a la CFE a expandir sus servicios para incluir telefonía e internet. Este movimiento regulatorio se insertó en un contexto político-electoral sensible, previo al inicio de las campañas electorales de marzo.
Para su primer año, Promtel había solicitado un presupuesto de 703,344 millones de pesos, de los cuales 649,926 millones se destinarían a subsidios y 32,496 millones a gastos operativos. Al cierre de 2024, el programa había beneficiado a 2.9 millones de personas.
Sin embargo, la implementación del programa estuvo marcada por una volatilidad significativa. Los datos de Promtel revelan picos y caídas abruptas en el número de beneficiarios a lo largo del año. Los mayores incrementos se registraron durante el periodo electoral y los primeros dos meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, en noviembre de 2024 se reportó la adición de 872,992 usuarios, pero esta cifra se desplomó a solo 386,454 suscriptores en diciembre del mismo año.
Los estados donde se distribuyeron más tarjetas SIM durante los periodos de mayor actividad fueron Chiapas, Veracruz y Guerrero, regiones con importantes desafíos en materia de conectividad y desarrollo.
Análisis y Dudas sobre su Propósito
Jorge Moreno Loza, abogado especialista en telecomunicaciones, ha expresado públicamente sus reservas sobre la viabilidad y el propósito de programas como 'Conectividad para el Bienestar'. Moreno Loza señala una potencial duplicidad con la iniciativa 'Internet para Todos' de la CFE, cuyo objetivo es llevar servicios a zonas desatendidas por operadores comerciales.
El especialista cuestiona que la política pública se enfoque en la expansión de la cobertura sin una estrategia clara sobre cómo capitalizar esa conectividad para generar beneficios económicos y sociales tangibles. La falta de un plan de sostenibilidad y la dependencia de asignaciones presupuestales volátiles han demostrado ser el talón de Aquiles de esta iniciativa, dejando a millones de usuarios sin el servicio que se les prometió.
La desaparición de 'Conectividad para el Bienestar' subraya los desafíos persistentes en la provisión de servicios públicos esenciales en México, especialmente cuando dependen de la asignación presupuestaria y la coordinación interinstitucional. La incertidumbre sobre el destino de las líneas telefónicas asignadas y la falta de claridad sobre el futuro de la infraestructura desplegada añaden una capa de preocupación sobre la gestión de los recursos públicos y el impacto en los beneficiarios.
El fracaso de este programa, que buscaba cerrar la brecha digital, plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas públicas en materia de telecomunicaciones y la capacidad del Estado para mantener iniciativas de largo plazo en un entorno de restricciones fiscales. La promesa de conectividad gratuita se desvanece, dejando un vacío para aquellos que dependían de ella y una lección sobre la importancia de la planificación financiera y la sostenibilidad en los proyectos gubernamentales.